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El Interés Social y los Conflictos de Intereses en el Seno Societario


Lorena R. Schneider [1]

1. La noción huidiza del interés social [arriba] - 

Cualquiera sea el tema que pretenda abordarse desde la óptica societaria, podría afirmarse –sin vacilaciones-, que implica la necesidad de posar la vista, una vez más, sobre la aún sombría y huidiza noción del interés social. En tal sentido, no estamos ante un nuevo debate, pero sí, de gran actualidad, sobre todo a la luz del significativo avance que el derecho societario ha tendido en los últimos tiempos en gran cantidad de países, no sólo en el ámbito de las sociedades cerradas o no cotizadas, sino también en el de las sociedades abiertas, o cotizadas.

Pues bien ha dicho Calero Guilarte que quien examine las aportaciones doctrinales sobre el interés social tendrá la sensación que en su debate, asistimos a la renovada utilización de argumentos ya conocidos, que reducen la cuestión con frecuencia, a un movimiento pendular entre las posiciones contrapuestas[2].

Conviene advertir que queda lejos del propósito de estas páginas el exponer tan amplio debate. Esa oscilación tiene mucho que ver con la evolución de la situación económica. Un buen argumento (por su notoriedad y proximidad en el tiempo) a favor de la concepción institucional del interés social como interés de empresa lo ofrece la solución dada a las crisis de algunas relevantes empresas en distintos países.

La determinación del interés social obliga a que afloren fundamentos ideológicos en la orientación de lo que se concibe como una actividad empresarial adecuada. La aproximación que se propone en torno a la evolución del interés social conduce a otro de los tópicos del debate sobre el Derecho de sociedades en los últimos años: la desregulación, como alternativa al vigente modelo legislativo.

Quienes han abordado con rigor esta cuestión sitúan el debate en términos muy próximos a los que provoca el intento de determinar cuál debe ser el interés social en la gran sociedad anónima actual. La relación entre el Derecho de las sociedades de capital, el del mercado de valores y los ordenamientos próximos (aquellos que buscan tutelar en particular la posición de los acreedores o intereses extraños a los de los accionistas: los ordenamientos tributario, laboral o contable) es, sin dudas, un problema esencial en la regulación de la anónima actual y, dentro de ésta, en relación con cuál pueda ser la adecuada determinación del interés social[3].

Esa relación se inicia, en todo caso, de la afectación por la actividad de cualquier sociedad bursátil de una serie de intereses diversos cuyo conflicto, protección y jerarquía están íntimamente vinculados con la noción del interés social. Dado que la sociedad cotizada es el tipo que acoge a las grandes empresas, es en su seno en donde se advierten con mayor nitidez los intereses contrapuestos entre distintos grupos de sujetos y entre los pertenecientes a un mismo grupo. Por tratarse de una noción sobre la que se proyectan principios ordenadores de la actividad empresarial (susceptibles de llevarnos más allá del Derecho societario) y, desde la que se resuelven no pocos problemas y conflictos societarios.

La reacción de los respectivos gobiernos ha sido coincidente en el anuncio de la concesión de ayudas públicas, que vendrían justificadas por la negativa repercusión que sobre los intereses generales tendría la consolidación de esa situación crítica, tanto por la eventual desaparición de las empresas afectadas, como por la pérdida de gran número de puestos de trabajo. La práctica de la totalidad de las empresas que protagonizan esa situación son sociedades cotizadas. En esas situaciones se manifiesta una de las reflexiones tradicionalmente provocadas por el debate en torno al interés social. Se trata de su relación con el interés general o bien común, contradictoria con la opinión que vincula el interés social con el de los accionistas[4].

En el derecho argentino, el “interés social” ha sido sin duda, uno de los principios orientadores de la normativa societaria, particularmente a partir de la ley 19.550. La LGS ha acogido la noción de “interés social” en varias de sus disposiciones (arts. 70, 248, 270, 271, 275, 280, etc.). De tal modo, Halperín[5] hace ver que “es exacto que el socio persiga el máximo beneficio con el mínimo sacrificio, pero este fin personal debe subordinarse al fin común perseguido por la sociedad a través del objeto social y la administración del patrimonio social confiado a los órganos sociales y agrega que éste es un concepto “fundamental del funcionamiento de la sociedad (actuación de socios y de los órganos sociales), que halla su fuente en la causa y en la lealtad de actuación de los socios e integrantes de los órganos (arts. 248, 59, 251, 70 LGS.), que bien puede concretarse o completarse… con la buena fe en la ejecución del contrato social (art. 1198 del CCiv.)”.

En nota aclara que estas precisiones, indicando que el “interés social” debe vincularse a: 1) la obligación de corrección de las relaciones intersubjetivas; v.gr., trato igualitario para todos los accionistas, aun cuando exceda de las exigencias legales (v.gr. aviso personal para los amigos; o plazo exiguo para los residentes en el exterior); 2) el ejercicio de buena fe; 3) el ejercicio abusivo de los derechos. A pesar de lo expuesto, concluye diciendo que “la noción de interés social es objetiva” (no psicológica) y se la apreciará en concreto.

2. El interés social en relación con el conflicto societario y los conflictos de intereses [arriba] - 

Uno de los sociólogos más importantes que se ha ocupado de reformular la teoría de los conflictos sociales, es Ralf Gustav Dahrendorf, considerado como su principal representante. Este autor parte de un análisis de la obra de Marx, viendo las contribuciones a la teoría de los conflictos sociales y señalando las críticas. Así, formuló: “…En “La Miseria de la Filosofía”, Marx se vio obligado a considerar las condiciones bajo las cuales se constituyen las clases económicas: “las condiciones económicas transformaron primero a la masa de la población en trabajadores. La dominación del capital ha creado a esta masa una situación común, intereses comunes. Así pues, esta masa ya es una clase con respecto al capital, pero aún no es una clase para sí. En la lucha… esta masa se usa y se constituye como clase para sí. Los intereses que defiende se convierten en interese de clase (…).”[6].

Brevemente podría decirse que como aporte a la teoría del conflicto, Marx entiende al conflicto, como el motor del cambio; su fundamento, es la relación de dominación por el control diferencial de los medios de producción; su naturaleza, es la lucha de clases; su expresión, es la revolución, y su consecuencia: cambio social radical, lucha sin clases.

Señala Marx, que los factores estructurales del cambio social son de dos tipos diferentes: los exógenos, que actúan sobre el sistema desde afuera (difusión de técnicas y conocimientos, situación geográfica, etc.), y endógenos, que surgen del propio sistema, por su peculiar estructura y funcionamiento. Y agrega, que el propio sistema social origina fuerzas endógenas que lo transforman como la lucha de clases producto de las contradicciones internas de la sociedad capitalista. Sobre ello, Marx ha reducido todos los conflictos sociales a luchas de clases[7].

A su juicio, ello representa una simplificación extrema, ya que existen conflictos no reducibles a esa dialéctica de clases. Asimismo, otro punto de desacuerdo, entre Dahrendorf y Marx, es la afirmación de que el conflicto de clases desemboca necesariamente en revolución social. Esto supone una concepción y un análisis estático de la lucha de clases, al considerar que todo conflicto desemboca en revolución y que ésta es el único momento dinámico de la historia que posibilita la estructuración de un nuevo sistema social. Marx olvida las formas de evolución social con transformaciones constantes del propio sistema, le permiten perpetuarse y evitar la revolución. El caso más frecuente de solución a un conflicto social es para Dahrendorf, el de la clase dominante que adopta nuevas ideas y se auto -transforma de manera adecuada, para desactivar los posibles actores de una revolución[8].

Podemos aceptar entonces que generalmente el conflicto gira en torno al poder. A esos fines, Dahrendorf, dispone del elemento poder como el centro de su análisis, señalando que el análisis de los conflictos tiene que indagar en los factores estructurales, y que la principal fuente estructural de conflictos es la desigual distribución de la autoridad. La autoridad existe en toda colectividad y forma parte de su organización, de modo que siempre existirán relaciones de dominación en la sociedad, desde las burdas estructuras totalitarias a las más refinadas de la democracia[9].

Se infiere que para el mencionado autor la distribución de la autoridad social es dicotómica y, que existe el estado de privación absoluto de ella. Esta radical dicotomía de autoridad conlleva a la dualidad extrema de oponentes, favoreciendo el funcionamiento del conflicto social y provocándolo de manera estructural y persistente. Y sostiene: “…dondequiera que se juntan los hombres y fundan formas sociales, hay algunos que en razón de su posición social dentro de un campo concreto y respecto a los demás, poseen poderes de dominio y, otros, que en sus posiciones sociales, se encuentran sometidos a estos mandatos…”[10].

Lo cierto es, pues, que se presenta el elemento “poder”, como centro principal dentro del cual luego desarrolla la teoría del conflicto, de la misma manera que lo hace el sociólogo L. Coser, quien define al conflicto social como “… la lucha por los valores y, por el status, el poder y los recursos, en el curso de la cual los oponentes desean neutralizar, dañar, o eliminar a sus rivales…”. Agrega, además, “…todo sistema social implica una distribución del poder, así como de riqueza y posiciones de status entre los actores individuales y los subgrupos componentes (…). El conflicto sobreviene cuando diversos grupos e individuos frustrados se esfuerzan por aumentar su parte de gratificación (…)[11].

En la doctrina nacional, puede citarse a Gulminelli, quien también ha destacado el elemento “poder”, como elemento del conflicto, analizando en su obra, ya mencionada en este análisis: “el poder oculto que controla el mundo”[12]. Lo mencionado da pie –precisamente-, a examinar en punto siguiente, los conflictos de intereses, surgidos en el seno de las sociedades mercantiles.

Podría temerse –dice Vivante[13]-, que la íntima comunidad de intereses que entre la sociedad y los socios existe[14], pudiera hacer peligrar de una parte la estabilidad del ente y, de otra, la libertad patrimonial de los socios. Pero la disciplina jurídica de la institución, con un perfeccionamiento técnico del que no hay semejante en la disciplina de otras personas jurídicas, concilia la doble autonomía patrimonial de la sociedad con la de los socios, mediante un ordenamiento que tiene un embrión en las sociedades colectivas y se desenvuelve en una admirable construcción jurídica en las de responsabilidad limitada, especialmente las que tienen su capital dividido en acciones.

De tal manera, la concepción de la sociedad capitalista como nexo de las relaciones contractuales entre diferentes categorías de sujetos (socios, administradores, acreedores, trabajadores, etc.), exhibe con frecuencia la aparición de conflictos de intereses entre ellos. Tal situación desencadena –casi de modo inevitable-, la aparición de conflictos de intereses de índole variada. Este hecho hace peligrar –como es lógico-, al interés social y, en consecuencia, a la propia sociedad.

La esencia y el fundamento de toda sociedad descansa en la existencia de un fin común que unifique las voluntades particulares de los socios. Es indudable que el socio busca en la sociedad la satisfacción de un interés propio e individual que no tiene por qué subordinarse en todo caso al interés de la sociedad, pero en modo alguno puede buscarse contra la sociedad, sino justamente a través del interés social dado que, sin convergencia de los intereses individuales de los socios en un interés único y común, no se podría hablar de sociedad. En el ámbito societario son múltiples los intereses de los socios en la sociedad cuya defensa resulta del todo legítima, a diferencia de lo que sucede con los administradores que en el ejercicio de sus funciones no pueden perseguir intereses distintos al interés social[15].

Desde este punto de vista, la fuente del conflicto puede ser: a) una relación contractual previa o una serie de contratos suscritos que entran en conflicto cuando el titular de dicho conflicto (“conflict bearer” o portadores de conflicto) tiene que decidir a favor de alguno de ellos a expensas del otro; b) una obligación de carácter extracontractual, en la cual terceros interesados tengan el derecho de exigirle legalmente un comportamiento diligente y leal y, otra contractual, donde esta persona está sujeta (ex contractu) a defender un interés confrontado y, debe decidir a cuál de ellos atribuir prioridad y, c) asimismo, cabe que la fuente del conflicto radique en varias obligaciones de carácter extracontractual. A mayor abundamiento, cabe decir que no existe una metodología legal para medir la extensión y los límites de este concepto jurídico[16].

La doctrina lo define como un concepto multidisciplinar, posando la vista en dos nociones fundamentales: (i) una situación en la cual dos o más personas físicas o jurídicas con un interés legítimo entran en conflicto con ocasión de la celebración de uno o varios contratos, y una de ellas debe decidir si favorecer o no sus propios intereses o los de personas relacionados con ellos por razones, hechos o situaciones ajenas a dichos contratos y, (ii) una situación de hecho en la cual alguien que sirve a dos o más intereses se posiciona en una situación privilegiada a costa de uno o más de los individuos cuyos intereses se contraponen. Este concepto tiene en cuenta, a diferencia del anterior, el comportamiento moral del individuo que presuntamente abusa de su posición privilegiada[17].

El estudio del conflicto de intereses y de los instrumentos jurídico-societarios previstos para llevar a cabo una función preventiva exige la previa delimitación de cuál debe ser, de entre los diversos intereses concurrentes en la sociedad, el interés necesitado de protección y, por ende, el interés a proteger. Esta determinación no es tarea difícil una vez analizada la admisibilidad y fundamento del deber de lealtad que de conformidad con lo que ha sostenido la doctrina mayoritaria, se sustenta en el interés común contractual y en la obligación del socio de promoverlo. El interés común es el pilar del contrato de sociedad en su sentido obligacional, pero para su promoción no es suficiente el principio general de sumisión de todas las participaciones a un resultado unitario, siendo necesaria también una organización[18].

La concepción de la sociedad capitalista como un nexo de relaciones contractuales entre diferentes categorías de sujetos (socios, administradores, acreedores, trabajadores, etc.) que acaban de conformar un tipo concreto societario, explica la existencia de situaciones de conflicto de intereses entre sí[19]. De tal manera, cuando varias personas deciden vincularse mediante un contrato de sociedad, el germen de esa unión es el deseo de satisfacer intereses individuales, de cada una de ellas, por lo que la promoción del interés común, como elemento vertebrador del contrato de sociedad, requerirá la intervención del ente constituido, a quien será reconducido ese interés común, encontrándose ahí el punto de convergencia entre los socios, esto es, en el medio elegido en el que existe una finalidad común a cumplir con objeto de satisfacer los fines últimos personales de los socios.

El socio no puede alcanzar la realización de su interés personal si no es a través de la propia consecución del interés común, ello es, la satisfacción del grupo en beneficio de cada uno de los miembros. Por ello y, en virtud del contrato, la vinculación del socio genera una obligación de colaboración en la promoción del interés común o, interés de la sociedad, ya que es la sociedad la que opera no solo como instrumento de convergencia de las voluntades singulares de los socios, sino como categoría autónoma a la que se reconoce un interés privativo, que aflora en situaciones conflictivas en las que el socio busca un interés propio en perjuicio de la sociedad. Desde el momento de la constitución del ente, la existencia del interés social origina en el núcleo de intereses del socio, una separación entre la esfera estrictamente jurídico-personal y el ámbito en que éste queda afectado como miembro del grupo, siendo esta esfera social la que pasa a adquirir una significación especial[20].

En igual sentido, el administrador social debe también adoptar medidas necesarias para evitar incurrir en situaciones en las que sus intereses, sean por cuenta propia o ajena, puedan entrar en conflicto de intereses con el interés social y con sus propios deberes para con la sociedad. Es ésta la concreción de la denominada por la doctrina “non-conflict rule”, según la cual el administrador “resulta obligado a evitar situaciones subjetivamente idóneas para generar conflictos de intereses o conflicto de deberes y, de actuar con transparencia”. En definitiva, se trata de prevenir que quien ha de tomar decisiones sujetas a un deber de protección de intereses ajenos (el administrador), pueda sufrir una influencia competitiva derivada de sus intereses propios o de sus deberes frente a terceros[21].

Desde este último punto de vista se entiende que existe conflicto de intereses cuando el administrador tenga un interés directo o indirecto en la sociedad de manera que ello pueda afectar el modo en que desempeña su cargo, en la defensa del interés social. De esta forma, se puede llegar a la conclusión que el conflicto de intereses se caracteriza por dos elementos fundamentales que estructuran su noción: a) la confrontación de los intereses particulares del administrador y los sociales que debe defender de forma leal y diligente y, b) el riesgo de lesión de éstos últimos, de manera que dicho conflicto sólo será significativo jurídicamente cuando a la hora de intervenir en una determinada operación o, adoptar un acuerdo, concurran los intereses no alineados y enfrentados del administrador y de la sociedad que administra, generándose así un eventual riesgo para la sociedad, cuando el gestor antepone sus intereses al social. El conflicto de intereses afecta, asimismo, a otras personas que ejerciendo funciones de gestión y administración no han sido nombrados administradores o cuando habiéndolo sido, dicho cargo ha caducado[22].

De este modo, se ha llegado a definir la expresión “conflicto de intereses”, como una relación de contradicción u oposición entre intereses correspondientes a sujetos distintos y en ese caso, opuesta al interés colectivo. En su condición de órgano, el administrador entabla con la sociedad una relación intersubjetiva y, en consecuencia, está vinculado por el deber de lealtad que le obliga a tutelar exclusivamente el interés de la sociedad. La existencia de un conflicto implica un peligro que este último pueda quedar postergado y, por lo tanto, incumpla su obligación. Sin embargo, hay que tener en cuenta que una colisión de intereses meramente potencial no constituye un conflicto en el sentido técnico, porque no permite afirmar que en la situación que se trate los intereses concurrentes son incompatibles y, por ello, no necesariamente habrá un riesgo actual o real de que se produzca un daño. Se trata tan sólo de un daño para el interés social de carácter potencial, ya que no se sabe si la lesión llegara a producirse. La imposición de deberes de abstención por conflicto de intereses es un mecanismo tendiente, precisamente, a evitar que se concrete el daño[23].

En consecuencia, el conflicto de interés ya no se traduce en la producción de un perjuicio a la sociedad como consecuencia de la actuación de los administradores, sino en la obtención de un beneficio vinculado a la operación, que no se destinará a la sociedad. Es decir, puede haber deslealtad sin perjuicio para la sociedad por el hecho de derivar un beneficio incluso compatible con el de la sociedad, siempre que ese beneficio lo obtenga el administrador de la propia operación o de otra, actual o potencialmente, en contra o no del interés social o, lo obtenga no del administrador, sino de otra persona vinculada a él o, a alguien sobre el que el administrador ejerza algún tipo de influencia determinada, por haberlo nombrado o por otra razón[24].

En nuestra LGS el caso de colisión de intereses entre el socio y la sociedad se encuentra normado en el art. 248, de la LGS, que establece para el caso de un accionista con interés contrario al social, la obligación de abstenerse de votar los acuerdos relativos a aquélla y, asimismo, caso contrario, si contraviniese tal disposición, será responsable de los daños y perjuicios, cuando sin su voto no se hubiera logrado la mayoría necesaria para una decisión válida. El derecho de fondo, por su parte, recepta los conflictos de intereses -para el caso de los administradores sociales, en el art. 159, del CCyCN.

Sin embargo, no existe en nuestro Derecho de sociedades, una “teoría del conflicto”, en tanto no se encuentra institucionalizado ni existen reglas de carácter general que lo regulen. Sobre ello, Suárez Anzorena[25], aseveraba que la ley de sociedades (como también lo hacía el Código de Comercio), utiliza la expresión “interés en contrario” al trasuntar la contraposición de intereses entre un director o un accionista frente a la sociedad que llega a la instancia judicial. Sin desconocer esta afirmación, debe considerarse al territorio del conflicto mucho más amplio.

Asimismo, el régimen de responsabilidad de directores no sólo deriva de los arts. 58, 59, 271, 272, 273, y 274, de la LGS, sino que ello resulta reforzado por los arts. 159, 160 y 161, del CCyCN[26]. Sobre ello, resulta ponderable el art. 159, del CCyCN, por cuanto introduce la noción del conflicto de intereses, pero –sin embargo-, debe reprochársele la falta absoluta de sistematización del instituto, al punto de convertir la norma en tan imprecisa que prácticamente, pierde la relevancia que debería tener. En atención a ello, al ordenar a los administradores implementar sistemas y medios preventivos que reduzcan la aparición de dichos conflictos, se vuelve prácticamente abstracta.

3. Breves notas finales [arriba] - 

Brevemente, se ha podido advertir la diversidad de acciones y multiplicidad de conceptos esbozados en rededor a la idea de “interés social”. Ello redunda muchas veces en equívocos judiciales e interpretaciones diversas, que en nada sirven al esclarecimiento del derecho.

Sucede que el crecimiento e importancia adquirida por las sociedades comerciales ha traído aparejado “el conflicto entre los socios”, lo que ordinariamente se generan porque preexiste una contradicción de intereses económicos y de poder. Existen redes de poderosos que se tejen con suma inteligencia y previsión sobre la base de la defensa de sus exclusivos intereses y con fines claramente establecidos. Además, y no como un dato menor, ha de tenerse especialmente en cuenta que muchos de los conflictos que se generan, son simplemente porque la regulación legal resulta defectuosa.

Así, pueden vislumbrarse tres elementos fundamentales dentro del “conflicto societario”: “el interés social”, “el interés individual del socio abusado” y “el interés comunitario”. Allí, la importancia de estudiar al conflicto societario dentro del tema de análisis. Pues bien, no obstante, la diversidad y abundancia de trabajos publicados, se mantiene el tema inagotable y de difícil conceptualización, siendo discutible no solamente su definición, sino también, su propia existencia.

La sociedad, por tanto, “como entidad jurídicamente independiente también exhibe intereses que le son propios”. Según su visión de este instituto en el plano de las relaciones societarias, “aquel interés común derivado del riesgo y de la vocación de soportar las pérdidas y a participar de las utilidades, fundamento de la igual calidad de los derechos, forma parte de la causa- fin de la sociedad”. Es en este sentido que se habla en la literatura jurídica del “interés social”, entendido como el “común denominador del interés jurídico de los socios en la sociedad”. Debe por tanto diferenciarse el “interés de la sociedad”, concebido desde la perspectiva de los acreedores sociales y que, por tanto, no resulta disponible por los socios en perjuicio de aquellos, del propio interés común de ellos, al que denomina “interés social propiamente dicho” y es un útil criterio distintivo para los ordenamientos que admiten sociedades unipersonales como Francia o Alemania, en donde el debate se centra en el reconocimiento de un interés distinto de la sociedad del socio único[27].

Puede verse entonces como el interés social constituye la esencia básica del conflicto societario, por lo que la clara representación de su concepto ha de ser tenida bajo la luz estas ideas y, sin que pueda – claro está-, perderse de vista la realidad.

En consecuencia, pueden darse diversos remedios o alternativas para evitar o impedir que se produzcan los diferentes conflictos de intereses examinados, que con menuda frecuencia se observan en el seno societario. No obstante, surge imprescindible concebir al interés social, con su función de tutela -preventiva y preferente-, a fin de evitar la aparición o propagación de dichos conflictos. Para ello, resultará imprescindible contar con una verdadera Teoría del conflicto, tan importante en este ámbito tan particular. Ello redundará en alcanzar la seguridad jurídica, al otorgar al juzgador mayores y mejores elementos -que refuercen su tarea interpretativa-, para juzgar cada caso que se le presente. Se evitará, además, la incertidumbre que provoca resolver entre normas abstractas, ambiguas o vagas, que den lugar a decisiones equívocas.-

Bibliografia consultada [arriba] - 

1. Alfonso Sanchez, R., “Obligaciones derivadas del deber de lealtad: artículo 228”, en “Régimen de los deberes y responsabilidades de los administradores en las sociedades de capital”, (Cebria, Luis, H, - Coord.), ed. Bosch, Barcelona, 2015.

2. Boldo Roda, C., “Deber de evitar situaciones de conflicto de interés y personas vinculadas a los administradores: arts. 229 y 231”, en “Régimen de los deberes y responsabilidades de los administradores en las sociedades de capital”, (Cebria, Luis, H, - Coord.), ed. Bosch, Barcelona, 2015.

3. Coser, L, “Nuevos aportes a la teoría del conflicto social”, ed. Amorrortu, Buenos Aires, 1970; también http://theom ai.unq .edu .ar/Con lictos_soci ales/C oser_N uevos-ap ortes-a-la-teor %C3%AD a-del-co nflicto-s ocial _cap1%2 y%202.pdf, con cita: Karl Marx, “The Prowerty of Philosophy”; Giner, Jesús, “Conflicto social (Teorías del)”, Filósofo de Valencia España; Universidad Complutense de Madrid y, Dahrendorf, R.., http://es.scri bd.com/ doc/15896 1097/R alf-Da hrendor f-Teoria-de l-conf licto- pdf.

4. Dahrendorf, R., http://es.scribd.co m/do c/1589 61097 /Ralf-Dahr endorf -Teoria-d el-con flicto-pdf, “Elementos para una teoría del conflicto social”.

5. Emparanza Sobejano, A., "Las nuevas obligaciones de los administradores en el gobierno corporativo de las sociedades de capital", ed. Marcial Pons, Madrid, 2016.

6. Garrido De Palma, V, M. – Aranguren Urriza, F, J., “Protocolos y pautas de actuación de los administradores: perspectiva notarial”, en “Régimen de los deberes y responsabilidades de los administradores en las sociedades de capital”, (Cebria, Luis, H, - Coord.), ed. Bosch, Barcelona, 2015.

7. Giner, Jesus, “Conflicto social (Teorías del)”, Filósofo de Valencia España; Universidad Complutense de Madrid, 2009.

8. Gulminelli, Ricardo, L, “Elementos del conflicto societario”, ed. Ad. Hoc, Buenos Aires, 2011.

9. Halperin, Isaac- Otaegui, Julio C., “Sociedades anónimas”, 2° ed., ed. Lexis Nexis, Buenos Aires, 1998.

10.  Ibañez, Jimenez, J., “Banking professional conflicts of interest in european securities markets”, 24(9) en “Journal of International Banking Law and Regulation” (0267-937X), London (UK), 2009.

11.  Iraculis Arregui, Nerea, “Conflictos de interés del socio. Cese del administrador nombrado por accionista competidor”, ed. Marcial Pons, Madrid, 2013.

12.  Manóvil Rafael, M., “Grupos de sociedades”, ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1993.

13.  Martinez Mulero, V., “El control de los administradores y la impugnación de sus acuerdos”, ed. La Ley, Madrid, 2005.

14.  Sanchez Calero Guilarte, J., “El interés social y los varios intereses presents en la sociedad cotizada”, Revista de Derecho Mercantil nº 246, Universidad Complutense, Madrid, 2002.

15.  Suarez Anzorena C., “La noción de conflicto societario”, Ponencia presentada en el V Congreso Argentino de Derecho societario y I Congreso Iberoamericano de Derecho Societario y de la Empresa, llevado a cabo en la ciudad de Huerta Grande, Córdoba, 1992, https://repos itorio.uad e.edu.ar/xmlui/ bitstream /handle/123456 789/3795/C DS05020279 .pdf?sequ ence=1, (última visualización 28/11/2017).

16.  Vivante, Cesare, “Tratado de derecho mercantil”, versión española de la 1° edición, (traducido por Ricardo Espejo de Hinojosa), vol. I, II, y III, ed. Reus S.A., Madrid, 1932.

Notas [arriba] - 

[1] Abogada, UNC. Magister en Derecho Comercial y de los Negocios, UBA (tesis sobresaliente), especialista en Derecho Societario, UOC, España (título sobresaliente), Doctorando Area Derecho Mercantil, UBA. Profesora de grado y posgrado, UBA y UCEMA. Autora de obras individuales, colectivas y artículos de doctrina. E mail lorena@b lascosch neider .com.ar [2] Sanchez Calero Guilarte, J., “El interés social y los varios intereses presentes en la sociedad cotizada”, Revista de Derecho Mercantil nº 246, Universidad Complutense, Madrid, 2002, p. 1653. [3] Guilarte Sanchez Calero, J., “El interés social…”, cit., p. 18. [4] Sanchez Calero Guilarte, J., “El interés social y los varios intereses presentes en la sociedad cotizada”, Revista de Derecho Mercantil nº 246, Universidad Complutense, Madrid, 2002, p. 19. [5] Halperin- Otaegui, “Sociedades anónimas”, 2° ed., ed. Lexis Nexis, Buenos Aires, 1998, p. 215/6. [6] Coser, L, “Nuevos aportes a la teoría del conflicto social”, ed. Amorrortu, Buen os Aires, 1970; también http://theoma i.unq.edu.ar/C onflict os_socia les/Coser_ -aportes a-la-teor%C3%ADa-del-conflicto-social_cap1%20 y%202.pdf, con cita: Karl Marx, “The Prowerty of Philosophy”, p. 188-189; Giner, Jesús, “Conflicto social (Teorías del)”, Filósofo de Valencia España; Universidad Complutense de Madrid y, Dahrendorf, R.., http://es.scrib d.co m/doc/ 158961097/Ralf -Dahrendorf- Teoria -del-con flicto-p df. [7] Giner, J, “Conflicto social (Teorías del)”, Filósofo de Valencia España; Universidad Complutense de Madrid, 2009, p. 1. [8] Giner, J., “Conflicto…”, cit., p. 2. [9] Giner, J., “Conflicto…”, cit., p. 2. [10] Dahrendorf, R., http://es.scribd. Co m/doc/1589 61 09 7/Ralf-Dahrendorf-Teoria-del-conflicto-pdf, “Elementos para una teoría del conflicto social”, p. 344. [11] Giner, J., “Conflicto…”, cit., p. 1. [12] Gulminelli, R, L, “Elementos del conflicto societario”, ed. Ad. Hoc, Buenos Aires, 2011, p. 32. [13] Vivante, C., “Tratado de derecho mercantil”, versión española de la 1° edición, (traducido por Ricardo Espejo de Hinojosa), vol. I, II, y III, ed. Reus S.A., Madrid, 1932, p. 7. [14] A ello cabe agregar a los administradores y terceros, entre los que tienen singular relevancia los acreedores. [15] Emparanza Sobejano, A., "Las nuevas obligaciones de los administradores en el gobierno corporativo de las sociedades de capital", ed. Marcial Pons, Madrid, 2016, p. 59. [16] Ibañez, Jimenez, J., “Banking professional conflicts of interest in european securities markets”, 24(9) en “Journal of International Banking Law and Regulation” (0267-937X), London (UK), 2009, p. 443 y 445. [17] Ibañez, Jimenez, J., “ BANKING PROFESSIONAL CONFLICTS OF INTEREST…”, CIT., P. 445. [18]Iraculis Arregui, N., “Conflictos de interés del socio. Cese del administrador nombrado por accionista competidor”, ed. Marcial Pons, Madrid, 2013, p. 76. [19] Martinez Mulero, V., “El control de los administradores y la impugnación de sus acuerdos”, ed. La Ley, Madrid, 2005, p. 6. [20] Iraculis Arregui, N., “Conflictos de interés…”, cit., p. 77. [21] Alfonso Sanchez, R., “Obligaciones derivadas del deber de lealtad: artículo 228”, en “Régimen de los deberes y responsabilidades de los administradores en las sociedades de capital”, (Cebria, Luis, H, - Coord.), ed. Bosch, Barcelona, 2015, p. 232. [22] Boldo Roda, C., “Deber de evitar situaciones de conflicto de interés y personas vinculadas a los administradores: arts. 229 y 231”, en “Régimen de los deberes y responsabilidades de los administradores en las sociedades de capital”, (Cebria, Luis, H, - Coord.), ed. Bosch, Barcelona, 2015, p. 245. [23] Boldo Roda, C., “Deber de evitar situaciones de conflicto…”, cit., p. 247. [24] Garrido De Palma, V, M. – Aranguren Urriza, F, J., “Protocolos y pautas de actuación de los administradores: perspectiva notarial”, en “Régimen de los deberes y responsabilidades de los administradores en las sociedades de capital”, (Cebria, Luis, H, - Coord.), ed. Bosch, Barcelona, 2015, p. 455. [25] Suarez Anzorena C., “La noción de conflicto societario”, Ponencia presentada en el V Congreso Argentino de Derecho societario y I Congreso Iberoamericano de Derecho Societario y de la Empresa, llevado a cabo en la ciudad de Huerta Grande, Córdoba, 1992, https://rep ositorio.uade edu.ar/xml ui/bitstream/han dle/123456 789/3795/CDS0 50202 79.pdf? seque nce=1, (última visualización 28/11/2017). [26] A ello, debemos añadir el régimen de responsabilidad civil establecido para los administradores en los arts. 1710, 1716, 1753, 1757, 1758, 1763, 1764 y 1765, siguientes y concordantes, del CCyCN y, el nuevo régimen de responsabilidad penal dispuesto para la persona jurídica, mediante Ley 27.401, de 2017. [27] Manóvil R, M., “Grupos de sociedades”, ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1993. p. 570 y s.s.

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