script src="https://my.hellobar.com/550c6ad70a192aa4b2ce4bd1b7b07e8f4ea2712f.js" type="text/javascript" charset="utf-8" async="async"> Acerca de la autonomía de la voluntad

Acerca de la autonomía de la voluntad

Por Mariano Gagliardo(*)

Es este un tema apasionante y relevante en el mundo de las realidades y en la esfera jurídica. En cuanto a lo primero, los juristas y allegados al campo de lo legal no cesan de buscar antecedentes, aportes de estudiosos y demás estudios por la gran significación que tiene tan pequeña pero vasta formulación. Unos y otros, investigan y escriben respecto de tales nociones.

En orden a la trascendencia de la materia, los grandes emprendimientos y progresos de la civilización humana, reconocen en la autonomía de la voluntad su base de lanzamiento y sustento positivo.

No hay actividad humana voluntaria que no pueda incluirse en la concepción de la autonomía privada; ésta, es atinado decir, no es expresión de una mera licitud o facultad sino manifestación del poder de crear, dentro de los límites establecidos por la ley.

La constitución voluntaria y autónoma de relaciones, que se produce cuando los titulares de la relación futura son quienes la crean libre y autónomamente, es la forma normal de constitución. Como quiere que una relación jurídica no es otra cosa que el cauce jurídico de realización de un interés y que la regulación, satisfacción y cuidado de los intereses compete, por regla general, a los interesados, es lógico que sean ellos quienes constituyan y ordenen sus propias relaciones.

El acto de creación voluntaria y autónoma de una relación jurídica es siempre un contrato.

No parece necesario decir que no todo lo que pueda resultar útil y funcional para las partes debe considerarse sin limitación. De allí pues que deba efectuarse un análisis riguroso acerca del contenido de los límites que exceden lo lineal y clásico en la disciplina contractual.

Las limitaciones a la libertad contractual deben tener su fundamento en los elementos esenciales de caracterización de las formas jurídicas –sustraídos por su propia naturaleza a la libertad de las partes- en la seguridad del tráfico, terceros y en las normas a las que el legislador atribuya expresamente carácter necesario.

Se ha dicho que la institución jurídica contrato es un reflejo de la institución jurídica de la propiedad privada y configura el instrumento de la circulación de la riqueza, en la medida en que cada país se admite una riqueza o propiedad privada. Por consiguiente, al reconocimiento de esta última se vincula idealmente el principio de la libertad contractual que es, a su vez, expresión de la autonomía de la voluntad de los particulares.

En el proceso interpretativo de una determinada figura deberá ponderarse caso por caso, el sentido del contenido lógico jurídico caracterizador y las pautas normativas que pueda imponer a las partes específicas obligaciones a través de las cuales se excluya la posibilidad de abusos.

La autonomía contractual no se extiende a la totalidad de las normas sobre organización y funcionamiento de una determinada relación jurídica.

Debe señalarse que no significa que el contrato sea siempre un acto de creación de relaciones. Prescindiendo de las definiciones –tan clásicas como incorrectas- según las cuales un contrato es una “declaración de voluntad privada productora de efectos jurídicos”, debe aceptarse el concepto más modernamente propugnado conforme al cual el negocio es un “acto de autonomía privada que contiene una reglamentación preceptiva para sus partes de los intereses puestos en juego”.

A propósito de lo dicho, la voluntad debe ser manifestada; no tiene valor para el derecho objetivo una voluntad legítima, pero interna.

Sólo al manifestarse puede el agente provocar la reacción jurídica querida y esta exteriorización que hace visible la voluntad, dándole una existencia objetiva, que es lo que denomina declaración o manifestación, siendo, por lo demás, indiferente que se efectúe con palabras, con gestos, o con el silencio. Por fin, la voluntad debe mirar a conseguir un fin y no sólo un fin lícito, sino un fin que sea tomado en consideración por el Derecho y sea por él adecuadamente tutelado.

Hay en todo caso contrato dos elementos perfectamente claros y disímiles: su contenido y su eficacia.

La eficacia del contrato es la eficacia vinculante. El contrato incide sobre una situación jurídica y la crea, la modifica esencialmente o la extingue. Pero el contrato no se agota en la eficacia que proyecta en la situación. El contrato contiene un precepto, una regla de conducta, una formulación de deber ser, en definitiva, que ha de ser observada por las partes en el desarrollo de esta situación (pactos, cláusulas, etc.). Todo contrato es, pues, un acto de autonomía particular cuyo efecto es crear, modificar o extinguir una determinada situación jurídica, a la vez que se da vida al precepto que ha de reglamentarla.

Por eso, no hay inconveniente en admitir que el acto de constitución voluntaria y autónoma de una relación jurídica es un contrato.

El acto de constitución voluntaria seguirá las reglas señaladas para el contrato en general para la especie particular de negocio en que encuadre, normalmente, el contrato.


(*) Titular del Estudio Jurídico Gagliardo, Laplace & Carregal. Ver cv completo aquí: http://www.glc-abogados.com.ar/CVdrmarianogagliardo.pdf

Citar: elDial.com - DC25AD