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El agravamiento del riesgo y la actividad probatoria del asegurador

Por Agustín Bas(**)

La figura de la “agravación del riesgo” contemplada en el art. 37 de la Ley de Seguros reviste singular atención para las entidades aseguradoras ya que alude a la alteración de circunstancias fácticas en el transcurso del seguro que podrán tener incidencia a la hora de su asunción o no de responsabilidad y la eventual defensa de no seguro o exclusión de cobertura. No analizaremos aquí las diferencias existentes entre los seguros patrimoniales y de personas. Sabemos que el riesgo es un elemento esencial del contrato de seguro, pues sin él carece de validez y, por tanto, es un elemento constitutivo o estructural[1].

Se ha conceptualizado al riesgo como la probabilidad o la posibilidad de que eventualmente se produzca un hecho o incluso un acto del hombre- voluntario o no que pueda ocasionar un daño a un interés asegurable cubierto por una póliza de seguro y que haga nacer la obligación del asegurador de cumplir con la contraprestación asegurativa convenida[2]. Refiriendo a la agravación del riesgo se ha señalado que el estado de riesgo es un estado de hecho constituido por diversas circunstancias fácticas en torno al interés asegurable, que deben ser evaluadas por el asegurador antes de la celebración del contrato de seguro, para determinar la probabilidad de que ocurra un eventual siniestro y de esa forma decidir si acepta o no el mismo, en qué condiciones y a qué costo – es decir, el monto de la prima”[3]. Hay agravación del riesgo cuando con ulterioridad al perfeccionamiento del contrato sobreviene, respecto de las circunstancias objetivas o subjetivas declaradas en oportunidad de esa conclusión, una alteración trascendente que aumente, ya sea la probabilidad, sea la intensidad del riesgo tomado a cargo por el asegurador”[4].

En igual sentido se ha sostenido que hay agravación del riesgo cuando con posterioridad al contrato sobreviene, en relación a las circunstancias declaradas al momento de su conclusión, un cambio que aumenta la probabilidad o la intensidad del riesgo asumido por el asegurador[5]. La agravación del riesgo constituye una causa especial de rescisión por parte del asegurador. El asegurador toma especialmente en cuenta las condiciones y el estado del riesgo al momento de celebrar el contrato otorgando así la correspondiente cobertura y la agravación del riesgo se configura cuando, con posterioridad al contrato, sobrevienen circunstancias que, en relación a las declaradas al momento de su conclusión, importan un cambio que incrementan la probabilidad e intensidad del riesgo asumido por el asegurador. Se trata, por tanto, de una situación o situaciones que –ocurridas en el transcurso de vigencia del seguro- no existían al momento de su celebración y producen una alteración en su naturaleza que aumentan e incrementan la peligrosidad y amenaza por encima del nivel o cota en la que se acordó el contrato y su prima y no fueron denunciadas al asegurador siendo que pesa sobre el tomador o asegurado el deber de denunciar las agravaciones provocadas por hecho suyo o debidas a hecho ajeno, inmediatamente después de conocerlas (art. 38 LS.).

La “agravación del riesgo” importa, en consecuencia, toda modificación verificada luego de iniciada la vigencia del seguro y que -de haber estado presente al tiempo de su celebración- la entidad aseguradora, revisando su conveniencia, directamente no lo hubiera aceptado o bien de hacerlo, lo hubiere efectuado bajo otras condiciones, como, por ejemplo, una tarifa distinta (art. 37 de la L.S.). Las diferencias en torno a la existencia del “agravamiento del riesgo” en caso de controversia judicial queda así supeditada a una cuestión estrictamente probatoria o la denominada “juicio de peritos” que debe expedirse, efectivamente, respecto a las sobrevinientes circunstancias y su magnitud para adquirir contundencia y efectividad defensiva y consecuencias para el asegurador.

Cabe recordar la diferenciación establecida por la propia ley entre agravación por hecho del tomador o por hecho ajeno (art. 38 y ss de la L.S.); en el primer caso el tomador debe denunciar al asegurador las agravaciones causadas por un hecho suyo, antes de que se produzcan y las debidas a un hecho ajeno, inmediatamente después de conocerlas. Si el asegurado realiza su denuncia en el término legal el asegurador debe revisar el contrato (aceptando la agravación y modificando en su caso la prima y condiciones o bien rescindir el contrato). En el segundo caso (agravación por cuenta ajena) la cobertura, en principio, no se suspende ya que no es imputable al asegurado, pero pueden presentarse situaciones diversas relativas a los deberes y obligaciones del tomador o asegurado (art. 39 in fine L.S.) con consecuencias variadas según el caso. El art. 37 de la L.S.alude a “juicio de peritos” a efectos de acreditar procesal y judicialmente el “agravamiento del riesgo” en forma real y efectiva imponiendo la realización de esta prueba considerada como esencial e imprescindible, con sus circunstancias precisas, todo lo que llevó a establecer que se trata de una prueba legal y que reviste carácter vinculante para el juez.

Es claro y así fue interpretado por el legislador la importancia de la realización de la pericia tendiente a demostrar que loshechos verificados trajeron aparejada o no el agravamiento del riesgo y por tanto si el asegurador no hubiere celebrado el contrato o, en su caso, realizado en otras condiciones. Huelga señalar que la prueba de la existencia del “agravamiento del riesgo” recae sobre el asegurador por lo que su omisión y sin perjuicio de otros medios probatorios intentados el juez deberá rechazar la defensa opuesta con sustento en este argumento. Debe aclararse que el art. 37 de la Ley 17.418 (tampoco el art. 5 relativo a la reticencia) establece que las conclusiones del juicio de peritos deban ser impuestas al juez. Es claro que los magistrados, por los tecnicismos propios de la materia, puedan seguir lo dictaminado por los expertos, aunque podrían prescindir de ellos cuando fueren arbitrarios o carentes de fundamentación. Debe reconocerse que esta cuestión relativa al denominado juicio de peritos no ha sido pacifica y ha llevado a reconocidos juristas y doctrinarios ha tomar distintas posiciones interpretativas al respecto.

La prueba de peritos es, por tanto, esencial, irremplazable y de no concretarse el órgano jurisdiccional deberá rechazar la defensa del asegurador fundada en este argumento. Empero el denominado juicio de peritos ha generado múltiples confusiones en torno a su alcance, aplicación de las normas adjetivas, verdadero carácter de “prueba legal”, entre otros aspectos. Así se interpreta en la actualidad que la expresión juicio de peritos no trasunta una decisión sobre aspectos técnicos y con alcances definitivo para el juez y las partes. Bien se ha indicado que para poder pronunciarse el juez sobre la agravación del riesgo (al igual que en la reticencia) se debe producirse, por imperio legal, la prueba de peritos a fin de establecer la trascendencia del verdadero estado del riesgo que hubiera tenido para impedir o modificar la celebración del contrato de seguro por parte de la entidad aseguradora. La producción del denominado “juicio de peritos” (art. 5 y 37) de la L.S. podría verse encauzando, en la práctica judicial, en torno a las normas procesales relativas a la prueba pericial técnica, sin perjuicio de lo establecido en materia de la pericia arbitral del art. 773 del CPCCN u otras disposiciones adjetivas locales similares, aunque no puede desconocerse jurisprudencia que ha sostenido la necesidad de la realización del juicio de peritos o pericia arbitral que es un proceso.

Es fundamental, en consecuencia, la realización de la pericia técnica correspondiente, impuesta por imperativo legal, aunque bien podría el juez prudencial y fundadamente prescindir de sus conclusiones ya que lo contrario implicaría otorgarle carácter decisorio a las conclusiones periciales y dejar al juez sustituido para decidir la cuestión esencial. Además de lo expuesto, y sin perjuicio de los otros medios probatorios, la realización de pericia contable que adquiere valor para determinar, en su caso, la modificación del valor de la prima, aspecto fundamental probatorio para demostrar el real agravamiento del riesgo.


(*) Fuente: Revista Derecho + Seguros, abril 2018 Año 2 Nº 2, de la Asociación para el Estudio del Derecho de Seguros del Interior Argentino(“AEDSIA”). http://www.aedsia.org/2018/05/08/revista-derecho-seguros-abril2018-a2-n2/

(**) Abogado Egresado de la Universidad Católica de Córdoba. Abogado Apoderado de Compañías de Seguros. Socio de Estudio Jurídico Bas & Asociados. Miembro de AEDSIA

[1] RUBÉN S. STIGLITZ, “Derecho de Seguros, Tº II, Ed. Depalma, pág. 65 y ss.

[2] LOPEZ SAAVEDRA, Domingo M. “LEY DE SEGUROS 17.418-Comentada-2º Ed. Actualizada. Tº I. Ed. La Ley, pág. 88 y ss.

[3] LOPEZ SAAVEDRA, Domingo M. opus citada pág. 259 y ss.

[4] RUBÉN S. STIGLIZ, opus citada, pág. 70

[5] HALPERÍN, Isaac “SEGUROS” Ed. Depalma, pág. 476 y ss.

Citar: elDial.com - DC25A5

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