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Dilación del procedimiento penal y dictado de la sentencia civil

Autores: Castro Gabaldo, Martín Díaz, Olga V. Publicado en: LA LEY 05/01/2018, 05/01/2018, 1

Abstract: El art. 1775 del CCyC es de aplicación restrictiva, porque provoca el desplazamiento excepcional de la prohibición legal de sentenciar en el proceso civil antes de que finalice el proceso penal. Como corolario su interpretación participa del mismo carácter restrictivo. La resolución debe contener una argumentación sólida y seria respecto de las causales que se invocan, en pos de evitar el uso inadecuado de este medio, máxime con la trascendencia y gravedad que lleva ínsito.

El art. 1775, inc. b) habilita o faculta al juez del proceso civil a dictar sentencia final, a pesar de la inexistencia de sentencia definitiva en el proceso penal. Lo que es concebido a modo de excepción al principio general de prejudicialidad (1). Principio general receptado en el art. 1775 del Cód. Civ. y Com., ab initio, que refiere: “Si la acción penal precede a la acción civil, o es intentada durante su curso, el dicado de la sentencia definitiva debe suspenderse en proceso civil hasta la conclusión del proceso penal…”. El porqué de la preeminencia de la sentencia penal sobre la civil no es objeto de esta investigación, pero los distintos fundamentos que la doctrina ha brindado se pueden resumir desde una faz lógica y práctica. El juez civil y el juez penal buscan, desean y tienen por objeto y deber alcanzar la “verdad material”, lo que sin dudas muchas veces no acontece. Empero, en el ámbito del proceso civil nos encontramos con conceptos como la “verdad formal” (2) y lo que ello implica. Aunque esto de manera alguna significa que el juez civil no pueda alcanzar la verdad material, de hecho, es su deber legal (3). Entonces, si ambos jueces tienen idéntico compromiso, ¿cuál es la razón de la preeminencia de un fallo sobre el otro? Y el hontanar de la respuesta se halla en las herramientas y facultades que el legislador, en virtud de los intereses comprometidos, en ambos procesos, ha brindado a cada uno de ellos. El mayor dote al juez penal responde al interés público comprometido, v.gr., la facultad de producción oficiosa de prueba, facultades vedadas o limitadas al Juez civil, en razón del compromiso de intereses privados. Entonces, siendo el juez penal quien está en mejores condiciones de alcanzar la verdad material, el legislador ha creído conveniente brindar primacía a su sentenciado. La excepción normativa a este principio, contenida en el inc. b), fue respuesta de los autores del proyecto de unificación del Código Civil y Comercial a las exigencias del art. 8º del Pacto de San José de Costa Rica (4), cuestión, por cierto, que ya había sido receptada jurisprudencialmente en renombrados fallos dictados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por la Suprema Corte de la provincia de Mendoza, como así también por la Cámara de Apelaciones de Córdoba (5). Habilitación excepcional, en la que el legislador solamente exige al juez valorar o contemplar dos parámetros, en primer lugar “la dilación del procedimiento penal” y que a su vez esta (la dilación), genere o provoque una “frustración efectiva al derecho a ser indemnizado”. En definitiva, no es otra cuestión que la acreditación de una relación de causalidad entre ambos extremos, en el sentido de que habrá que demostrar la existencia de esa dilación y que esta provoca o causa la frustración reparatoria. No cuestionamos a los maestros de la doctrina, entre ellos Daniel Pizarro, que sostienen que es una cuestión de hecho librada a consideración del juez en lo Civil, pero, en modo alguno, tal apreciación puede quedar a la vera de caprichos judiciales. Como bien lo dijo el maestro y académico Marcelo López Mesa, “puesta en manos de jueces no bien formados o aventureros del pretorio, deseosos de obtener figuración a cualquier costo, el filo de estas herramientas puede fácilmente causar serios daños” (6). No podemos omitir que tal circunstancia, genera conflicto o afecta los intereses en pugna. El propio del actor, que anhela el dictado oportuno de la sentencia que reconozca su resarcimiento, y por otra parte el demandado que, en caso de ser condenado, pretende una resolución única y coherente. Entendemos que la habilitación de la excepción también pone en juego otros derechos fundamentales, reconocidos por los distintos códigos procesales, nuestra Constitución Nacional y tratados internacionales de derechos humanos, como lo son el derecho a ser oído y a obtener una decisión judicial fundada. Es la propia dinámica normativa la que advierte la necesidad de superar ciertos escollos que entorpecen la claridad y la simpleza con las que el legislador pretendió inscribirla. 1. ¿Procede a petición de parte o también puede dictarse de oficio? 2. ¿Qué requisitos son necesarios para la acreditación de los parámetros exigidos por el legislador nacional? 3. ¿El decisorio excepcional es parte integrante de la sentencia civil definitiva o requiere una resolución judicial previa e independiente? 4. ¿Qué recursos tienen los afectados por el decisorio excepcional? En lo que refiere a la activación de la mecánica de habilitación, si debe ser instada por las partes o de oficio por el juez, es una cuestión no regulada en el Cód. Civ. y Com. Coincidimos, que no existió una omisión legislativa, sino que se trata de un absoluto respeto al derecho constitucional de legislar que tienen las provincias, por ser el derecho procedimental materia no delegada a la Nación. Ahora, lo cierto es que subyace la necesidad de los códigos procesales locales de abocarse a reglamentar el procedimiento de “excepción a la prejudicialidad” sedimentada en la creencia judicial de existencia de una dilación del proceso penal y la consecuente afección del derecho resarcitorio. Prima facie, la pugna de intereses particulares (del actor deseoso de la sentencia que le reconozca su derecho y por su parte el demandado exigiendo la prejudicialidad y primacía de la sentencia penal sobre la civil) podría inclinarnos por una respuesta negativa a la iniciativa judicial. Pero, entendemos que el mismo art. 36 del Cód. Procesal Civ. y Com. es el que habilita al juez para activar de oficio el aparato excepcional: “aún sin requerimiento de parte, los jueces y tribunales deberán: 1) Tomar medidas tendientes a evitar la paralización del proceso. A tal efecto, vencido un plazo, se haya ejercido o no la facultad que corresponda, se pasará a la etapa siguiente en el desarrollo procesal, disponiendo de oficio las medidas necesarias…”. Actuación de oficio, que por otra parte es indiscutible e incuestionable si se hallan comprometidos intereses de menores o incapaces (7). Espíritu, de la norma procesal citada, que se condice con las exigencias de tratados internacionales de rango constitucional (8), en cuanto responde al dictado de una resolución dentro de un plazo razonable. En cuanto a la acreditación del extremo “dilación del proceso penal”, entendemos que, previo al dictado de la resolución que habilita la excepción, sería conveniente como requisito previo, ineludible y obligatorio, oficiar al juzgado penal, a fin de que se anoticie formalmente sobre el estado del proceso penal. Ello en mérito a la acreditación de una situación fáctica objetiva, que no puede quedar a la vera de un mero criterio subjetivo del juez civil. Destacamos que tanto la modalidad como el contenido de información de la contestación, del mentado oficio debería ser legislada en los Códigos procesales civiles o penales. Cuestión que además posibilitaría alcanzar una doble finalidad, primeramente evitar informes con respuestas evasivas, y por otra parte, indirectamente convertirse en una herramienta de presión, que inste el proceso penal (en tanto quedará informado por el propio juez penal la morosidad del proceso penal). Informe que facilitará la acreditación del extremo, toda vez que la tarea jurisdiccional (civil) deberá centrarse en un simple cotejo del estado del proceso penal versus las etapas y plazos normados en los códigos procedimentales penales. En lo que refiere a la segunda exigencia normativa, la “frustración efectiva del derecho a ser indemnizado”, como también la vinculación causal con la dilación judicial penal, entendemos que habilita dos caminos procedimentales con sus pros y sus contras. Abordaje que intentaremos con el afán de brindar soluciones a los escollos propios de cada uno. Insistimos que, cualquiera sea la elección de la vía (la decisión oficiosa del juez civil o la solicitud de parte), el primer acto procesal jurisdiccional necesario será el requerimiento de informe al juzgado donde tramita el proceso penal. Lo que sin dudas se requiere es una resolución motivada, entendiendo que “no es explicación de las razones reales de un fenómeno, sino justificación, entendida como discurso que expone sencillamente las causas por las que dicho fenómeno se acoge favorablemente” (9).En definitiva un orden judicial con argumentos que sostengan la habilitación o la denegación de la posibilidad que el juez civil se adelante al juez penal en el dictado de sentencia. La necesidad del dictado de una resolución de habilitación de excepción legal se justifica en alejar todo lo arbitrario. Como bien afirmaba el profesor Perelman: “Únicamente en virtud de los motivos el que ha perdido un pleito sabe cómo y por qué. Los motivos le invitan a comprender la sentencia y le piden que no se abandone durante demasiado tiempo al amargo placer de maldecir a los jueces. Los motivos le ayudan a decidir si debe o no apelar o, en su caso, ir a la casación. Igualmente le permitirán no colocarse de nuevo en una situación que haga nacer un segundo proceso. Y por encima de los litigantes, los motivos se dirigen a todos” (10). No podemos olvidar, respecto de las órdenes judiciales, que es deber de los jueces fundar toda sentencia definitiva o interlocutoria, bajo pena de nulidad, respetando la jerarquía de las normas vigentes y el principio de congruencia (11). En definitiva, quien justicie deberá tener o no por acreditada la dilación procesal penal y demostrar la consecuente provocación o causación de frustración del derecho reparatorio, por parte de aquella situación jurídica (demora del proceso penal). Las dos vías a que referimos son aquellas que llevan resolver la habilitación excepcional en la “propia sentencia donde se ordena reparar el daño (sentencia definitiva del proceso civil)” o en una “resolución judicial previa e independiente a la sentencia definitiva”. Adelantamos posición, aunque no persuadidos en su totalidad (12), de la conveniencia del segundo sendero procesal, centrada principalmente en evitar el desgaste jurisdiccional. Aunque conscientes de que adherir a tal posición puede ser considerado como una burocratización del proceso y hasta, incluso, un prejuzgamiento o adelantamiento de opinión respecto al derecho a ser resarcido, sin desconocer el inconveniente que puede generar el hecho de expedirse sobre la “frustración del derecho a ser reparado”, en forma previa a reconocerlo, afirmamos, sin hesitación, que en modo alguno configuraría la causal de recusación por haber el juez emitido opinión o dictamen o dado recomendaciones acerca del pleito, antes o después de comenzado (13). En lo que respecta a la causal de prejuzgamiento citada, sólo se configura por la emisión de opiniones intempestivas respecto de las cuestiones pendientes que aún no se encuentran en estado de ser resueltas, pero no existe si el juez se halla en la necesidad de emitir pronunciamiento. Así, las consideraciones efectuadas por los magistrados en la debida oportunidad procesal sobre los puntos sometidos a su conocimiento no importan prejuzgamiento, toda vez que no se trata de opinión anticipada, sino, directa y claramente, del cumplimiento del deber de proveer a las cuestiones pendientes (14). Máxime si se tiene presente que, en oportunidad de dictaminar sobre la habilitación, el proceso ya se encuentra con la etapa probatoria y alegatoria finalizada y agotada, quedando tan sólo pendiente el dictado de la resolución definitiva del pleito. El respeto del principio procesal de bilateralidad y del art. 8º, inc. h) del Pacto de San José de Costa Rica, pregona y exige que, dictada la sentencia (interlocutoria previa) que habilita la excepción, sea de oficio o a petición de parte, se deba respetar la facultad recursiva de las partes. Si fuera dictada de oficio (la habilitación), ambas partes deberán tener la posibilidad de recurrir, para cuestionar la afirmación de los extremos y/o la relación causal entre ambos. O si fue alguna de las partes la que provocó el dictado de la resolución y la misma le fuere adversa, tener la posibilidad de recurrirla. Y caso contrario, de ser favorable, permitir a la contraparte que se considere afectada el uso de la vía recursiva. Insistimos en la importancia que radica en la existencia de una doble afección de intereses, por una parte la frustración de la reparación del actor y, por otra parte, la del demandado, que se expone a pagar una reparación, que luego puede ser revocada como consecuencia de una sentencia penal que determina que el hecho dañoso no existió o que no se tuvo participación en el mismo. Recordemos que la norma abordada es de aplicación restrictiva, porque provoca el desplazamiento excepcional de la prohibición legal de sentenciar en el proceso civil antes de que finalice el proceso penal. Como corolario, su interpretación participa del mismo carácter restrictivo. Resolución que debe contener una argumentación sólida y seria respecto de las causales que se invocan, en pos de evitar el uso inadecuado de este medio, máxime con la trascendencia y la gravedad que lleva ínsitas (15). Razones que inclinan, en cualquiera de los casos, a la concesión del recurso con efecto suspensivo. Por último, cualquiera sea la vía por la que se opte, entendemos que la “revision” (16), como herramienta para garantizarle el derecho a repetir al demandado que reparó civilmente y que, como consecuencia del dictado de la sentencia penal adversa, no tenía el deber de hacerlo, resulta insuficiente y hasta incluso puede transformarse en un mero anhelo. No ha de olvidarse el espíritu de la norma en análisis: “la protección del derecho a ser indemnizado” de todo ciudadano. Ahora quien paga una reparación por imperio de una orden judicial (de un juez civil), pero que luego por otra orden judicial (de un juez penal), que determina finalmente como verdad formal que no debía hacerlo, sin dudas, sufre un daño y debe ser reparado. Piénsese en la actitud que podría tomar quien cobra un proceso de daños y sabe que ante una posterior sentencia penal (que establezca que el hecho no aconteció o que el demandado —quien le pagó— no es el autor), tiene latente la posibilidad, de algún día, tener que restituir lo percibido en concepto de reparación. Recordemos que velar por la efectividad de los derechos en un procedimiento no es sólo un deber del juez, sino de todos los habitantes (17). Cuestión que incita una detallada y minuciosa búsqueda de mecanismos que respondan efectivamente a la garantía de que debe gozar el demandado civil (de poder hacer efectivo su derecho a repetir). Garantía de igual (18) jerarquía que la del actor civil (al derecho a ser resarcido). Temática que al no haber sido abordada por la norma de fondo será materia y labor de los códigos procesales. Tal vez, una solución cercana pueda encontrarse en el procedimiento de garantía que establece el Cód. Procesal Civil de San Juan para la ejecución de la sentencia del juicio ejecutivo que es recurrida (19). La norma procedimental referida dispone que, el recurso apelación contra la sentencia se concederá sin efecto suspensivo. No obstante ello, podrá el demandado pedir la suspensión de la ejecución si diere fianza suficiente de responder por los daños y perjuicios que pudiere ocasionarle al ejecutante si la sentencia fuere confirmada por el Superior. En este caso, el juez establecerá la clase y el monto de la fianza. Otra norma procedimental que, puede servir de inspiración a una futura reforma, es la que prevé el Cód. Procesal Civil de San Juan, para la restitución provisoria y adelantada del bien inmueble objeto del proceso de desalojo (20). La norma dispone que si el derecho fuese verosímil y el actor se expusiese a sufrir perjuicios puede solicitar la restitución provisoria del inmueble. Para ello deberá prestar caución suficiente, personal o real, que será fijada por el juez en atención a las circunstancias del caso, por los eventuales daños y perjuicios que el demandado sufriera por la indebida devolución anticipada. Finalmente nuestra soflama nos lleva a concluir en la necesidad de reformas de tinte procesal. Deberán ser los distintos códigos procesales los responsables de reglamentar la dinámica de la facultad excepcional de la prejudicialidad. Reforma que deberá responder a los derechos fundamentales y principios procesales contemplados en la Constitución Nacional y tratados internacionales, como lo son la motivación de las decisiones judiciales, la defensa en juicio y el principio de la bilateralidad. Respetando, siempre, el derecho a la igualdad y seguridad de las partes involucradas en un proceso de daños.  (1) Art. 1775, Cód. Civ. y Com.: “Suspensión del dictado de la sentencia civil. Si la acción penal precede a la acción civil, o es intentada durante su curso, el dictado de la sentencia definitiva debe suspenderse en el proceso civil hasta la conclusión del proceso penal, con excepción de los siguientes casos:… b) si la dilación del procedimiento penal provoca, en los hechos, una frustración efectiva del derecho a ser indemnizado…”.  (2) LÉONIE GARICOITS, Sandra B. – ALVES de SIMAS, Martha, “Aproximación a los deberes y facultades del Juez en el Código General del Proceso, con especial referencia a la Prueba”. Al decir de Fairén Guillén, la verdad formal constituye una cierta aproximación a la “verdad total de un hecho o hechos”, tal y como lo permiten las limitaciones de un “hombre medio”. “Se basa en un sistema legal de declaración de los hechos probados, que permita los convenios probatorios entre las partes y aún la disponibilidad intraprocesal de la pruebe por parte de éstas”. Continúa señalando Fairén, “esta verdad formal como objetivo de la prueba, naturalmente solo cabe en los procesos civiles de tipo dispositivo, voluntarios, evitables o sustituibles por otro medio de resolución del conflicto”. Publicado en http://www.leoniegaricoits.com.uy/publicaciones_juridicas/ aproximacion_deberes.pdf.  (3) FALKE, Ignacio A., “¿La verdad formal o la verdad material en el proceso civil? Apuntes para reflexionar sobre cómo puede influir esta discusión en el ejercicio diario de la abogacía”, 23/03/2012. www.infojus. gov.ar. Id SAIJ: DACF120023: “Para ir finalizando, el juez debe tener el objetivo de llegar a la verdad. Este es el ideal que debe pretender lograrse para la eficacia del Poder Judicial y el contentamiento del justiciable al acudir a un tribunal, y en pos de ello, el magistrado debe hacer todo lo que esté a su alcance. Sin embargo, cabe tener en cuenta, que la suerte del pleito quedará sujeta a los hechos, a la prueba ofrecida para dar cuenta del relato, y a la diligencia de las partes en la producción de la prueba ofrecida y ordenada”.  (4) Art. 8º, Pacto de San José de Costa Rica: “Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter…”.  (5) CS, 20/11/1973, “Ataka Co. Ltda. c. González, Ricardo y otros”, LA LEY, 154-85. Ídem, 24/04/1998, “Zacarías”. JA 199-I-361. SC Mendoza, 21/05/1998, LA LEY, 99-A-63. SC Tucumán, 15/04/1994, JA 1995- III-500. CNCom., sala D, 30/06/1997, JA 1998-I-237. C. 8ª Apel. Civ. y Com. Córdoba, 26/09/2001, Zeus, Córdoba, año I, 16/04/2002, nro. 1, t. I, p. 16.  (6) Conferencia de asunción como académico en la Academia de Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, sobre “La apariencia como fuente de derecho y obligaciones”, Buenos Aires 10/11/2016.  (7) Art. 36, CPCCN: “Aún sin requerimiento de parte, los jueces y tribunales deberán:… 5) Impulsar de oficio el trámite, cuando existan fondos inactivos de menores o incapaces, a fin de que los representantes legales de éstos o, en su caso, el Asesor de Menores, efectúen las propuestas que estimen más convenientes en interés del menor o incapaz, sin perjuicio de los deberes propios de dicho funcionario con igual objeto…”.  (8) Art. 8º, Pacto de San José de Costa Rica.  (9) TARUFFO, M., “Le motivazione della sentenza civile”, CEDAM, Padova, 1975, p. 125.  (10) PERELMAN, Ch., “La lógica jurídica y la nueva retórica”, Ed. Civitas, Madrid, 1979, p. 202.  (11) Art. 34, inc. 4º CPCCN.  (12) Al referirse la norma a la “frustración efectiva del derecho a ser indemnizado”, podría válida y lógicamente, predicarse que sola, específica y exclusivamente cuando el juez civil tenga el convencimiento que va hacer lugar al reclamo resarcitorio, podría acceder a la excepción de dictar sentencia sin esperar la sentencia penal. Pues lo contrario, el hecho de desestimar la pretensión del actor, de modo algún posibilitaría una frustración. Participar de esta aserción, conlleva inevitablemente a entender que la excepción de habilitación debe ser tratada en la misma sentencia en la que se haga lugar a la pretensión reparadora del actor.  (13) Art. 17, inc. 7º CPCCN.  (14) Fallo “Pro Con Ven SA c. Fideicomiso Inmobiliario Thames 676 y otros s/ recusación con causa”, dictado por la Sala J de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil.  (15) ROJAS, Jorge A., “El strepitus fori, o escándalo jurídico, producido con motivo del doble y contradictorio juzgamiento producido en una misma causa y la solución adoptada para su superación. Un proceso y dos sentencias”, http://www.jorgearojas.com.ar/pdf/UNPROYDOSEN.pdf.  (16) Art. 1780, Cód. Civ. y Com. Sentencia penal posterior. “La sentencia penal posterior a la sentencia civil no produce ningún efecto sobre ella, excepto en el caso de revisión. La revisión procede exclusivamente, y a petición de parte interesada, en los siguientes supuestos:… b) en el caso previsto en el art. 1775, inc. c) si quien fue juzgado responsable en la acción civil es absuelto en el juicio criminal por inexistencia del hecho que funda la condena civil, o por no ser su autor…”.  (17) Art. 791 CPC de San Juan: “Criterios de interpretación. El Tribunal tendrá en cuenta que el fin del proceso es la efectividad de los derechos sustanciales. Todos los habitantes están obligados a prestar la colaboración más adecuada para el buen resultado de la jurisdicción…”.  (18) Art. 34 CPCCN. Deberes. Son deberes de los jueces:… 5. Dirigir el procedimiento, debiendo, dentro de los límites expresamente establecidos en este Código:…III. Mantener la igualdad de las partes en el proceso…  (19) Art. 516 del CPC de San Juan: “Efecto. Fianza. El recurso se concederá sin efecto suspensivo. No obstante ello, podrá el demandado pedir la suspensión de la ejecución si diere fianza suficiente de responder por daños y perjuicios que pudiere ocasionarle al ejecutante si la sentencia fuere confirmada por el Superior. En este caso, el juez establecerá la clase y el monto de la fianza. Si el demandado no solicitare la suspensión de la ejecución de la sentencia en el plazo de cinco días de haber concedido el recurso, se elevará el expediente a la Cámara con el efecto otorgado. Si el demandado no presta la fianza en el plazo de cinco días de notificada por ministerio de la ley la determinada la misma se lo tendrá por desistido del pedido de suspensión de la ejecución de la sentencia monitoria. Si se solicitare la ejecución se remitirá el expediente haciéndose saber a la Cámara que se ha iniciado el trámite de ejecución provisional de la sentencia, para lo cual se dejará en primera instancia testimonio de las piezas necesarias a criterio del Tribunal para que prosiga la ejecución…”.  (20) Art. 674 del Cód. Procesal Civil de San Juan: “…Restitución provisoria. Si el bien hubiese sido abandonado o la acción se dirige contra el tenedor precario o intruso, o inquilino con contrato vencido o incurso en causal de desalojo por falta de pago en los términos de la ley de locaciones, se podrá solicitar la restitución provisoria del inmueble en cualquier estado del proceso posterior a la contestación de la demanda o del vencimiento del plazo para hacerlo. La entrega solo podrá ordenarse si el derecho fuese verosímil y el actor pudiera sufrir perjuicios en caso contrario. Se deberá prestar caución suficiente, personal o real, que será fijada por el Juez en atención a las circunstancias del caso, por los eventuales daños y perjuicios que el demandado sufriera por la indebida devolución anticipada…”.

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