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Compensaciones económicas derivadas del divorcio y ruptura de unión convivencial.

Concepto

Uno de los institutos novedosos del Código Civil y Comercial, es la posibilidad de solicitar o acordar una compensación económica a partir del divorcio, la ruptura de la unión convivencial o la nulidad matrimonial.

El art. 441 da el concepto:

Compensación económica. El cónyuge a quien el divorcio produce un desequilibrio manifiesto que signifique un empeoramiento de su situación y que tiene por causa adecuada el vínculo matrimonial y su ruptura, tiene derecho a una compensación. Esta puede consistir en una prestación única, en una renta por tiempo determinado o, excepcionalmente, por plazo indeterminado. Puede pagarse con dinero, con el usufructo de determinados bienes o de cualquier otro modo que acuerden las partes o decida el juez.

Para el caso de las uniones convivenciales, el art. 524 la define en los mismos términos

Compensación económica. Cesada la convivencia, el conviviente que sufre un desequilibrio manifiesto que signifique un empeoramiento de su situación económica con causa adecuada en la convivencia y su ruptura, tiene derecho a una compensación. Esta puede consistir en una prestación única o en una renta por un tiempo determinado que no puede ser mayor a la duración de la unión convivencial.

Se establece entonces que cuando el vínculo matrimonial o la unión convivencial y su disolución hayan causado un desequilibrio manifiesto en la situación económica, se puede fijar una compensación económica para intentar salvar ese desequilibrio. Se trata de una situación objetiva, y en nada intervienen las causas subjetivas de la ruptura, o las causas subjetivas por las cuales se llegó a esa situación.

Este instituto “propicia la superación de la pérdida económica que el divorcio puede provocar en alguno de los cónyuges, especialmente cuando el matrimonio haya producido una desigualdad entre las capacidades de ambos de obtener ingresos; cuestión que en la mayoría de las oportunidades, el régimen económico matrimonial resulta incapaz de solucionar. (María Encarnación Roca Trías – Familia y Cambio social”) Tiene su origen en lo que se llama “principio de autosuficiencia” tendiendo a favorecerla cuando se ha visto afectada por la disolución del vínculo y en la división de tareas que a veces puede darse en el seno de la familia.

Caracteres

1- Está sujeta al principio de rogación: se fija solamente a pedido de partes, no puede fijarla el juez de oficio, por más que observe la situación de desequilibrio. Además tiene un plazo de caducidad, que es de 6 meses desde el divorcio o desde la ruptura de la unión convivencial.

2- Responde al principio de autonomía: Las partes pueden determinar el monto, forma de pago, contenido de la prestación, etc.

3- La fija el juez en caso de que no haya acuerdo de partes

4- El criterio para verificar su procedencia es objetivo: procede siempre que se configuren los presupuestos legales, y está desprovisto de la idea de culpa.

Requisitos. Procedencia

Podemos distinguir tres elementos principales para su procedencia: que haya un desequilibrio económico manifiesto, que implique empeoramiento y que tenga como causa adecuada la convivencia y su ruptura.

Desequilibrio económico manifiesto: el mismo resultará de una comparación, entre las circunstancias económicas de cada uno, tanto antes y después del vínculo como antes y después de la ruptura. Esto incluye no sólo una visión estática sino un análisis a futuro de las potencialidades económicas de cada parte. El mismo debe ser importante, manifiesto.

Empeoramiento: como consecuencia de la ruptura del vínculo se debe vivir un empeoramiento de la situación económica. La comparación se hace no sólo comparando con la otra parte, sino también analizando la situación antes y después del vínculo de la misma persona (profesión, edad, etc.)

Debe ser consecuencia del vínculo y su ruptura: El desequilibrio debe estar relacionado con el proyecto común y su ruptura, con el esfuerzo aportado a la vida en común en detrimento del desarrollo e independencia individual.

Caducidad

Se establece un plazo de caducidad de seis meses.

Para el divorcio el art. 442 ultima parte:

La acción para reclamar la compensación económica caduca a los seis meses de haberse dictado la sentencia de divorcio.

Para las uniones convivenciales 525 última parte:

La acción para reclamar la compensación económica caduca a los seis meses de haberse producido cualquiera de las causas de finalización de la convivencia enumeradas en el artículo 523.

Posibilidad de solicitar en caso de muerte para uniones convivenciales

Al hacer referencia el art. 525 recién citado al art. 523, que establece como una de las causas de finalización de las uniones convivenciales a la muerte de uno de los convivientes, corresponde entender que para el caso de las uniones convivenciales también se puede solicitar la fijación de una compensación económica. Esto es así debido a que el conviviente no tiene vocación hereditaria, pudiendo generarse un grave empeoramiento de su situación económica por la muerte de la otra parte.

En estos casos, podría solicitar a los herederos la fijación de una compensación por la ruptura del vínculo, siempre que se den los presupuestos generales.

Pautas para su fijación

Se hará un análisis comparativo, cotejando las situaciones de ambas partes, comparando la situación del más desfavorecido con la que tenía durante la convivencia o matrimonio, valorando tanto las situación actual como las circunstancias y potencialidades futuras previsibles.

Las partes pueden acordar lo que estimen conveniente, en el ejercicio de su autonomía. Pero en caso de que no haya acuerdo, el art. 442 establece algunas pautas para analizar (las que son enumerativas)

a) el estado patrimonial de cada uno de los cónyuges al inicio y a la finalización de la vida matrimonial;

b) la dedicación que cada cónyuge brindó a la familia y a la crianza y educación de los hijos durante la convivencia y la que debe prestar con posterioridad al divorcio;

c) la edad y el estado de salud de los cónyuges y de los hijos;

d) la capacitación laboral y la posibilidad de acceder a un empleo del. cónyuge que solicita la compensación económica;

e) la colaboración prestada a las actividades mercantiles, industriales o profesionales del otro cónyuge;

f) la atribución de la vivienda familiar, y si recae sobre un bien ganancial, un bien propio, o un inmueble arrendado. En este último caso, quién abona el canon locativo.

Algunas pautas no mencionadas por el artículo pero que podrían tenerse en cuenta son por ejemplo la existencia de una unión convivencial previa al matrimonio, la posibilidad de acceder a una jubilación de las partes, pérdida del derecho a pensión, etc.

El monto al que llegue el juez siempre deberá ser fundado.

Competencia

El art. 719 fija la competencia para entender de este tipo de pedidos:

Alimentos y pensiones compensatorias entre cónyuges o convivientes. En las acciones por alimentos o por pensiones compensatorias entre cónyuges o convivientes es competente el juez del último domicilio conyugal o convivencial, o el del domicilio del beneficiario, o el del demandado, o aquel donde deba ser cumplida la obligación alimentaria, a elección del actor.

Jurisprudencia:

Las primeras sentencias debieron abocarse a resolver una cuestión típica de derecho transitorio, esto es la inaplicabilidad de los arts. 441/442 y 524/525 CCyC a matrimonios o relaciones de convivencia extinguidas antes de la vigencia del CCyC (por lo tanto, que ni siquiera configuran uniones convivenciales), conforme lo establecido por el art. 7º CCyC[19]. Luego más para adelante se empezaron a discutir ciertas cuestiones procesales y de contenido para evaluar o no su procedencia.

En un fallo, se presentó una mujer que manifestaba la existencia de una convivencia ininterrumpida de 22 años con su pareja. Al producirse la separación, requiere una compensación económica y solicita una serie de medidas cautelares para asegurar su derecho. En primera instancia, se rechazó el planteo, en tanto se entendió que no acreditaba cabalmente la existencia de la unión. Sin embargo la sentencia fue más allá al señalar que, de todos modos, «al existir impedimento de ligamen por parte de la mujer, la misma no podía llegar a configurarse». La parte actora apeló la medida y planteó la inconstitucionalidad del inc. d del art. 510 , entendiendo que la norma viola el principio de protección integral de la familia. La Cámara confirma el criterio del juez de primera instancia, señalándose lo siguiente: «. aquí no se encuentran en juego los derechos de un grupo familiar frente a reclamos de terceros, sino que este caso se trataría presuntamente de un reclamo intrafamiliar («M. G. C. c/ R. O. F. y otro s/ medidas precautorias», Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil: Sala L, Microjuris. Cita: MJJ102753(REF: MJJ102753), 31/8/2016).

Con respecto al tratamiento de cuestiones procesales, uno de los temas iniciales de análisis era el plazo de prescripción de seis meses.

En un fallo de la Sala J de la Cámara de Apelaciones(“S., A. A. c/P., O. R. s/fijación de compensación arts. 524 y 525, CCCN”, Expdte 46.075/16, Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil: Sala J, 07/10/16, Erreius), se confirma el auto de primera instancia que rechazó in limine la pretensión del excónyuge de que se fije a su favor una compensación económica, por haber vencido el plazo de caducidad previsto por el artículo 442 del Código Civil y Comercial, a los efectos del inicio de la acción. Así, se evita el abuso del derecho que podría configurarse si, después de muchos años de dictada la sentencia de divorcio, se habilitara a los cónyuges para continuar con sus pleitos patrimoniales. Del fallo surge que este plazo corto de caducidad tiene su fundamento en que se procura que los cónyuges resuelvan todas las cuestiones patrimoniales que se derivan de la ruptura matrimonial de manera simultánea al divorcio. Además, como el objeto de esta figura es compensar el desequilibrio económico que se produce a causa y como consecuencia del divorcio, es en ese momento que debe fijarse, y no sirve a estos fines que transcurra un tiempo prolongado desde que se dicte sentencia.

Se cita el art. 6 del mismo cuerpo legal que establece la forma de contar los intervalos en derecho, disponiendo que los plazos de meses o años se computan de fecha a fecha.

La actora peticiona el 11 de julio de 2016 y la sentencia fue dictada por el tribunal el 10 de diciembre de 2015, notificada el día 11 de ese mismo mes y año, no cabe duda a la luz de lo analizado precedentemente que ya había transcurrido el plazo previsto por el mencionado art. 442 de la legislación de fondo, a los efectos del inicio de la acción. Por todo lo expuesto, el Tribunal resuelve confirmar la resolución.

En otro fallo, la alzada por primera vez se expide a favor de la concesión de una compensación económica (Cámara Nacional de Apelación en lo Civil y Comercial de Junín, 25/10/2016, «G., M. A. c/ D. F., J. M. s/ alimentos», en Microjuris. Cita: MJJ101662) y separa las cuestiones derivadas de este instituto de los alimentos post divorciales para la cónyuge inocente que establecía el art 207. Asimismo se hace ese contraste entre norma y realidad, al ponderar el caso la formación de la actora y el demandado, la edad de los hijos, su edad y la de su ex cónyuge.

Se trata de un proceso de divorcio iniciado durante la vigencia del anterior Código Civil. En el caso, la mujer había solicitado alimentos con fundamento en la causal del art. 207, basada en su inocencia respecto de la separación. Ante la entrada en vigencia del CCivCom, el juez corrió traslado a las partes para que ajustaran las cuestiones pendientes a la nueva regulación, transformando la mujer el requerimiento de alimentos en una solicitud de compensación económica.

En primera instancia, se hace lugar al planteo de compensación, fijándola en una renta mensual consistente en el 20% del total de la facturación mensual del demandado, ello con efecto retroactivo al día de la presentación de la demanda. Se señaló que «la edad de la peticionante dificulta su inserción en el mercado laboral y el hecho de que solo pueda ejercer algunas horas como docente (carácter provisorio del cargo) demuestra el contratiempo que la misma enfrenta para acceder a puestos remunerados». Asimismo valoró la superior formación y capacitación del esposo, que es médico, con prestación de servicios de su profesión en diversos medios.

La resolución es apelada por el demandado. La Cámara mantiene la compensación otorgada, pero la restringe a una suma total de $ 150.000, pagaderos en tres cuotas iguales y consecutivas.

En el fallo, se señala que «lo equitativo y razonable no es aquí la búsqueda de una nivelación o igualación patrimonial entre las partes, sino la recomposición correspondiente a uno de ellos por el "empobrecimiento" -generalmente por la frustración o postergación del crecimiento propio, pérdida de chances u oportunidades y ayudas que hubiere brindado- a la par y vinculado al "enriquecimiento" del otro, durante la convivencia».

Se valoró que el matrimonio se extendió por tres décadas aproximadamente, habiéndose casado ambos muy jóvenes (21 él y 19 ella), siendo ambos estudiantes. La pareja tuvo tres hijos, hoy todos mayores de edad.

Por condiciones objetivas y de la dinámica familiar (nacimiento de los hijos al poco tiempo de casarse, atención que los mismos requerían al margen de alguna ayuda temporaria que tuvo en sus labores de ama de casa, personalidad, actividad y exigencias del recurrente), la mujer sufrió aplazamientos y dificultades para su formación y desempeño profesional.

En otro fallo de la Sala I de la Cámara de Apelaciones, se admite la posibilidad de que el solicitante realice el pedido sin necesidad de precisar el monto al efectuar la presentación inicial.

En la sentencia de Cámara, que confirma lo resuelto en primera instancia, se rechaza la excepción de defecto legal opuesta por el demandado debido a la falta de determinación de la suma requerida por la actora. Allí se expresó que «dicha omisión no es de una gravedad tal que coloque al demandado en un estado de indefensión que le impida o dificulte la contestación de la demanda o el ofrecimiento de pruebas conducentes a los fines de la dilucidación de la cuestión que conforma el objeto del reclamo» (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil: Sala I, «M. L. N. E. c/ D. B., E. A. s/ Fijación de compensación», 13/9/2016, La Ley, 7/11/2016. Cita Online: AR/JUR/64925/2016 )(.

En un fallo más reciente (“D. P., R. A. c/ A., M. D. C. – Divorcio vincular – Contencioso”, Juzgado de Familia de Segunda Nominación de Córdoba, 20/03/2017) se vuelve con el tema del plazo de prescripción de seis meses para peticionarla, pero ahondando en un acto que llevo a la interrupción del plazo para concederla.

El Juzgado de Familia de Segunda Nominación de Córdoba dio trámite a una demanda de fijación de compensación económica formulada un año después de la fecha de la sentencia de divorcio. Aunque el Código Civil y Comercial de la Nación (CCC) establece un término de seis meses para interponer la acción, bajo pena de caducidad, el juez Gabriel Tavip consideró que ese plazo había sido interrumpido por la solicitud de audiencia para iniciar la etapa prejurisdiccional del reclamo, que constituye un requisito de admisibilidad obligatorio para este tipo de trámites, según la Ley de Procedimiento del Fuero de Familia de Córdoba. Esta audiencia había solicitada dentro de los seis meses posteriores al dictado de la sentencia de divorcio por parte de la Cámara de Familia de Primera Nominación.

El juez Tavip agregó: “El fundamento del plazo corto de caducidad es procurar que los que los cónyuges resuelvan todas las cuestiones patrimoniales que se derivan de la ruptura matrimonial de manera simultánea al divorcio”. Pero también señaló que en el momento de la formulación de la etapa prejudicial, queda plasmado el “acto previsto por la ley” para impedir que se produzca la caducidad del derecho.

En el caso analizado, la mujer “viabilizó dentro de los seis meses de dictada la sentencia de divorcio, su reclamo por compensación económica por medio de la vía que la ley procesal le imponía, es decir, la etapa prejurisdiccional”. “Quedó en ese momento cristalizada su petición judicial, por lo que no operó la caducidad de su derecho a demandar. Por esa razón, hizo lugar a la reposición planteada por la parte demandante y revocó el proveído que no había hecho lugar a la solicitud de compensación económica por haber operado el plazo de caducidad previsto por el artículo 442, parte final, del CCC.

La Sala 3 de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Mercedes confirmó el rechazo de la demanda de compensación económica entablada por G. S., al estar acreditado que el demandado, pese a la ruptura conyugal, cohabitó con la actora hasta que obtuvo un trabajo registrado y que la mujer manifestó tener un excelente estado de salud y obra social.

Además, el tribunal tomó el cuenta que las partes llevaron adelante la partición privada de los bienes gananciales y que, producto de esta operación, la reclamante obtuvo un capital que pensaba reinvertir para incrementar sus ingresos económicos.

Paralelamente, ponderó que el accionado se hizo cargo durante dos años del alquiler del departamento que ocupa su ex cónyuge y que aportó dinero para que lo amueblara y equipara.

Así, la alzada valoró que admitir lo peticionado por G. S. implicaría avalar una situación jurídica abusiva.

“El pedido de compensación económica es improcedente si, merituando las pruebas producidas y luego de haber realizado una comparación de la situación patrimonial de cada uno de los cónyuges al inicio del matrimonio y al momento de producirse el divorcio, no se aprecia un desequilibrio que amerite su admisión, pues no se hallan acreditados los requisitos previstos por la ley para que así se proceda”, precisó la Cámara.

En esa línea, recordó que la compensación económica no persigue igualar patrimonios ni garantizar al cónyuge beneficiario el derecho a mantener el nivel de vida que tenía durante el matrimonio, pues es de carácter excepcional y debe resultar de un claro desequilibrio producido a raíz del divorcio.

“La medida prevista en los artículos 441 y 442 del Código Civil no es una consecuencia necesaria e inmediata del divorcio y no guarda relación alguna con las conductas que los cónyuges puedan imputarse, al dejar de lado la nueva legislación el concepto de culpa”, detalló.

Fuente: Diego Oscar Ortiz, EL TRATAMIENTO JURISPRUDENCIAL DE LA COMPENSACIÓN ECONÓMICA pensamientocivilcomar; /comercioyjusticia.info; esderechocomar Blog de Actualidad Jurídica dirigido por el Estudio Jurídico Herrera.


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