script src="https://my.hellobar.com/550c6ad70a192aa4b2ce4bd1b7b07e8f4ea2712f.js" type="text/javascript" charset="utf-8" async="async"> El caso fortuito y la responsabilidad del Estado.

El caso fortuito y la responsabilidad del Estado.

Comentario al fallo “Cadenas Gonzalo y otros c/ GCBA s/ daños y perjuicios” de la CCAyT de la CABA(*)

Por Gastón Urrejola(**)

I.- El caso

En diciembre pasado la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en adelante C.A.B.A.) desestimó, en parte, el recurso de apelación interpuesto por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en adelante GCBA), en lo relativo a los hechos fortuitos invocados por la demandada.

En abril de 2007 el actor J. C, se desplazaba por la calle Carlos Calvo conduciendo un vehículo, propiedad de su hermano, el coactor G.C. Mientras circulaba por dicha arteria, un árbol que se encontraba en la acera se desplomó sobre el techo del rodado causando daños materiales al mismo.

A raíz del accidente los hermanos iniciaron demanda contra el GCBA por los daños y perjuicios ocasionados por el árbol, entendiendo que era responsabilidad del Gobierno cuidar y mantener el arbolado público.

En su contestación, la demandada argumentó que el fuerte temporal que vivió la Ciudad el día del siniestro colaboró a que se desplomara el árbol y, por ello, se trató de un hecho fortuito en los términos del art. 514 del Cód. Civil. Por lo tanto quedaba eximido de responsabilidad pues ese hecho rompe el nexo causal (presupuesto necesario para atribuir responsabilidad al Estado).

El juez de primera instancia entendió que el GCBA era el responsable del cuidado y del mantenimiento de los árboles de la Ciudad, e indicó que correspondía desestimar la defensa fundada en el caso fortuito, porque la accionada no había demostrado que la tormenta del día del siniestro hubiera tenido la magnitud para poder catalogarla como extraordinaria[1]. Así las cosas, en su expresión de agravios, la demandada volvió a indicar que la tormenta de ese día (17/4/2007) configuró un hecho fortuito que rompe el nexo de causalidad.

Ahora bien, el sentenciante de segunda instancia entendió que ese agravio no reunía los requisitos establecidos en el art. 236 del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la C.A.B.A.[2] es por ello que lo desestimó y confirmó la sentencia de la instancia anterior.

II.- Análisis de la cuestión

La demandada alega que hubo caso fortuito, entendido como aquella situación o evento que no pudo preverse o, habiendo sido previsto, no se pudo evitar (ex art. 514 CC, actual 1730 CCC) y en virtud de este fenómeno, se exime de responsabilidad alguna pues el nexo causal estaría viciado. En este orden de ideas y analizando la cuestión desde el derecho privado, el caso fortuito puede excluir de responsabilidad al autor del daño ya que éste no la causó, sino ese hecho que aconteció. Ahora bien, la carga de la prueba está en cabeza del deudor, quien alega el acaecimiento del caso fortuito para eximirse de responder; por su parte, al acreedor sólo le interesa probar el incumplimiento de la obligación[3].

Como punto de partida considero importante analizar la “previsibilidad”, esto es, la facultad de un sujeto de considerar que un determinado hecho podría ocasionar uno o varios daños. En este sentido, la doctrina[4] considera que si ese conocimiento no es exclusivo del agente sino que también puede ser advertido por el hombre medio, entonces es generalmente regular para provocar el resultado; esto es conocido como consecuencia inmediata puesto que son efectos que acostumbra a producir un hecho, y por lo tanto, son efectos captables para el hombre[5]. En este orden de ideas, el Código Civil y Comercial de la Nación establece en el art. 1727 que “Las consecuencias de un hecho que acostumbran a suceder según el curso natural y ordinario de las cosas, se llaman en este Código “consecuencias inmediatas”. Esto se relaciona directamente con el fallo en comentario toda vez que la Administración Pública intenta valerse de un hecho que, dada su magnitud, previsiblemente puede tirar árboles y, a raíz de esas caídas, es susceptible de provocar daños no solo materiales sino también a personas humanas. Es dable indicar que el mentado Código menciona a la previsión pero no indica en qué consiste ni cuando un hecho es previsible. Ahora bien, lo que si expresa, es que aquello que se considera como previsible, y que por su orden natural pueda ocasionar un daño, entonces se debe indemnizar por el resultado dañoso de ese hecho.

A nivel Federal la ley 26.944, de Responsabilidad del Estado, establece en su art. 2° los casos en los que se eximen de responsabilidad. Puntualmente en su inc. a) establece: “Por daños y perjuicios que se deriven de casos fortuitos o fuerza mayor…”. Perrino considera que un hecho dañoso es ajeno o extraño al agente dañador, cuando se produce fuera de la esfera de actuación de éste[6]. En el caso bajo análisis el daño se produjo dentro del ámbito de actuación de la Administración, es por ello que no se le aplicaría el artículo citado.

La ley 5460, de Ministerios de la C.A.B.A, regula en el art. 25 las competencias del Ministerio de Ambiente y Espacio Público; precisamente en el inc. 7 expresa: “Diseñar e instrumentar las políticas para los espacios verdes y arboleda urbana de alineación…”. Es decir que, en el caso, era este Ministerio quien tenía el deber de controlar el estado de los árboles y, eventualmente, tomar las medidas pertinentes para su mantención y evitar las potenciales caídas. Por su parte, el Decreto 329/16 (Reglamentario del art. 25 de la Ley de Ministerios) creó la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público que tiene entre sus funciones “…Diseñar y ejecutar las políticas de Mantenimiento Integral del Espacio Público en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en materia de: Pavimentación, Bacheo, Veredas, Puentes y Viaductos, Arbolado Público Urbano, Alumbrado Público, Espacios Verdes y; ejecutando el presupuesto asignado para cada actividad…”[7] (Lo resaltado en negrita me pertenece). Con lo explicado hasta aquí, encontramos el encuadre jurídico a las obligaciones de la Administración de la Ciudad como así también el organismo encargado de prestar el servicio público de mantención de arboleda. En virtud de ello es que coincido con la postura de Perrino al indicar que el GCBA debería indemnizar, pues el daño se produjo en la órbita de su actuación.

Continuando con el análisis, podría decir que estamos, también, ante el caso de responsabilidad del Estado por omisión de la Administración; la cual estaría dada por la eventual falta de control del estado de árboles, o bien, de no tomar las medidas para evitar la caída de los mismos. Siguiendo a Comadira, la omisión tiene lugar cuando un poder público, en ejercicio de alguna de las funciones estatales, omite la realización en forma total o adecuada de la conducta a la que se encontraba obligado[8]. Desde este punto de vista, considero que se da el presupuesto de responsabilidad pues la Administración no ejecutó sus competencias esenciales tendientes a la conservación del arbolado, siendo ésta una competencia primaria, es decir, que “entendía” en la materia. En este sentido tiene establecido la Procuración del Tesoro de la Nación (PTN) que un Ministerio “entenderá” cuando deba ocuparse directamente de un asunto con responsabilidad primaria[9]. Siguiendo esta misma línea argumental, el Supremo Tribunal del país se expidió al respecto en el sentido de atribuir responsabilidad al Estado por el incumplimiento de sus funciones primarias o esenciales: “…La seguridad, como deber primario del Estado, no sólo importa resguardar los derechos de los ciudadanos…” (cons. 3°) “…comprometen la responsabilidad del Estado pues importan la omisión de sus deberes primarios y constituyen una irregular prestación del servicio a cargo de la autoridad…” (cons. 4°)[10] (Lo resaltado en negrita me pertenece). Se trata, conforme Balbín, de la omisión de un deber específico[11].

Es interesante hacer la comparación con el derecho alemán en donde las indemnizaciones que debe pagar la Administración no nacen del derecho civil, sino que surge del propio derecho público a través de la “equidad”. Este instituto prevé que si por el obrar (lícito o ilícito) u omisiones de la administración se produce un sacrificio distinto o especial y esto genera un daño patrimonial al particular, automáticamente la Administración Pública debe indemnizar ese sacrificio “El derecho de equidad se ha formado solamente para el caso más llamativo, para el caso de pasaje directo de valores de una fortuna a otra sin equivalente y a pesar de la voluntad de aquel que sufre la pérdida…”[12].

III.- Conclusión

Para dar cierre al presente, podemos concluir que las lluvias fuertes no son un eximente de responsabilidad. La doctrina civilista tiene dicho que los hechos de la naturaleza, en principio, podrían ser ejemplos de caso fortuito siempre y cuando sean extraordinarios, es decir, que no sea una circunstancia habitual o común[13]. El fenómeno del calentamiento global ha llevado a que el clima porteño sea tropical, lo cual presupone tormentas y vientos fuertes con posible caída de árboles. Esto es lo “previsible” como se explicó al comienzo del presente trabajo.

Por su parte, el juzgado no criticó ni dio por inválida la defensa del GCBA sino que entendió que no estaba demostrada la existencia del caso fortuito lo cual es trascendental, en mi opinión, en este tipo de demandas.

Desde el punto de vista procesal, está en cabeza de la parte que recurre la sentencia, indicar y analizar minuciosamente cuáles son los agravios que le provoca la resolución judicial. En este orden de ideas, la Administración solo invocó el caso fortuito sin explicar cómo se vieron afectados sus derechos y por qué el juez debe revocarla. La falta de agravios determinó la postura de la segunda instancia, de fallar igual que el juez de Primera.


(*)Expte. N° 25402/0 - “Cadenas, Gonzalo y otros c/GCBA s/daños y perjuicios (excepto responsabilidad médica” - CÁMARA DE APELACIONES EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES – SALA III – 29/12/2017 [elDial.com - AAA9F1]

(**)Abogado (UBA) con orientación en Derecho Público- Administrativo. Alumno regular de la Maestría en Derecho Administrativo de la Universidad Austral y alumno regular del Profesorado Universitario de la Universidad Austral. Docente Universitario.

[1] Cadenas Gonzalo y otros c/ GCBA s/ daños y perjuicios (excepto resp. Médica). Sala III CACAyT. 29/12/2017.

[2] Art. 236 - El escrito de expresión de agravios debe contener la crítica concreta y razonada de las partes del fallo que el/la apelante considere equivocadas. No basta remitirse a presentaciones anteriores…

[3] Alterini, Atilio A.; Ameal, Oscar J.; Lopez C., Roberto, M.; “DERECHO DE OBLIGACIONES CIVILES Y COMERCIALES”, Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, pág. 357

[4] Cfr. Pizarro, Ramón D. y Buteler, Alfonso. “EL CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL Y EL IMPACTO EN EL DERECHO ADMINISTRATIVO”, Ed. La Ley, Buenos Aires, 2018, pág. 539.

[5] Pizarro, Ramón D. y Buteler, Alfonso. Ob. Cit, pág 545.

[6] Cfr. Perrino, Pablo E. “LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO Y DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS” Ed. La Ley, Buenos Aires, 2015, pág 66.

[7] Cfr. Apartado 3 del Decreto 329/16 Ap. III en pág. 35

[8] Comadira, Julio R.; Escola, Jorge E.; Comadira, Julio P.; “CURSO DE DERECHO ADMINISTRATIVO, TOMO II”. Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2013, pág. 1530

[9] Ver Dictámenes PTN 240-184

[10] CSJN “Badín, Rubén y otros c/ Buenos Aires, Provincia de s/ daños y perjuicios”. 19/10/1995

[11] Balín, Carlos F. “MANUAL DE DERECHO ADMINISTRATIVO”, 2° Edición, La Ley, Buenos Aires, 2013, pág 532

[12] Mayer, Otto. “DERECHO ADMINISTRATIVO ALEMÁN, TOMO IV”. Ed. Arayú, Buenos Aires, 1954, pág. 217.

[13] Alterini, Atilio A.; Ameal, Oscar J.; Lopez C., Roberto, M. Ob. Cit, pág 563.

Citar: elDial.com - DC257D

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