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El embargo de las cuentas sueldo bajo la lupa: breve análisis de constitucionalidad del artículo 168

Implicancias del D. N. U. 27/2018 en la faz laboral

El 11 de enero de 2018 el Boletín Oficial ofreció una novedad excluyente. Fue publicado el decreto de necesidad y urgencia 27/2018 –emitido el 10/01/2018-, titulado “Desburocratización y Simplificación”, con el cometido declarado de tornar más eficiente la gestión pública y propender al beneficio de la ciudadanía mediante el cese de procesos que, según consta en la letra de los considerandos, redundarían en cargas innecesarias.[1]

El decreto rubricado por el Presidente de la Nación, Ing. Mauricio Macri, cuenta con una gran nómina de considerandos que en materia laboral quedan plasmados en dos disposiciones fundamentales.

La primera se encuentra íntegramente referida a lo dispuesto por la ley 26.940, que tiene por objeto la promoción del trabajo registrado y la prevención de acciones fraudulentas en el ámbito laboral, para lo cual entre otras medidas creó –según su art. 1º- el del Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL). Aquellos empleadores que fueran incorporados al REPSAL permanecerán en este mientras no regularicen la infracción en que incurrieran o, bien, durante los plazos establecidos por la ley. Estos plazos a los que refiere la última cita han sido modificados por el flamante decreto, en tanto la permanencia será de treinta días en lugar de los noventa antes dispuestos desde el pago de la multa[2]. Con la ley 26.940 como centro también se ha fijado un plazo máximo de treinta días corridos desde que la sanción quede firme, para la efectivización de la inscripción en el Registro.

El segundo apartado de interés laboral que se encuentra en la extensa norma emanada por el Poder Ejecutivo, modifica el art. 147 de la Ley de Contrato de Trabajo y dispone –aunque con limitaciones- la embargabilidad de la “cuenta sueldo”.[3]

Es sobre el segundo supuesto que se referirá el presente ejercicio. En pos de esta empresa se habrá de referir aunque más no sea de modo escueto, a los considerandos en que se funda la disposición, y sin perder de vista las loables aunque discutibles intenciones que el decreto propala tendientes a fomentar la inclusión de los trabajadores en la vida bancaria, se analizará la constitucionalidad del decreto tanto respecto de su forma como del fondo.

Reseña crítica de los considerandos

El Capítulo XXII del decreto, titulado “Acceso al crédito – Inclusión financiera” exhibe variados considerandos que en conjunto, tienen por objeto persuadir en torno a la necesidad de la modificación impuesta por el art. 168 del D.N.U. en estudio.

El primero de los puntos de análisis no es más que una protocolar cita de aquello que establece la norma a modificar, siendo en este caso el actual art. 147 de la Ley de Contrato de Trabajo, modificado en 2016 por ley 27.320.[4]

En el segundo considerando que refiere a la cuestión se emprende una clara intención de persuasión en tanto afirma que la inembargabilidad de manera objetiva sobre la cuenta sueldo y no sobre el salario, reduce la calidad crediticia de los ahorristas que únicamente poseen una cuenta sueldo, suscitando ello un perjuicio en torno al acceso al crédito. Se apunta entonces al convencimiento de que la calidad crediticia –o credit scoring- de los trabajadores se encuentra estrecha e ineludiblemente vinculada con la protección legal de sus activos, de modo que se llega a la –forzada para algunos, y lógica para otros- conclusión de que a mayor protección, mayor será la restricción del crédito, o dicho de otro modo: la protección objetiva habría de traducirse como un perjuicio.

Más adelante en el texto, refiriendo a ‘poblaciones vulnerables’ se reafirma que el tener vedado el acceso a los sistemas financieros formales, ocasiona que recurran indefectiblemente a fuentes costosas o informales de financiamiento o, incluso, a sus propios recursos, para poder realizar gran parte de sus transacciones financieras cotidianas tales como endeudarse, realizar pagos, cobros y transferir dinero.

Definitivamente queda claro que atento la lectura del decreto se tiene por objeto beneficiar a los más postergados y no corresponde poner ello en tela de juicio, sin embargo, la flexibilización de una cobertura legal tendiente a quitar la protección objetiva de la que goza el trabajador en pos de que potencialmente resulte beneficiado por un sistema de servicios financieros que otrora lo excluía, es ciertamente –y cuanto menos- discutible.

Desde el Poder Ejecutivo se reafirma el cometido propuesto afirmando en otro apartado que la inembargabilidad de la cuenta sueldo detenta un nivel de protección inadecuado y que a causa de ello no solo los menos pudientes ven perjudicado el acceso al crédito, sino que ello contribuye a debilitar el sistema financiero.

Huelga decirlo pero según la Real Academia Española, ‘Inadecuado’ significa algo que no es “apropiado para alguien o algo”.[5] Cabe preguntarse entonces, ¿Para quién o qué no es apropiada la protección del art. 147 de la Ley de Contrato de Trabajo?

A priori hay dos respuestas posibles. Podría no ser apropiado para el trabajador que una norma de orden público proteja la integralidad de su cuenta sueldo o; podría ser que la protección objetiva sobre la cuenta sueldo no resultara apropiada para la consecución del fin último de promover la inclusión financiera.

Basados en el derecho del trabajo, sus fuentes y principios, difícilmente se pueda llegar a la conclusión de que la protección del trabajador resulte ociosa, o que esta pudiera resultar virtualmente excesiva -si es que desde algún lugar se puede sostener que la protección del trabajador pudiera tomar ese matiz de exceso-. Por este motivo es que en pos de fortalecer el sistema financiero lo más adecuado sería tomar otra alternativa que no conculque niveles de protección alcanzados por los trabajadores.

En suma, no hay duda de que ampliar el espectro patrimonial del que el acreedor puede valerse para cobrar su crédito ampliará -en tanto prime la buena voluntad de las entidades crediticias- las probabilidades de obtener préstamos, sin embargo ante ello se oponen interrogantes insoslayables que hacen a la validez del decreto tanto en derredor de su fondo como de la forma.

¿Limitar la protección con que cuentan los trabajadores es la única alternativa para lograr la ansiada inclusión financiera? ¿Es esta una medida que garantice a corto –o inmediato- plazo el otorgamiento de créditos para los trabajadores o en pos de un eventual beneficio se ha sellado una desprotección? ¿El acceso al crédito de los “más vulnerables” detenta necesidad y urgencia que justifique un decreto presidencial?

Análisis de constitucionalidad del art. 168 del D.N.U. 27/2018

En primer lugar y habida cuenta de que el Decreto de Necesidad y Urgencia modificó disposiciones laborales que fueron oportunamente sancionadas por las vías legislativas convencionales, es menester tener presente que el dictado de un decreto de necesidad y urgencia ha de cumplir con los requisitos exigidos por la Constitución Nacional. Esto es:

a) Circunstancias excepcionales;

b) Imposibilidad de seguir los trámites ordinarios previstos por la Constitución Nacional para la sanción de leyes;

c) Que no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o de régimen de los partidos políticos.

Al menos en el caso que atañe, surge de una sencilla lectura que el acápite c) se encuentra satisfecho, no obstante lo cual los primeros dos requisitos no se han cumplimentado en lo absoluto, a razón de lo cual se adelanta, no debiera haber objeción en torno a declarar la inconstitucionalidad de la medida.

En pos de fundamentar lo expuesto, enseña Cassagne que la emergencia como estado de necesidad en que pudiera estar inmerso el Estado encuentra límites precisos, los cuales han sido oportunamente desarrollados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.[6]

Afirma el autor que a los efectos de asegurar la constitucionalidad de la legislación de emergencia deviene fundamental analizar los hechos que configuran el estado de necesidad que origina la situación excepcional conforme la cual se vería justificado el accionar del Poder Ejecutivo que, sea dicho, es contrario al art. 76 de la ley suprema pues salvo emergencia pública “prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo”.[7]

En consonancia, puede citarse doctrina de la Corte Suprema en que, con meridiana claridad, expresa qué se entiende por emergencia y de qué modo ello repercute en la aquí discutida potestad del Poder Ejecutivo. El máximo tribunal sostuvo que la ‘emergencia’ está dada, como principio general, por un hecho cuyo ámbito temporal difiere según circunstancias modales de épocas y sitios, a lo que para dar mayor precisión, afirmó que es aquella situación que gravita sobre el orden económico-social, posee una carga de perturbación acumulada, y exhibe variables de escasez, pobreza, penuria o indigencia a la que debe ponerse fin.[8]

Conforme lo previo, y sin perjuicio de los beneficios potenciales que la inclusión financiera propuesta por el Poder Ejecutivo podría representar, ha de tenerse por no cumplida la condición de ‘emergencia’.

Cualquier duda desde lo exegético queda despejada a la luz de la contundencia del maestro Bidart Campos, quien sostuvo: “…la mención de la excepcionalidad agrega palabras que no soportan tergiversaciones oportunistas; así, cuando dice que las circunstancias excepcionales hacen imposible el seguimiento del procedimiento legislativo, hemos de entender que esta imposibilidad no alcanza a alojar una mera inconveniencia, ni habilita a elegir discrecionalmente, por un puro criterio coyuntural y oportunista, entre la sanción de una ley y la emanación más rápida de un decreto”.[9]

Surge entonces la necesidad de explicar más que por oposición, por aproximación, por qué no se cumple con el requisito mencionado. El derecho administrativo expone por vía de definición una razonable diferencia entre la ‘emergencia’ y la ‘utilidad pública’. Guiados por Marienhoff[10] se puede concluir en que la ‘utilidad pública’ reviste causas concretas, precisas y claras; mientras que la emergencia refiere a una situación genérica, posiblemente indeterminada y que representa una causa fundamental para la subsistencia de la sociedad y del Estado.

Intentando evitar la crítica valorativa, no cabría más que suponer que al menos la disposición que opera en el art. 164 del D.N.U. habría sido emanada como producto de la confusión terminológica antes presentada.

Para el conjunto que omite o niega de plano un posible error de conceptualización en torno de la actividad legislativa del Poder Ejecutivo y reafirma su intencionalidad, quedan reservadas las palabras de Gordillo quien sostuvo en su célebre tratado de derecho administrativo que en la práctica, el decreto de necesidad y urgencia opera como una forma de presión política del Poder Ejecutivo sobre el Congreso, ante la opinión pública, obligándolo en cierto modo a pronunciarse; lo que además, impone de modo tortuoso y deformado, una denegación total y una abdicación del poder legislativo y judicial en manos del Ejecutivo.[11]

Tras haber desarrollado aunque más no sea de modo escueto los fundamentos por los cuales la forma del Decreto 27/2018 permite tacharlo de inconstitucional, corresponde entablar un análisis análogo en derredor del fondo, es decir, aquello que efectivamente pretende legislar.

El art. 168 del D.N.U., comprendido por un capítulo que versa sobre el acceso al crédito dispone sustituir el párrafo tercero del artículo 147 de la Ley N° 20.744, por el siguiente texto:

“A los fines de hacer operativas las previsiones contenidas en el presente artículo, en forma previa a la traba de cualquier embargo preventivo o ejecutivo que afecte el salario de los trabajadores se deberá procurar el mismo ante el empleador para que éste efectúe las retenciones que por derecho correspondan. Trabado el embargo, dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas, el empleador deberá poner en conocimiento del trabajador la medida ordenada, debiendo entregar copia de la resolución judicial que lo ordena. No podrán trabarse embargos de ningún tipo sobre el saldo de la cuenta sueldo en la medida de que se trate de montos derivados de una relación laboral y/o de prestaciones de la seguridad social cuando ese importe no exceda el equivalente a TRES (3) veces el monto de las remuneraciones y/o prestaciones devengadas por los trabajadores y/o beneficiarios en cada período mensual, según el promedio de los últimos SEIS (6) meses. En caso de que el saldo de la cuenta proveniente de una relación laboral y/o de prestaciones de la seguridad social exceda tal monto, el embargo se hará efectivo sobre la suma que exceda el límite fijado por el presente artículo”.[12]

La protección sobre la cuenta sueldo del sujeto trabajador es de acuerdo a la norma en estudio de carácter “objetivo”. Esta protección objetiva no es más que una protección amplia que se pretende limitar por vía del decreto, de manera tal que en una primera aproximación surge lógico en cualquier análisis de tipo ius laboralista que se estaría contrariando el principio de progresividad.

No ha quedado autor por tratar teóricamente este principio, incluso se han dedicado a este ríos de tinta, motivo por el cual huelga traer una definición profunda del mismo. Sin embargo, para contextualizar este análisis cabe rememorar que el llamado "principio de progresividad" está inserto en el diseño del Derecho Internacional de los Derechos Humanos en general, y del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) en particular, según el cual todo Estado Parte se compromete a adoptar medidas para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos reconocidos (art. 2.1).[13]

Este rígido manto protectorio, a cuya incorporación sistemática se denomina "progresividad", se ha de ensamblar dentro del plexo contractual, de modo que el trabajador no debería sufrir detrimento alguno; máxime cuando los Estados se encuentran obligados a "garantizar el ejercicio y disfrute de los derechos de los individuos en relación con el poder, y también en relación con actuaciones de terceros particulares".[14]

Dicho de otro modo, implica un sistema de normas específicas que resguarda contenidos mínimos, vedando toda posibilidad de acto dispositivo posterior, por cualquier medio que fuere, que implique minoración de los estándares de amparo que goza el dependiente.[15]

Es menester recordar que el “principio de progresividad” se encuentra cimentado no solo por disquisiciones de tipo teórico o un origen académico pretendida y ciertamente progresista, sino que se sustenta en la Constitución Nacional, los tratados y convenios de la Organización Internacional del Trabajo, entre otras fuentes propias y comunes con demás ramas del derecho.

Incluso la Corte Suprema de Justicia de la Nación que en varias ocasiones se explayó al respecto, sostuvo oportunamente en autor “RENATRE c/Poder Ejecutivo Nacional y otros/ acción de amparo”, que no sólo es un principio arquitectónico del Derecho Internacional de los Derechos Humanos sino también una regla que emerge del mismo art. 14 bis de la Constitución Nacional , pues durante los debates de la Convención Constituyente que incorporó dicho artículo se dijo que “un gobierno que quisiera sustraerse al programa de reformas sociales iría contra la Constitución, que es garantía no solamente de que no se volverá atrás, sino que se irá adelante”.[16]

Jurisprudencia y doctrina refieren a la importancia trascendental del principio de progresividad dando muestra de su vigencia y su carácter funcional e inmanente respecto del derecho del trabajo, motivos todos por los cuales en simples palabras no puede admitirse que la eliminación o reducción de un resguardo ya adquirido por los trabajadores no implique la vulneración del mismo y la consecuente violación de las disposiciones constitucionales.

Colofón

No cabe duda alguna que la disposición en torno a la embargabilidad de las cuentas sueldo claramente conculca un nivel de protección superior en pos de obtener un beneficio potencial en el área económico-financiera, que sea dicho, pudiera o no tener lugar.

Sin perjuicio de cualquier exposición argumental, la intención gubernamental en torno a beneficiar a los trabajadores por medio de la inclusión financiera y fundamentalmente facilitar el acceso al crédito no ha de ser puesta en tela de juicio, pues no cabe en este escrito dar preeminencia a lo axiológico por sobre los razonamientos técnico-jurídicos, que como se ha visto, se presentan variados y contundentes.

De este breve análisis surge que los requisitos fundamentales exigidos para asegurar la constitucionalidad del decreto en cuestión no se encuentran cumplidos en cuanto a la forma, y menos aún en lo que respecta al contenido, motivo por el cual revalidar el actuar del Poder Ejecutivo vulneraría –nuevamente- las bases republicanas y la división de poderes sobre las que descansa la Nación.

En suma, y como última muestra de la ilegitimidad de este decreto, han de ponerse de relieve dos lúcidos pensamientos complementarios.

En derredor de la forma es ajustado citar a Gordillo, pues oportuna y enfáticamente sostuvo que no resulta conveniente fomentar la confusión llamando ‘leyes’ a los decretos de necesidad y urgencia, pues ello “no sirve a la constitucionalización de país”[17]; mientras que por otra parte y en último orden, ilustrando el fondo de la cuestión devienen notables las palabras de Cornaglia considerando que un derecho del trabajo regresivo, es impensable, asistémico e inconstitucional, así como también ha de tenerse presente por sobre todas las consideraciones que el carácter progresivo del derecho del trabajo no es una nota pasatista a la que corrientes conservadoras de política social puedan borrar[18].

(*) Abogado (UBA). Docente de la asignatura “Elementos de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social” (UBA), Especializado en Derecho del Trabajo (UBA), Maestría en Derecho del Trabajo (UBA). Periodista, autor de artículos varios de temáticas jurídicas.

[1] Boletín Oficial Nº 33.789 - Primera Sección, 11 de enero de 2018, pág. 3.

[2] Boletín Oficial Nº 33.789 - Primera Sección, 11 de enero de 2018, pág. 47-48.

[3] Boletín Oficial Nº 33.789 - Primera Sección, 11 de enero de 2018, pág. 51-52.

[4] Boletín Oficial Nº 33.523 – Primera Sección, 15 de diciembre de 2016, pág. 3.

[5] Real Academia Española. Referencia digital: http://dle.rae.es/?id=0i9eAFV

[6] CASSAGNE, Juan Carlos: “Los Grandes Principios del Derecho Público Constitucional y Administrativo”, Ed. La Ley, 2015, pág. 280-286.

[7] Obra citada.

[8] CSJN, 27/12/1990, “Peralta, Luis Arcenio y otro c/ Estado Nacional (Ministerio de Economía - BCRA.) s/ amparo”, Ref.: 313:1513.

[9] BIDART CAMPOS, Germán J.: “Tratado Elemental de Derecho Constitucional Argentino”, Tomo VI, Ed. Ediar, 1995, pág. 433.

[10] MARIENHOFF, Miguel F.: “Tratado de derecho administrativo”, Tomo IV, Ed. Abeledo Perrot, 2011, pág. 69.

[11] GORDILLO, Agustín: “Tratado de derecho administrativo y obras selectas”, Tomo I, Parte general, Ed. Fundación de Derecho Administrativo, 2017, pág. VII-32.

[12] Boletín Oficial Nº 33.789 - Primera Sección, 11 de enero de 2018, pág. 51-52.

[13] GRISOLÍA, Julio A.: “Tratado de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social”, Tomo I, 1ra edición, Ed. Abeledo Perrot, 2013, pág. 287-290.

[14] Corte Interamericana de Derechos Humanos, Condición jurídica y Derechos Humanos del Niño, Opinión Consultiva OC-17/2002, 28-8-2002, Informe anual de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 2002, San José, 2003, págs. 461/462, párr. 87 y sus citas) citado en CSJN, 21/09/2004, “Aquino, Isacio c/ Cargo Servicios Industriales S.A. s/accidentes ley 9688”.

[15] GOLDÍN, Adrián: “Curso de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social”, Ed. La ley, 2010, pág. 123.

[16] CSJN, 24/11/2015, “RENATRE c/ Poder Ejecutivo Nacional y otro s/ acción de amparo”, Ref.: 338:1347.

[17] GORDILLO, Agustín: “Tratado de derecho administrativo y obras selectas”, Tomo I, Parte general, Ed. Fundación de Derecho Administrativo, 2017, pág. VII-4.

[18] CORNAGLIA, Ricardo J.:“El principio de progresividad y su conceptualización en la reciente jurisprudencia de la corte suprema” en Doctrina Laboral, Nº. 234, Ed. Errepar, febrero de 2005, pág. 107 y ss.

Citar: elDial.com - DC24A6

Publicado el 23/02/2018

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