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Alimentos a los niños, niñas y adolescentes en el Código Civil y Comercial: una mirada desde los Der

SUMARIO: I. Introducción. II. Regulación convencional. III. Concepto de alimentos. IV.Recepción en el Código Civil y Comercial. a). Contenido de la obligación alimentaria. b). Responsabilidad parental c). Hijos menores de edad. d). Hijo no reconocido. E). Personas por nacer. f). Responsables subsidiarios V.La responsabilidad del Estado.VI. Conclusiones. VII. Bibliografía.

I.- INTRODUCCIÓN

El primero de octubre del año 2014 se sancionó la ley 26.994 por la que se aprobó el Código Civil y Comercial de la Nación Argentina, el cual entró en vigencia el 1º de agosto de 2015.

En los fundamentos del anteproyecto sus redactores señalaban que este código innova profundamente al receptar la constitucionalización del derecho privado, tomando en cuenta los derechos reconocidos en todo el bloque de constitucionalidad.

El presente trabajo tiene como objeto analizar la regulación de la prestación alimentaria a los niños, niñas y adolescentes en el Código Civil y Comercial de la Nación a la luz de los principios rectores de los Derechos Humanos, enfocados especialmente en la Convención de los Derechos del Niño.

Para dicha labor, en primer lugar,señalaremos cómo se encuentra regulado el derecho a la alimentación en los tratados de Derechos Humanos y luego analizaremosel alcance de la prestación alimentaria en el Código Unificado, para finalmente, determinar si dicha normativa cumple con los estándares de protección internacional.

II. REGULACIÓN CONVENCIONAL

El derecho a la alimentación es regulado en múltiples normativas internacionales de derechos humanos, las cuales nuestro país ha ratificado y conforme al artículo 75 inciso 22 de nuestra Carta Magna tienen jerarquía constitucional. Dentro de las mismas podemos mencionar:

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en referencia al derecho a la preservación de la salud y al bienestar, establece en su artículo XI que “toda persona tiene derecho a que su salud sea preservada por medidas sanitarias y sociales, relativas a la alimentación (…)”.

Por otra parte, la Declaración Universal de Derechos Humanos que en su art.25.1 incluye dentro del derecho a un nivel de vida adecuado, al derecho a la alimentación, extendiéndolo tanto a la persona como a la familia de la misma.

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), trata el derecho a una alimentación en el artículo 11, señalando que “los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación (…)”. Además, consagra que toda persona debe estar protegida contra el hambre y pone en cabeza del estado la obligación de tomar medidas apropiadas para asegurar la efectividad del mismo.

La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer fija en su artículo 12.2, que los Estados Partes asegurarán a la mujer una nutrición adecuada durante el embarazo y la lactancia.

A su turno, la Convención sobre los Derechos del Niño al determinar el derecho al disfrute del más alto nivel de salud, indica en el art. 24.2 que “los Estados Partes asegurarán la plena aplicación de este derecho y, en particular, adoptarán las medidas apropiadas para: (…) c) Combatir las enfermedades y la malnutrición en el marco de la atención primaria de la salud mediante, entre otras cosas, la aplicación de la tecnología disponible y el suministro de alimentos nutritivos adecuados y agua potable salubre, teniendo en cuenta los peligros y riesgos de contaminación del medio ambiente”. Y en el artículo 27 agregaque “a los padres u otras personas encargadas del niño les incumbe la responsabilidad primordial de proporcionar, dentro de sus posibilidades y medios económicos, las condiciones de vida que sean necesarias para el desarrollo del niño”. No dejando de lado la necesaria participación de los Estados, la Convención establece que estos “adoptarán medidas apropiadas para ayudar a los padres y a otras personas responsables por el niño a dar efectividad a este derecho y, en caso necesario, proporcionarán asistencia material y programas de apoyo, particularmente con respecto a la nutrición, el vestuario y la vivienda”. De esta manera y dando una protección amplia al niño, niña y adolescente, a continuación, la Convención indica que “los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para asegurar el pago de la pensión alimenticia por parte de los padres u otras personas que tengan la responsabilidad financiera por el niño, tanto si viven en el Estado Parte como si viven en el extranjero”. Asimismo, otorga un papel central a la opinión y participación efectiva del niño en todos los asuntos que lo afecten, obligando a los Estados Partes a garantizarle este derecho.

A su vez, la Convención sobre los Derechos de las personas con Discapacidad, que obtuvo jerarquía constitucional en el año 2014 mediante la ley 27.044, consagra en su art 28 el derecho a un nivel de vida adecuado “lo cual incluye alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a la mejora continua de sus condiciones de vida”.

Por otro lado, el Protocolo de San Salvador, si bien no tiene jerarquía constitucional, fue ratificado por Argentina por la ley 24.658 y conforme al art. 75 inc. 22 tiene jerarquía superior a las leyes. El Protocolo, en su artículo 12 dispone que:

“1. Toda persona tiene derecho a una nutrición adecuada que le asegure la posibilidad de gozar del más alto nivel de desarrollo físico, emocional e intelectual.2. Con el objeto de hacer efectivo este derecho y a erradicar la desnutrición, los Estados partes se comprometen a perfeccionar los métodos de producción, aprovisionamiento y distribución de alimentos, para lo cual se comprometen a promover una mayor cooperación internacional en apoyo de las políticas nacionales sobre la materia”.

De esta manera observamos que diversos tratados receptan el derecho a la alimentación, ya sea autónomamente o a través de la consagración de derechos interdependientes y que estos pertenecen al plexo constitucional de nuestro país. Con lo cual, debe asegurarse a cualquier persona y al núcleo familiar la percepción de los alimentos que les correspondan conforme a su dignidad humana.

III. CONCEPTO DE ALIMENTOS

El diccionario de la Real Academia Española define, en su segunda acepción a los alimentos como “cada una de las sustancias que un ser vivo toma o recibe para su nutrición”[3]. En cambio, jurídicamente tiene una acepción más amplia. Conforme el artículo 659 del Código Civil y Comercial “comprende la satisfacción de las necesidades de los hijos de manutención, educación, esparcimiento, vestimenta, habitación, asistencia, gastos por enfermedad y los gastos necesarios para adquirir una profesión u oficio”. De este modo, se entiende como prestación alimentaria a todos aquellos recursos que son de fundamental importancia para el crecimiento del niño, niña y adolescente,tomando en consideración no sólo sus necesidades orgánicas básicas sino también lo que comprende el desarrollo de una vida digna.

A su vez, no tiene como finalidad el aspecto meramente patrimonial sino primordialmente el bienestar del alimentado. Es en este punto donde la protección de los mismos se erige a través de los diversos tratados de Derechos Humanos y en especial la Convención sobre los Derechos del Niño, debiendo guiarse por el principio rector del interés superior del niño quedebe primar por sobre el interés de los adultos.

Silvia E. Fernández dice al respecto que “existe una inescindible relación entre el derecho alimentario y los derechos humanos básicos, en particular entre ellos, el derecho a la vida; es que el derecho a la vida de la persona no se limita a la existencia física, sino que comprende el derecho a un hogar, la educación, al esparcimiento y la posibilidad de realizar sus proyectos vitales. Vulnerar tales derechos degrada su identidad como persona, su dignidad y la igualdad de oportunidades a la cual tiene derecho todo ciudadano”[4]

La fuente de mayor importancia de esta obligación, surge de la relación de parentesco. Aunque, también, puede originarse en una disposición de última voluntad, en un contrato e incluso puede surgir de un hecho ilícito.[5]

María Victoria Famá afirma que “el fundamento de esta relación de carácter asistencial se encuentra en el principio de solidaridad familiar, a raíz del cual surge la necesidad de que aquellos individuos que están ligados por lazos de parentesco concurran a hacer posible el bien personal de los integrantes de la comunidad a la cual pertenecen. El amparo de tal necesidad elemental da lugar a un personalísimo derechoa reclamar y un deber de cumplir, que la ley ha contemplado expresamente y que, además, responde almandato constitucional, que a través de los distintos instrumentos internacionalesde derechoshumanos que conforman el bloque de constitucionalidad(art. 75 inc. 22, Constitución Nacional), reconoce el derecho a la dignidad y el derechoa un nivel de vida adecuado”[6].

De esta manera debe entenderse al derecho de alimentos como parte del paradigma protectorio de estos sujetos especialmente vulnerables, haciendo hincapié en la igualdad real, en su interés superior, en su autonomía progresiva y en el efectivo ejercicio de sus derechos.

IV. RECEPCIÓN EN EL CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL

La vigencia del nuevo código se inserta en una línea legislativa de adaptación a los paradigmas dispuestos por las normativas internacionales.Este tratamiento del derecho alimentario se enmarca en el proceso de constitucionalización del derecho privado, dando aplicación efectiva al sistema convencional de derechos humanos. Si bien desde la reforma constitucional de 1994 los tratados y convenciones sobre derechos humanos fueron contemplados en nuestra carta magna, la indubitable vigencia práctica se produce con su incorporación a la legislación de fondo.

El Código Civil y Comercial regula la prestación alimentaria por parte de los padres y madres a los hijos en el Capítulo 5° del Título VII (Responsabilidad Parental). Ésta última, en concordancia con la Convención de los Derechos del Niño,se rige por los siguientes principios: el interés superior del niño; la autonomía progresiva del hijo, el derecho del niño a ser oído y a que su opinión sea tenida en cuenta según su edad y grado de madurez (art 639 CCCN).

a). Contenido de la obligación alimentaria.El artículo 659, tal como lo señalamos anteriormente,enuncia el contenido de la obligación alimentaria expresando que ésta “comprende la satisfacciónde las necesidades de los hijos de manutención, educación, esparcimiento, vestimenta,habitación, asistencia, gastos por enfermedad y los gastos necesarios para adquirir una profesión u oficio”.

No difiere significativamente con la normativa derogada del Código Civil de Vélez Sarsfield, pero agrega “gastos necesarios para adquiriruna profesión u oficio” por lo que tal como indica la doctrina se incorpora de esta forma a la legislación familiar el desarrollo madurativo de niños, niñas y adolescentes.

A su vez, dicha norma prevé que la forma de cumplimiento de esta obligación puede darse a través de una prestación monetaria o en especie.

Si bien durante la convivencia de los progenitores, no se generan problemas en cuanto a la forma de dar cumplimiento, terminada la misma, la prestación es determinada por resolución judicial o convenio. Con base en la autonomía de la voluntad podrán convenir libremente, antes o durante la tramitación del proceso, si el cumplimiento se efectuará en dinero, en especie o de forma mixta. Intervendrá el Ministerio Pupilar y el juez podrá, si lo considera oportuno, disponer el sostenimiento o modificación de la forma de pago.

Una de las ventajas del cumplimiento en especie se da, porque en países de economía fluctuante como el nuestro, la determinación de la cuota permite la actualización "indirecta" por el costo de vida, algo que no sucede con la cuota fijada en dinero por expresa prohibición de la ley 25.561 que impide la indexación[7].

Además, una de las grandes innovaciones del Código es la asignación económica que se le confiere a las tareas de cuidado personal (art. 660), agregando que las mismas constituyen un aporte a la manutención de los hijos e hijas. Esta disposición concuerda con los estándares internacionales de derechos humanos que disponen la igualdad entre el hombre y la mujer. Por citar un ejemplo, el artículo 16 de la Convenciónsobre la Eliminación de Todas las formas de Discriminación contra la Mujerdispone que “Los Estados Partes adoptarán todas las medidas adecuadas para eliminar la discriminación contra la mujer en todos los asuntos relacionados con el matrimonio y las relaciones familiares (…)”. Por lo que se observa, que esta cláusula adopta una perspectiva de género y visibiliza el trabajo que se realiza dentro del espacio doméstico.

También es interesante señalar que el Código prevé que en los procesos donde se encuentren involucrados niños, niñas y adolescentes, la decisión que se adopte debe tener en cuenta el interés superior de los mismos (art.706.d). Por otra parte, les otorga a los magistrados facultades tendientes a que el obligado cumpla con la prestación alimentaria (art.670), a saber: el dictado de medidas cautelares (art.550), la responsabilidad solidaria de la persona queno cumpla la orden judicial de depositar la suma que debió descontar a su dependiente o a cualquier otro acreedor (art. 551). Se prevé, además, que en caso de mora se devengará un interés equivalente a la tasa más alta que cobran los bancos a sus clientes (art. 552) y le otorga al juez la posibilidad de dictar otras medidas razonables para asegurar el cumplimiento (art.553). Es decir, mediante esta última disposición se deja abierta la posibilidad a que los jueces tomen cualquier otra medida destinada a garantizar este derecho como por ejemplo “la prohibición de salida del país, el retiro de licencia de conducir, la comunicación a entidades profesionales o gremiales de la resistencia al pago de la obligación alimentaria, inscripción en registro de deudores alimentarios, entre otras posibilidades”[8]

b). Responsabilidad parental.Como señalan Federico P. Notrica y Mariana I. Rodríguez Iturburu, el concepto de responsabilidad parental “se relaciona directamente con la idea de contención y acompañamiento que los progenitores ejercen en interés de los hijos, teniendo como límite el principio de su autonomía progresiva. Y se rige por los principios generales expresamente enumerados: el interés superior del niño, la autonomía progresiva del hijo conforme a sus características psicofísicas, aptitudes y desarrollo. A mayor autonomía, disminuye la representación de los progenitores en el ejercicio de los derechos de los hijos; y el derecho del niño a ser oído y a que su opinión sea tenida en cuenta según su edad y grado de madurez. Este cambio en el paradigma que introduce en el derecho interno la Convención de los Derechos del Niño al instalar la doctrina de la protección integral, exige el reemplazo del término ‘tenencia’ por ‘cuidado personal del hijo’, siendo este uno de los grandes aciertos receptados en la reforma del Código en cuestión”[9].

En idéntico sentido los fundamentos del anteproyecto del Código unificado afirman que “…el lenguaje tiene un fuerte valor pedagógico y simbólico; por esta razón, se considera necesario reemplazar la expresión “patria potestad” por la de “responsabilidad parental”, denominación que da cuenta de los cambios que se han producido en la relación entre padres e hijos. La palabra “potestad”, de origen latino, se conecta con el poder que evoca a la “potestas” del derecho romano centrado en la idea de dependencia absoluta del niño en una estructura familiar jerárquica. Por el contrario, el vocablo “responsabilidad” implica el ejercicio de una función en cabeza de ambos progenitores que se manifiesta en un conjunto de facultades y deberes destinados, primordialmente, a satisfacer el interés superior del niño o adolescente.”[10]

En otro orden de ideas,una de las novedades del Código Civil y Comercial radica en la consagración del ejercicio de responsabilidad parental por parte de ambos progenitores (art.641). El Código Civil de Vélez Sarsfield entendía que la patria potestad era ejercida por aquél que tenía la tenencia de los hijos y su ejercicio era unilateral, lo que trajo inconvenientes que fueron subsanados por la nueva normativa. Esto trae modificaciones sustanciales en cuanto a los alimentos,ya que si ambos padres conviven deben contribuir a los gastos del hogar en proporción a sus recursos. Si no existe convivencia, pueden pactar la responsabilidad conforme un plan de parentalidad, acordando: a) lugar y tiempo en que el hijo o hija permanece con cada progenitor; b) responsabilidades que cada uno asume; c) régimen de vacaciones, días festivos y otras fechas significativas para la familia; d) régimen de relación y comunicación con el hijo cuando éste reside con el otro progenitor.

De esta manera, si uno de los progenitores se encuentra al cuidado de los hijos, ambos son responsables económicamente y la distribución de la carga será conforme a la condición y fortuna de cada uno, fijándose oportunamente una cuota alimentaria que deberá abonar el no conviviente. En tanto que, si ambos comparten el cuidado y poseen recursos similares, cada uno deberá hacerse cargo de la manutención cuando el hijo se encuentre con él. Si los recursos son disímiles, aquél que esté en mejor condición económica deberá pasar una cuota al otro progenitor para que el hijo posea el mismo nivel de vida en ambos hogares.

Esta nueva regulación encuentra concordancia con la Convención sobre la Eliminación de Todas las formas de Discriminación contra la Mujer que enuncia en su art. 16.1 que “Los Estados Partes adoptarán todas las medidas adecuadas para eliminar la discriminación contra la mujer en todos los asuntos relacionados con el matrimonio y las relaciones familiares y, en particular, asegurarán, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres” enumerando en su inciso c “Los mismos derechos y responsabilidades como progenitores, cualquiera que sea su estado civil, en materias relacionadas con sus hijos; en todos los casos, los intereses de los hijos serán la consideración primordial”

Así como también, con la Convención sobre los Derechos del Niño que en su art. 18.1 expresa que “Los Estados Partes pondrán el máximo empeño en garantizar el reconocimiento del principio de que ambos padres tienen obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza y el desarrollo del niño.”

Como regla, la responsabilidad alimentaria se extiende hasta los veintiún años, excepto que el obligado acredite que el hijo mayor de edad cuenta con recursos suficientes para proveérselos por sí mismo (art. 658 CCCN). Sin embargo, mediante el artículo 663 se extiende la prestación alhijo mayor que se capacita hasta la edad de veinticinco años, si la prosecución de estudios o preparación profesional le impide procurarse los medios necesarios para satisfacer sus necesidades.Centrando el trabajo en los niños, niñas y adolescentes, a continuación, abordaremos la prestación alimentaria hasta los 18 años.

c). Hijos menores de edad. En la responsabilidad parental es una postura asentada la que no exige demostrar la necesidad del alimentado. Empero, el monto de la cuota se determinará por las necesidades que deban cubrirse. A su vez, tomando en cuenta la capacidad económica del obligado es exigencia ineludible el máximo esfuerzo en el cumplimiento de la obligación, no eximiéndose por la invocación de motivos tales como la falta de trabajo o escasos ingresos. Al respecto ha dicho la jurisprudencia que “Quien ha tenido un hijo asume la responsabilidad de proveer a sus necesidades, pues en ello se encuentra el interés no sólo del descendiente, sino de la sociedad, de tal manera que los progenitores tienen el deber de proveer a la asistencia del hijo debiendo realizar todos los esfuerzos necesarios a tal fin, sin poder excusarse de cumplir con su obligación alimentaria invocando falta de ingresos suficientes -cuando ello no se deba a imposibilidades o dificultades prácticamente insalvables- pues en el campo de su responsabilidad paterna está el dedicar parte de sus horas libres, en una medida que resulte razonable, a tareas remuneradas para poder completar la cuota; hasta tiene el deber de reemplazar el trabajo escasamente remunerado por otro que signifique un mejor ingreso, aunque ello implique también un mayor esfuerzo.”[11]

Por otra parte, se debe señalar que si se trata de un hijo extramatrimonial no reconocido deberá probarse la filiación de manera sumaria.

El Código en su artículo 661, prevé que se encuentra legitimado a reclamar alimentos el otro progenitor en representación de su hijo. Es decir,aquel que convive con el niño, niña o adolescente.

En caso de que exista cuidado personal compartido, uno de los progenitores podrá demandar al otro cuando no cuenten con recursos similares, para que el niño goce del mismo nivel de vida en ambos hogares.

También podrá exigir el cumplimientode la prestación alimentaria, el hijo con grado de madurez suficiente con la asistencia de un abogado. Como se puede observar, dicha norma recepta el principio de autonomía progresiva, debiendo establecer el juez en cada caso en concreto si el niño posee madurez suficiente. En principio, conforme con los artículos 677 y 679 del Código,a partir de los 13 años de edad, se presume que el niño puede designar asesor letrado e intervenir en juicio de manera autónoma.En cambio, si fuera menor podría actuar con un tutor especial (art. 109).

Lo expuesto se encuentra en sintonía con la Convención de los Derechos del Niño que en su artículo 12 dispone que “Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y madurez del niño.” Agrega en su inciso segundo que “Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado, en todo procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado, en consonancia con las normas de procedimiento de la ley nacional.”

Sin perjuicio de lo expuesto, se debe recordar que el Comité de los Derechos del Niño ha afirmado que “los Estados partes deben dar por supuesto que el niño tiene capacidad para formarse sus propias opiniones y reconocer que tiene derecho a expresarlas; no corresponde al niño probar primero que tiene esa capacidad.”[12]

Finalmente, el código enuncia quesubsidiariamente podrá reclamar el Ministerio Público, en concordancia con lo dispuesto por el artículo 103, así como también cualquierpariente del niño, niña o adolescente.

d). Hijo no reconocido: El artículo 664 del Código Civil y Comercial enuncia “El hijo extramatrimonial no reconocido tiene derecho a alimentos provisorios mediante la acreditación sumaria del vínculo invocado…”

Es importante destacar, quedebido a que el derecho alimentario es un derecho humano de fundamental importancia, el Código permite reclamar alimentos provisorios aún antes de iniciar el juicio de filiación. Sin embargo, la norma prevé que el magistrado que atienda el asunto, deberá determinar un plazo para que se incoe la acción de filiación.

Esta cláusula se encuentra dentro de los parámetros de protección internacional de derechos humanos que consagran la igualdad de derechos en relación a los hijos matrimoniales y extramatrimoniales, como por ejemplo el art. 25. 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el art 17.5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Así como también, tiene en miras el interés superior del niño y de la niña que deben prevalecer por sobre el interés del adulto. En palabras de Grosman “entre dos valores, la seguridad jurídica y el derecho del niño a reclamar lo necesario para cubrir sus requerimientos esenciales, debe optarse por el respeto de los derechos que hacen a su supervivencia. El sistema legal, por consiguiente, asume el riesgo de que la demanda de filiación resulte rechazada con posterioridad, ya que, en aras de la protección del niño, afronta la posibilidad de que pueda resultar un daño para el patrimonio del demandado.”[13]

e). Persona por nacer. El art.665 del Código Civil y Comercial establece que “la mujer embarazada tiene derecho a reclamar alimentos al progenitor presunto con la prueba sumaria de la filiación alegada”.

En primer lugar, cabe destacar que el término que debió utilizarse es “persona embarazada”, debido a que la actual redacción se contrapone con la Ley 26.743 de “Identidad de Género”. Se entiende a esta última, conforme al artículo 2 de dicha norma, “… a la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo…” y en su artículo 1.c reconoce el derecho a “ser tratada de acuerdo con su identidad de género y, en particular, a ser identificada de ese modo en los instrumentos que acreditan su identidad respecto de los nombres de pila, imagen y sexo con los que allí es registrada.” Por lo que se desprende que podría existir un “hombre embarazado”. Asimismo, en su artículo 13 y en consonancia con el principio de no regresividad y pro persona que deben guiar al ejercicio de los derechos humanos se prevé que “Toda norma (…) deberá respetar el derecho humano a la identidad de género de las personas. Ninguna norma (…) podrá limitar, restringir, excluir o suprimir el ejercicio del derecho a la identidad de género de las personas, debiendo interpretarse y aplicarse las normas siempre a favor del acceso al mismo.”

Incluso el art. 665 del Código Unificado se contradice en su terminología con el artículo 19 de dicho cuerpo normativo que expresa que “La existencia de la persona humana comienza con la concepción”, suprimiendo la expresión “en el seno materno” tal como lo establecía el código derogado en su artículo 63. La doctrina ha señalado al respecto que “una persona que ha nacido mujer puede cambiar su identidad al género masculino y quedar embarazado; en tal caso no sería jurídicamente seno “materno” porque este niño nacería de un padre que es la identidad “autopercibida” de quien da a luz, siendo este el elemento central en respeto por el derecho a la identidad.”[14]

Por otra parte, ahondando en el contenido de dicha cláusula, el art. 665 del Código Unificado amplía el derecho alimentario a las personas embarazadas. Lo cual se encuentra en sintonía con diversos tratados de derechos humanos que ponen en cabeza del estado una protección especial sobre las mujeres embarazadas, como por ejemplo el art 10.2 del Pacto de Derechos Económicos Sociales y Culturales; el art. 12.2 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y el art 7 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.

Los fundamentos del Anteproyecto de Código Civil y Comercial consideran a la mujer embarazada como la legitimada para reclamar al presunto padre la prestación alimentaria. Si la misma está o estuvo casada se presume la filiación dispuesta por el art. 566 del Código: “excepto prueba en contrario se presumen hijos del o la cónyuge los nacidos después de la celebración del matrimonio y hasta los trescientos días posteriores a la interposición de la demanda de divorcio o nulidad del matrimonio, de la separación de hecho o de la muerte”. Tratándose de filiación extramatrimonialse podrá demandar a quien se indique como su progenitor, debiéndose demostrar de manera sumaria la filiación.

f). Responsables subsidiarios. En nuestra sociedad desde hace tiempo se ha detectado el incumplimiento recurrente del pago de los alimentos establecidos a los hijos e hijas menores de edad. Razón por la cual, para no dejar totalmente desprotegidos a este sector vulnerable y teniendo en miras su interés superior, se han estipulado otros obligados para satisfacer dicha prestación.

El art. 668 del Código unificado dispone que “los alimentos a los ascendientes pueden ser reclamados en el mismo proceso en que se demanda a los progenitores o en proceso diverso; además de lo previsto en el título del parentesco, debe acreditarse verosímilmente las dificultades del actor para percibir los alimentos del progenitor obligado”. Entendiendo que el pariente más próximo excluye al más alejado, la responsabilidad alimentaria de los abuelos sólo se producirá si el progenitor no puede dar cumplimiento a dicha obligación. Marisa Herrera comenta al respecto que "el Código sigue una postura equilibrada al entender que, efectivamente, la obligación alimentaria de los abuelos es subsidiaria, o sea, que se debe demandar en primer lugar a los progenitores como principales obligados, pero que no es necesario hacerlo en dos procesos diferentes sabiéndose el tiempo que insume dos procesos y, por lo tanto, el consecuente retraso en la satisfacción de un derecho humano como lo es el derecho alimentario”. Y agrega: "En ese único proceso se debe demostrar la imposibilidad, dificultad o resistencia del principal obligado alimentario para recién habilitar u ordenar que tal responsabilidad recaiga en los abuelos"[15].

También se ha hecho extensiva la responsabilidad alimentaria a los empleadores de los progenitores o a cualquier tercero que por otra causa deba retener una suma para ser depositada a favor del alimentado. El artículo 551 dispone que “es solidariamente responsable del pago de la deuda alimentaria” todo aquél que no cumpla con la orden judicial que exija depositar la suma que debió descontar a su dependiente o a cualquier otro acreedor. Se debe entender que la participación y rol de la empresa en nuestra comunidad exige una responsabilidad social y humana que no puede desatenderse, con más razón tratándose de niños, niñas o adolescentes. Si bien lo adeudado debe ser asumido solidariamente por el progenitor y la empresa, esta última puede repetir lo pagado en contra de su empleado, conforme al artículo 851 inciso h del Código Civil y Comercial.

De igual forma, lo ha afirmado jurisprudencia reciente alargüir que “la empresa no puede desentenderse de su responsabilidad social más aún cuando se trata del pago de deudas de alimentos en favor de niños. La responsabilidad en la materia se incrementa en las empresas del Estado dado que éste se halla conminado a cumplimentar cabalmente con las disposiciones de la Convención Internacional de los Derechos del Niño a partir no solo de su vigencia sino de su jerarquía constitucional (art. 75 inc. 22 CN).”[16]

Por otra parte, el artículo 676 recepta, en forma subsidiaria, el deber alimentario del progenitor afín respecto de los hijos del cónyuge o conviviente. Su fundamento radica en otorgar una mayor protección a los niños, niñas y adolescentes, así como también, en el principio de solidaridad familiar.

El código velezano preveía en su art. 368, de forma subsidiaria, el derecho alimentario recíproco entre uno de los cónyuges y los hijos del otro. Se basaba en la relación de parentesco por afinidad. En cambio, la redacción actual, lo amplía incluso a supuestos de convivencia.

A su vez, se señala que esta obligación cesa en caso de disolución del vínculo conyugal o ruptura de la convivencia. Renglón seguido, teniendo en miras el interés superior del niño, niña y adolescente, establece una excepción posibilitando un reclamo transitorio al progenitor afín en caso de que el cambio de situación pudiera provocar un grave daño para el niño y que el cónyuge o conviviente haya asumido hasta ese momento el sustento de éste. Agrega, además, que es el juez quien deberá fijar la duración de la cuota alimentaria de acuerdo las posibilidades económicas del alimentante, las necesidades del alimentado y el tiempo de convivencia.

Lo expuesto, se condice con la Convención sobre los Derechos del Niño que expresa que “a los padres u otras personas encargadas del niño les incumbe la responsabilidad primordial de proporcionar, dentro de sus posibilidades y medios económicos, las condiciones de vida que sean necesarias para el desarrollo del niño” (art. 27. 2).

V.- RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

Si bien es cierto que el derecho alimentario está en cabeza de los progenitores, no se excluye la responsabilidad del Estado, en caso de que los primeros no puedan satisfacer tales necesidades. Lo anteriormente dicho, se desprende del compromiso que Argentina asumió al ratificar los diversos tratados de derechos humanos que consagran el derecho a la alimentación, en especial la Convención de los Derechos del Niño, que además tienen jerarquía constitucional (art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional).

De dicha convención es pertinente resaltar que por medio del artículo 27 se reconoce el derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado. Asimismo, pone en cabeza del Estado el deber de adoptar medidas “apropiadas para ayudar a los padres y a otras personas responsables por el niño a dar efectividad a este derecho y, en caso necesario, proporcionarán asistencia material y programas de apoyo, particularmente con respecto a la nutrición, el vestuario y la vivienda” (art. 27.3 Convención de los Derechos del Niño).

Por otra parte, el inciso 4 establece que los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para asegurar el pago de la pensión alimenticia por parte de los padres u otras personas que tengan la responsabilidad financiera del niño, tanto si viven en el Estado Parte como en el extranjero.

En consecuencia, si bien el obligado principal es el progenitor, el Estado argentino tendrá que suplir la deficiencia paterna o materna en materia alimentaria cuando éstos no pudieran satisfacer las necesidades de sus hijos e hijas. En caso contrario, el Estadotendrá responsabilidad internacional.

Al respecto puede proponerse que Argentina, tomando como base el derecho comparado y lo señalado por la doctrina, adopte alguna de las siguientes medidas a fin de cumplir con las obligaciones asumidas internacionalmente. Por ejemplo, Paraguay[17], Honduras[18], Colombia[19]y Costa Rica[20] se establecen como deudores subsidiarios. Es decir, si bien se da con diferentes matices en estos países, en caso de que los obligados principales carezcan de recursos suficientes para atender las necesidades del niño, niña o adolescente es el Estado quien proporcionarála prestación alimentaria, pudiendo solicitarla cualquier persona e incluso disponerla el juez de oficio.

Otra de las soluciones posibles radica en que el Estado asuma el papel de obligado principal subrogándose los derechos del alimentado, tal como se da en Francia[21] y España[22]. En dichos países el Estado le paga al alimentado la cuota que ha sido fijada judicialmente y repite contra el progenitor moroso dichos gastos.

Si bien es cierto que tanto el Pacto de Derechos Económicos Sociales y Culturales (art. 2), la Convención de los Derechos del Niño (art. 4) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 26) supeditan la satisfacción de tal derecho al máximo de los recursos disponibles, esto no es óbice para que el Estado incumpla con las obligaciones que voluntariamente ha asumido.

Al respecto el Comité de los Derechos del Niño ha dicho que “sean cuales fueren sus circunstancias económicas, los Estados están obligados a adoptar todas las medidas posibles para dar efectividad a los derechos del niño, prestando especial atención a los grupos más desfavorecidos”[23] y que el Estado debe “reafirmar el interés superior del niño en la asignación de los recursos nacionales para los programas y las medidas destinadas a dar efecto a los derechos del niño, así como en las actividades que reciben asistencia internacional”[24]

Agrega el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales que “cuando un individuo o un grupo sea incapaz, por razones que escapen a su control, de disfrutar el derecho a una alimentación adecuada por los medios a su alcance, los Estados tienen la obligación de realizar(hacer efectivo) ese derecho directamente”[25] y observa que la frase "hasta el máximo de los recursos de que disponga" se refiere “tanto a los recursos existentes dentro de un Estado como a los que pone a su disposición la comunidad internacional mediante la cooperación y la asistencia internacionales.”[26]

En idéntico sentido la Corte Interamericana de Derechos Humanos expresó que “El pleno ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales de los niños se ha relacionado a las posibilidades del Estado obligado(…), el cual debe realizar el mayor esfuerzo, de manera constante y deliberada, para asegurar el acceso de los niños a esos derechos, y el disfrute de los mismos, evitando retrocesos y demoras injustificadas y asignando a este cumplimiento los mayores recursos disponibles”[27]

Manifiesta Cecilia Grosman que “los argumentos de los estados por no cumplir con los compromisos asumidos no pueden ser económicos. Se debe cumplir en la medida de lo posible, mediante una adecuada distribución de los recursos que tenga en cuenta la prioridad de garantizar los derechos humanos de la infancia. Esto significa que es legítimo el control judicial que obstaculice el funcionamiento de las leyes presupuestarias que antepongan como nuestra prioridad a niños, niñas y adolescentes en las normas de jerarquía superior desplazando los recursos hacia otros fines que no tienen relevancia constitucional. Recordemos que la actividad financiera pública sólo constituye un medio para hacer cumplir los mandatos constitucionales”.[28]

De lo expuesto se desprende que si bien se limita la financiación de las políticas destinadas a asegurar los derechos económicos, sociales y culturales hasta el máximo de los recursos disponibles, esto no implica que el Estado tome decisiones discrecionales, debiendo tener como prioridad en la asignación de recursos el interés superior del niño.[29] Por lo tanto, junto a la responsabilidad de los padres para hacer efectivos los derechos consagrados en la Convención sobre los Derechos del Niño, se halla la responsabilidad del Estado en garantizarlos.

La implementación de la Asignación Universal por Hijo cuya entrada en vigor fue el 29 de octubre de 2009 por el decreto 1602/09 del Poder Ejecutivo de la Nacióny a partir del año 2011 la Asignación Universal por Embarazo para futuras madres en doce o más semanas de gestación ha beneficiadoa millones de niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, dicha universalidad no es tal ya que no comprende a todos los menores de 18 años, al estar condicionada al cumplimiento de escolaridad y calendario de vacunas como obligaciones de los padres, lo que genera que ante la falta de estas exigencias provoquen un injusto perjuicio al niño, niña o adolescente. Este tratamiento sancionatorio implica un control social y paternalista por parte del Estado promoviendo un trato desigual y discriminatorio de los sectores postergados. Si bien implica una ayuda en los hogares más desfavorecidos económicamente, el efecto inflacionario y la nula superación de la pobreza y marginalidad social hacen de la Asignación un escaso paliativocoyuntural si no se abordan políticas sociales y económicas integrales y de larga duración.

VI. CONCLUSIONES

A lo largo del trabajo hemos señalado como el derecho a la alimentación es un derecho humano fundamental que se encuentra receptado en diversos tratados de Derechos Humanos que poseen jerarquía constitucional.

A su vez, hemos analizado los diversos aspectos de la prestación alimentaria en el Código Civil y Comercial, así como también cuál es el rol que debe tener el Estado a fin de garantizar el pleno cumplimiento de este derecho.

Por lo que cabe concluir,que el Código unificado constituye un importante avance legislativo respecto a la materia alimentaria recogiendola más novedosa doctrina y jurisprudencia argentina.

Es dable resaltar, la inclusión de la persona embarazada como un sujeto de especial protección en materia alimentaria, la ampliación de la legitimación activa a fin de reclamar los alimentos, la consagración expresa de nuevos responsables subsidiarios de dicha prestación, así como también la amplia gama de facultades que se le reconocen a los jueces para garantizar el efectivo cumplimiento de la cuota alimentaria por parte de los sujetos obligados.

Sin embargo, los legisladores han perdido una gran oportunidad de adecuar plenamente la normativa a los estándares más altos de protección de los Derechos Humanos debiendo consagrar al Estado como obligado alimentario subsidiario en caso de incumplimiento de la responsabilidad parental. Al respecto dice Cecilia Grosman que “hasta tanto se realicen políticas generales en nuestro país tendientes a asegurar la protección de la infancia, es evidente que frente a una situación concreta si el niño no puede asumir por sí mismo su subsistencia y si los padres carecen de recursos económicos, el desenlace inevitable debe ser la adopción por parte del Estado de medidas positivas que garanticen el pleno goce de los derechos del niño a la vida, la integridad psicofísica, la vivienda, la salud, la educación y el esparcimiento”[30].

Si bien es cierto que el Estado ha sancionado leyes que castigan el incumplimiento alimentario de los padres y tiene una iniciativa normativa en materia asistencial alimentaria familiar como la Asignación Universal por Hijo y la Asignación por Embarazo, lo cierto es que estas medidas paliativas son insuficientes.

Por lo que el rol de la justicia como garante de la defensa de los intereses de niños, niñas y adolescentes impone una activa participación en pos de redoblar los esfuerzos tendientes a hacer realidad el principio de solidaridad social, debiendo obligar al Estado a satisfacer la prestación alimentaria en caso de incumplimiento de los obligados principales.

VII.- Bibliografía:

A) Doctrina consultada:

Belluscio, Claudio A. “Alimentos y Derechos Humanos. Hacia la efectividad de la obligación alimentaria”. Ed. García Alonso. Disponible en http://www.garciaalonso.com.ar/doc-30-alimentos-y-derechos-humanos-hacia-la-efectividad-de-la-obligacion-alimentaria.html

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B) Jurisprudencia consultada:

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C) Legislaciónconsultada:

Ley 23.054. Convención Americana sobre Derechos Humanos,B.O del 27/3/1984. Disponible en http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/25000-29999/28152/norma.htm

Ley N° 23179. Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer, B.O 3/06/1985. Disponible en: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/25000-29999/26305/norma.htm

Ley N° 23.313. Pactos Internacionales de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y Civiles y Políticos y su Protocolo facultativo, B.O del 13/02/1986 Disponible en: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/20000-24999/23782/norma.htm

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Ley 26.743 de Identidad de Género, B.O del 24/05/2012. Disponible enhttp://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/195000-199999/197860/norma.htm

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Colombia. Ley 1098 de 2006. Código de la Infancia y la Adolescencia. Publicada en Diario Oficial 46446 de noviembre 08 de 2006. Disponible en http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=22106

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España, Real Decreto 1618/2007 sobre organización y funcionamiento del Fondo de Garantía del Pago de Alimentos. BOE núm. 299, de 14 de diciembre de 2007, páginas 51371 a 51376. Disponible en https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2007-21500

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Paraguay. Ley N° 1680/01. Código de la Niñez y la Adolescencia Disponible en:http://www.snna.gov.py/archivos/documentos/c%C3%B3digo%20de%20la%20ni%C3%B1ez%20final%202013_o0o7p6js.pdf

D) Observaciones generales y Opiniones Consultivas

Corte IDH, OC-17/2002 sobre la Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño. Dictada el 28/08/2002

Naciones Unidas. Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales. Observación general Nº 3 (1990) La índole de las obligaciones de los Estados Partes (párrafo 1 del artículo 2 del Pacto)

Naciones Unidas. Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales. Observación general Nº 12 (1999) El derecho a una alimentación adecuada (artículo 11)

Naciones Unidas. Comité de los Derechos del Niño. Observación General N° 5 (2003) Medidas generales de aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño (artículos 4 y 42 y párrafo 6 del artículo 44),27 de noviembre de 2003.

Naciones Unidas. Comité de los Derechos del Niño. Observación generalNº 12 (2009) sobre el derecho del niño a ser escuchado

Naciones Unidas. Comité de los Derechos del Niño. Observación general Nº 14 (2013) sobre el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial (artículo 3, párrafo 1)

[1] Abogada y Escribana egresada de la Facultad de Cs. Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. Alumna de la Maestría en Derechos Humanos de dicha universidad. Docente Adscripta de Derecho Constitucional Cátedra I de dicha institución.

[2] Abogado y Escribano egresado de la Facultad de Cs. Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata

[3] http://dle.rae.es/?id=1rm36tt

[4]Fernández, Silvia E. “La competencia judicial en materia alimentaria y el efectivo acceso a la justicia”. Ed.La Ley,12/08/2015. 

[5]Por ejemplo en el caso de que por un delito falleciera el alimentante fijándose una indemnización a favor del alimentado, pudiendo estipularse una suma mensual.

[6]Famá María Victoria. “Los alimentos derivados del parentesco y los debidos a los hijos mayores de edad en el Proyecto de Código Civil”. DFyP 2014 (abril). AR/DOC/286/2014

[7]Curti, Patricio J. “Alimentos a los hijos”.Sup. Esp. Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Familia: Filiación y Responsabilidad Parental Ed. La Ley ,20/05/2015, p. 167.

[8]Caramelo,Gustavo; Picasso, Sebastián y Herrera, Marisa. “Código Civil y Comercial de la Nación comentado”. Tomo II, 1a ed.,Ed. Infojus, 2015, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pág. 520

[9]Notrica, Federico P. y Rodríguez Iturburu, Mariana I. “Responsabilidad parental. Algunos aspectos trascendentales a la luz del Proyecto de Reforma del Código Civil y Comercial de la Nación. Saldando viejas deudas”. Derecho de las Familias, Infancia y Adolescencia. Una mirada crítica y contemporánea. Ed. Infojus. 2014.

[10] Lorenzetti, Ricardo L.; Highton de Nolasco, Elena y Kemelmajer de Carlucci, Aida. Fundamentos del Anteproyecto de Código Civil y Comercial de la Nación. Disponible en http://www.nuevocodigocivil.com/wp-content/uploads/2015/02/5-Fundamentos-del-Proyecto.pdf

[11]C.Apel.CCde San Nicolás. “Adrover Sandra Fabiana J. c/ Donnola Rodolfo Alfredo s/ Alimentos y Régimen de Visitas”. Expte N° 11640. Sentencia del 16/10/2014.

[12]Naciones Unidas. Comité de los Derechos del Niño. Observación generalNº 12 (2009) sobre el derecho del niño a ser escuchado. Párr. 20

[13]Grosman, Cecilia P. y Herrera, Marisa. “Un fallo que actualiza el debate sobre la díada alimentos a los hijos y derechos humanos “.Revista Córdoba. LexisNexis, No 6, LNC 2007-6-477.

[14]Caramelo, Gustavo; Picasso, Sebastián y Herrera, Marisa. “Código Civil y Comercial de la Nación Comentado: Título Preliminar y Libro Primero. Artículos 1 a 400.” Tomo I, 1ra ed., Ed. Infojus, 2015. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, p. 50

[15] Urunga, Mercedes. “La justicia habilita a demandar a padres y abuelos en un mismo proceso judicial por alimentos”.Diario La Nación, 24 de febrero de 2016. Disponible en: http://www.lanacion.com.ar/1873661-la-justicia-habilita-a-demandar-a-padres-y-abuelos-en-un-mismo-proceso-judicial-por-alimentos

[16]Trib. Col. Familia nº 5 Rosario. “N.C. C/ M. J. sobre Alimento”, Sentencia del 23/12/15 Disponible en:http://www.garciaalonso.com.ar/actualizacion.php?id=190 En igual sentido, Juzgado de Familia Quinta Nominación Córdoba “G. Y. B. y otro - Solicita homologación – Expte. 1294248”, Sentencia del 9/5/16 Disponible en http://old.csjn.gov.ar/docus/documentos/verdoc.jsp?ID=99417

[17]Paraguay establece, en el artículo 10.a del Código de la Niñez y la Adolescencia que “Será responsabilidad del Estado atender a la mujer embarazada insolvente, a la que se proveerá de alojamiento, alimentación y medicamentos necesarios”. Por otra parte, en su art. 98 respecto de la prestación alimenticia, señala la obligación subsidiaria del estado en caso de “ausencia, incapacidad o falta de recursos económicos de los padres” u otros familiares. Reforzando dicha tesitura en su cláusula 4 al señalar, que el estado se encuentra obligado subsidiariamente a garantizar al niño o adolescente su desarrollo armónico e integral, legitimando a cualquier persona a requerir a la autoridad competente que exija al Estado el cumplimiento de sus obligaciones.Paraguay. Ley N° 1680/01. Código de la Niñez y la Adolescencia Disponible en:http://www.snna.gov.py/archivos/documentos/c%C3%B3digo%20de%20la%20ni%C3%B1ez%20final%202013_o0o7p6js.pdf

[18] Honduras, norma en el artículo 155 del Código de la Niñez y la Adolescencia que en caso de que las personas obligadas a satisfacer las necesidades de los niños carecieran de medios suficientes para atender ese deber, la atención será dispensada por la Junta Nacional de Bienestar Social con el concurso de aquéllas y de la comunidad. En la cláusula siguiente expresa que tales medidas “serán adoptadas a solicitud de sus padres o representante legal, o de oficio.” Honduras. Ley N° 28.053. Código de la Niñez y la Adolescencia. Publicada el 5/09/1996 Disponible en:http://www.unicef.org/honduras/codigo_ninez_adolescencia.pdf

[19]Colombia, en el artículo 41.inc 15 del Código de la Infancia y la Adolescencia prevé comoobligación del Estado “asegurar los servicios de salud y subsidio alimentario (…) para mujeres gestantes y lactantes, familias en situación de debilidad manifiesta y niños, niñas y adolescentes” y agrega en el inc.31. Que el Estado debe garantizar “alimentos a los niños, las niñas y los adolescentes que se encuentren en procesos de protección y restablecimiento de sus derechos, sin perjuicio de las demás personas que deben prestar alimentos en los términos de la presente ley, y garantizar mecanismos efectivos de exigibilidad y cumplimiento de las obligaciones alimentarias” Por otra parte, establece en su art. 59 que cuando se decida establecer una medida de protección provisional en la que se coloque al niño en un hogar sustituto el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar asignará un aporte mensual a este hogar para atender exclusivamente a los gastos del niño, niña o adolescente, subrogándose en los derechos contra toda persona que por ley deba alimentos al niño, niña o adolescente.Colombia. Ley 1098 de 2006. Código de la Infancia y la Adolescencia. Publicada en Diario Oficial 46446 de noviembre 08 de 2006. Disponible en http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=22106

[20]Costa Rica, en el Código de la Niñez y la Adolescencia expresa en su Art.38 que en caso de que el obligado principal incumpliera con el deber de brindar alimentos al niño o a la persona embarazada, el estado le brindará supletoriamente esos alimentos. Para tal fin se incorpora a la familia a programas interinstitucionales para garantizar un tratamiento integral a la familia con el apoyo de las redes de la sociedad civil organizada. Además, estipula que en caso de que los alimentos sean reclamados en sede judicial y se constate esta circunstancia es el juez quien deberá gestionar el subsidio ante el Instituto Mixto de Ayuda Social.Costa Rica. Ley N° 7739. Código de la Niñez y la Adolescencia. Aprobada el 6 de febrero 1998.Disponible:https://www.oas.org/dil/esp/Codigo_Ninez_Adolescencia_Costa_Rica.pdf

[21]Francia en su ley 75-618 del 11/7/75 estableció que el Estado a través del Tesoro de la Nación abonará la cuota alimentaria fijada judicialmente a uno de los progenitores cuando ésta sea incumplida, subrogándose además los derechos del alimentado para reclamar al progenitor moroso. Citado en Belluscio, Claudio A. “Alimentos y Derechos Humanos. Hacia la efectividad de la obligación alimentaria”. Editorial García Alonso. Disponible en http://www.garciaalonso.com.ar/doc-30-alimentos-y-derechos-humanos-hacia-la-efectividad-de-la-obligacion-alimentaria.html

[22] En España se crea el Fondo de Garantía del Pago de Alimentos mediante el cual el Estado, ante el incumplimiento del obligado principal, le da al alimentado la cantidad mensual determinada judicialmente en concepto de pago de alimentos, teniendo como límite la suma de 100 euros mensuales por niño.Estableciendo como plazo máximo de percepción de este anticipo el de dieciocho meses. Asimismo, el Estado se subroga “hasta el total importe de los pagos satisfechos al interesado, en los derechos que asisten al mismo frente al obligado al pago de alimentos” (art. 24 del Real Decreto 1618/2007). Real Decreto 1618/2007 sobre organización y funcionamiento del Fondo de Garantía del Pago de Alimentos. BOE núm. 299, de 14 de diciembre de 2007, páginas 51371 a 51376. Disponible en https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2007-21500

[23] Naciones Unidas. Comité de los Derechos del Niño. Observación General N° 5 (2003) Medidas generales de aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño (artículos 4 y 42 y párrafo 6 del artículo 44, 27 de noviembre de 2003. Pág. 4 párr. 8

[24] Naciones Unidas. Comité de los Derechos del Niño. Observación general Nº 14 (2013) sobre el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial (artículo 3, párrafo 1) Párr. 15

[25] Naciones Unidas. Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales. Observación general Nº 12 (1999) El derecho a una alimentación adecuada (artículo 11) Párr. 15

[26]Naciones Unidas. Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales. Observación general Nº 3 (1990) La índole de las obligaciones de los Estados Partes (párrafo 1 del artículo 2 del Pacto), Párr. 13.

[27]Corte IDH, OC-17/2002 sobre la Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño. Dictada el 28/08/2002 Párr. 81.

[28] Grosman, Cecilia. Alimentos a los hijos y derechos humanos. Editorial Universidad, Bs. As, 2004, p. 86

[29]Ídem.

[30]Grosman, Cecilia. Alimentos a los hijos y derechos humanos. Ed. Universidad, Bs. As., 2004. P. 70.

Citar: elDial.com - DC2172

Publicado el 12/08/2016

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