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Exclusión de cobertura por conducción bajo los efectos de drogas desinhibidoras, alucinógenas...

Por Ana Victoria Osorio Priego[1] y Fernanda Cristina López Agoglia[2]

I. Introducción

El consumo de psicofármacos y estupefacientes es una realidad social que en la última década ha aumentado exponencialmente. La conducción de vehículos bajo los efectos de drogas (legales o ilegales) desinhibidoras, alucinógenas o somníferas también ha aumentado considerablemente en los últimos años. Sólo en la ciudad de Rosario, por tomar un ejemplo, se ha relevado en el año 2017 que uno de cada tres conductores que son sometidos al test de narcolemia ha arrojado resultado positivo[3].

Resulta evidente que dicho consumo por parte del conductor de un automotor, genera un aumento en el riesgo de siniestralidad debido a la alteración de la conducta y percepción del entorno que implica tal ingesta.

Desde antaño y conforme las Resoluciones de la SSN, dicho riesgo se encuentra excluido de cobertura en los Seguros de Responsabilidad Civil para automotores, al establecerse que: El Asegurador no indemnizará los siniestros ocurridos cuando el vehículo asegurado sea conducido por una persona bajo la influencia de cualquier droga desinhibidora, alucinógena o somnífera, o en estado de ebriedad.

No ingresaremos aquí al análisis del estado de ebriedad ni mucho menos a su identificación mediante los estudios y test de alcoholemia respectivos ya que resulta éste un tema ampliamente desarrollado. Lo que sí nos ocupa, es la exclusión de cobertura por conducción bajo la influencia de drogas desinhibidoras, alucinógenas o somníferas.

II. La exclusión de cobertura por conducción de vehículos bajo la influencia de cualquier droga desinhibidora, alucinógena o somnífera, o en estado de ebriedad.

En modo preliminar, conviene aclarar pese a su obviedad, que la exclusión de cobertura por esta causal se circunscribe en la práctica únicamente a los supuestos en que ha mediado un análisis toxicológico positivo, siendo éste el único medio probatorio idóneo que permite identificar tal consumo. Sin embargo, la existencia de dicha prueba no garantiza una resolución judicial favorable a la exclusión que la Aseguradora pueda plantear.

Los análisis toxicológicos hasta ahora empleados en la mayoría de las jurisdicciones del país, no resultan concluyentes en relación al momento en que dicho consumo ha sucedido y consecuentemente, si en oportunidad de ocurrir el siniestro, el conductor efectivamente se encontraba (o no) bajo los efectos del estupefaciente en cuestión.

Medir las consecuencias e implicancias de las sustancias en la capacidad de conducción de una persona depende: de la sustancia, de la modalidad de consumo, de la frecuencia, de la cantidad, de la asimilación metabólica del organismo, entre otros.

Sólo a modo de ejemplo, podemos advertir que en promedio, en una persona sin adicciones pero sí de consumo frecuente, el tiempo de duración de los efectos de las siguientes sustancias en el organismo es de: - cocaína de entre 20 a 60 minutos; - opiáceos (morfina, codeína, heroína) de entre 4 a 6 horas; - benzodiacepinas[4] (Clonazepam, orfidal, valium) de 15 min a 6 horas; - cannabis de 5 minutos a 3 horas; - anfetaminas de 6 a 24 horas y - metanfetaminas de 8 a 24 horas.

Ahora bien, la permanencia de tales sustancias en el organismo y consecuentemente el tiempo de detección de las mismas mediante estudios de sangre u orina, resulta ser más prolongado que el de los efectos en sí, por lo que puede suceder que un estudio bioquímico identifique la existencia de la sustancia alucinógena, somnífera o desinhibitoria, pero que la persona no se encuentre bajo los efectos de tales estupefacientes. En efecto, la presencia de cocaína en el organismo puede identificarse hasta 7 días después de su consumo dependiendo del estudio que se realice, el cannabis hasta 30 días después y las anfetaminas y metaanfetaminas hasta 48 horas después de su ingesta.

Expresado en otras palabras y cerniéndonos al tema que nos ocupa, puede suceder que el estudio de narcolemia realizado al conductor que ha participado en un accidente de tránsito arroje un resultado positivo pero que el mismo no se encuentre bajo la influencia de una droga desinhibitoria, somnífera o alucinógena.

Estas circunstancias plantean una severa dificultad a la hora de identificar si el siniestro en cuestión se encuentra o no al amparo de la cobertura asegurativa contratada ya que, reiteramos, la única circunstancia que se encontraría excluida de cobertura y por aplicación restrictiva de la causal, es la conducción bajo la influencia de tales drogas.

De ello se deriva entonces una segunda dificultad: ¿Basta con un resultado positivo del dosaje o test de narcolemia para tener por configurada la causal eximitoria de cobertura? Ciertamente y conforme las diferencias sustanciales en los tiempos de permanencia de las sustancias mencionadas en el organismo con los tiempos de duración de los efectos de las mismas, la respuesta a dicho interrogante resultaría negativa.

Precisamente, esta fue la postura adoptada por la Excma. Cámara de Apelaciones del Noroeste de Chubut, en la Sentencia dictada con fecha 15/09/2017 en los autos “Millanahuel, Cristian Matías y otros c/ Fernández, Javier Alberto y otros- Daños y perjuicios” (Expte. N° 67- Año 2017). En dicha oportunidad, y confirmando la Sentencia de Primera instancia, el Tribunal colegiado consideró que “la comprobación de drogas en orina no acredita el consumo inmediato de sustancias ya que éstas tardan varios días en ser eliminadas por esa vía y en su función no es posible tener por acreditado que al momento del siniestro Fernández conducía bajo los efectos de aquéllas, fundando su afirmación en informes elaborados por organismos especializados; por último, que tal exclusión o limitación de cobertura debe ponderarse con criterio restrictivo.

Ahora bien, más allá que la detección de estupefacientes en el organismo no resulta una prueba inequívoca de la conducción bajo la influencia de los mismos, lo cierto es que dicha identificación sumado a las circunstancias particulares del siniestro constituyen per se pruebas indiciarias que ineludiblemente deberían ser ponderadas por el Juzgador.

Precisamente, en determinadas ocasiones la propia conducta desplegada por el conductor antes, durante y/o después de ocurrido el siniestro (por ejemplo, situaciones de euforia, alucinaciones, somnolencias, desconocimiento de la propia persona y del entorno, etc.) podrían evidenciar un probable consumo de estupefacientes y/o psicofármacos, el que, claro está deberá ser corroborado ineludiblemente con el estudio de narcolemia respectivo.

Por otra parte, la ilegalidad del consumo de ciertos estupefacientes debería cuanto menos ser considerado como una prueba presuncional, colocando en cabeza del conductor cuyo dopaje ha dado positivo, la acreditación de que el mismo no se encontraba conduciendo bajo la influencia de narcóticos, siendo su consumo ajeno a la producción del siniestro. Esta propuesta resultaría conteste con la teoría de cargas probatorias dinámicas dispuesta expresamente en la ley vigente, toda vez que sería precisamente el asegurado/conductor quien se encuentra en mejores condiciones de acreditar tal circunstancia. Dicha exigencia, dada la ilicitud del accionar (consumo de estupefacientes) y frente a un test de narcolemia positivo del conductor/asegurado, no impondría una carga excesiva al mismo.

III. La importancia de la configuración del hecho en sede penal

Paralelamente, debe considerarse que la configuración fáctica del hecho principal realizada en sede penal resulta determinante en el proceso civil a tenor de las previsiones de los artículos 1776 y 1777 del Código Civil y Comercial de la Nación[5]. Vale decir que, si del sumario penal existe prueba suficiente a los fines de dar por acreditado que el hecho ocurrió encontrándose el imputado bajo los efectos de determinado/s estupefaciente/s, dicha cuestión no podría ser eludida por el Juez civil, debiendo dar por configurada y acreditada la causal de exclusión de cobertura. Incluso en los casos de suspensión de juicio a prueba en los que no media condena penal, existe una clara delimitación del hecho que se le atribuye al imputado, por lo que su conducta procesal de solicitar una probation -reconociendo básicamente el hecho que se le atribuye y realizando una oferta de resarcimiento del daño causado a todas las víctimas del hecho- debiera ser valorada por el juez civil en el contexto de la restante prueba indiciaria de la causa particular.

Sobre este aspecto, debemos considerar que la suspensión del proceso penal a prueba previsto en el art. 76 bis 3° párrafo del Código Penal, tiene fundamentos de política criminal, aplicándose un criterio de oportunidad. Su objetivo es la evitación del sometimiento a una condena por delitos cuya pena es menor a 3 años, evitando con ello el registro de antecedentes de una persona, y las perjudiciales consecuencias que ello acarrea al momento de la reinserción social. Ahora bien, dicha suspensión de juicio a prueba, no implicaría la inexistencia del hecho sino precisamente lo contrario, esto es, un reconocimiento de la existencia del ilícito y la no punibilidad del mismo en virtud de mediar un acuerdo con las víctimas.

IV. La interrelación de la exclusión de cobertura analizada con el plexo consumeril

No obstante lo antedicho, y teniendo especialmente en cuenta la causal de exclusión de que se trata, la que abarca no sólo el consumo de sustancias ilegales sino también de psicofármacos con prescripción médica, la aseguradora deberá acreditar que el contenido de la cláusula en cuestión le fue oportuna y debidamente informado al asegurado, en virtud del principio de buena fe contractual, y muy especialmente de la protección del asegurado en su calidad de usuario/consumidor a tenor de lo dispuesto art. 43 de la Constitución Nacional, en la Ley 24.240, como así también en los art. 4, 11 y 12 de la Ley 17.418. En este sentido, el art. 1100 del Código Civil y Comercial de la Nación, en consonancia con el art. 4 de la Ley consumeril exige: “El proveedor está obligado a suministrar información al, consumidor en forma cierta y detallada, respecto de todo lo relacionado con las características esenciales de los bienes y servicios que provee, las condiciones de su comercialización y toda otra circunstancia relevante para el contrato. La información debe ser siempre gratuita para el consumidor y proporcionada con la claridad necesaria que permita su comprensión.”

Por otra parte, debemos considerar que la exclusión de cobertura analizada, supera todo test de razonabilidad que se pretenda realizar, por lo que no podría reputarse que la misma resulta irrazonable a la luz de la Ley de Defensa del Consumidor. Ello en virtud de que tal exclusión se funda precisamente en la mayor probabilidad de siniestralidad a raíz del consumo de estupefacientes.

V. Consideraciones finales

Como se advierte la problemática abordada resulta compleja. Las dificultades probatorias de la influencia de drogasdurante la conducción vehicular resultan notorias. Salvo escasas excepciones[6], los estudios bioquímicos realizados en oportunidad de labrarse sumarios penales o contravencionales no permiten la identificación clara y precisa de tal circunstancia.

La mayor siniestralidad que dispara el consumo de sustancias que alteran directamente el sistema reflejo y sensorial, desde una mirada preventiva del daño hace necesaria la participación conjunta de todos los operadores públicos y privados implicados. El 27 de diciembre de 2017, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (A.N.S.V.) y la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (SEDRONAR), firmaron un convenio de cooperación para trabajo articulado con el objetivo de efectuar acciones conjuntas de prevención del consumo problemático de sustancias a favor de la seguridad vial. Lo relevante de ello -en relación al tema que nos ocupa-, es que en el año 2018, estos organismos realizarán un estudio en 32 guardias de hospitales públicos del país para relevar la incidencia del consumo de sustancias psicoactivas en los pacientes que tengan lesiones de tránsito.

De manera complementaria, el 04 de enero de 2018 la Agencia Nacional de Seguridad Vial firmó convenio con la Secretaría de Seguridad del Interior de la Nación para compartir información estadística con la base de datos del Sistema Nacional de Información Criminal.

Somos optimistas al considerar que estos convenios de investigación y estadísticas, conjuntamente con la implementación de test toxicológicos de mayor fidelidad para detectar un consumo inmediato y/o la permanencia de efectos de las sustancias en el conductor, como es el caso del Test de Narcolemia por hisopado de saliva, debieran coadyuvar en la práctica jurídica para establecer con suficiencia probatoria si un conductor se encuentra bajo la influencia de una droga desinhibitoria, alucinógena o somnífera al momento de ocurrir el siniestro.

Sin embargo, lo analizado hasta el presente pone en evidencia la necesidad de rever el sistema legal en materia de seguro de responsabilidad civil obligatorio en su conjunto, estableciendo pautas claras y concretas en relación a la cobertura obligatoria que otorgue seguridad jurídica a no sólo a los contratantes del mismo (asegurados/aseguradoras) sino también a las víctimas de los siniestros viales. Como fuera expuesto por Fabiana Compiani: La solución no debería ser que el juez se convierta en legislador, sino el dictado de una ley de seguro obligatorio automotor que regule acabadamente la cuestión.[7]


(*) Fuente: XVII Congreso Nacional de Derecho de Seguros. Mendoza, 2 al 4 de mayo de 2018. Organizadores: Colegio de Abogados y Procuradores de la Primera Circunscripción Judicial de Mendoza y de la Asociación Internacional de Derecho de Seguros, Rama Argentina (A.I.D.A.)

[1] Abogada. Universidad Nacional de Córdoba. Maestría en Derecho Privado de la Universidad Nacional de Rosario. Diplomada en Derecho de Seguros

Miembro de A.E.D.S.I.A.

[2] Abogada. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba. Maestría en Derecho y Argumentación - Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba (Tesis en curso). Miembro de la Asociación para el Estudio del Derecho de Seguros del Interior Argentino- AEDSIA.

[3] https://www.rosario.gov.ar/web/servicios/seguridad/control-de-narcolemia. En la ciudad de Santa Fe, los resultados positivos fueron aún mayores, alcanzando en un año (Febrero2017 a enero 2018) un 46% de resultados positivos. Si bien el dispositivo permite identificar seis sustancias distintas, los positivos obtenidos fueron por THC5 —marihuana— (24,6%); COC —cocaína— (12%); COC-AMP —la combinación de cocaína y anfetamina— (1%); y COC-THC5 —cocaína más marihuana— (9 %). En el 98% de los casos fueron hombres los detectados en infracción, y sólo hubo una mujer. Véase http://www.ellitoral.com/index.php/diarios/2018/03/03/metropolitanas/AREA-02.html

[4] Las benzodiacepinas se utilizan comúnmente para tratar los ataques de pánico, insomnio, comportamiento compulsivo y ansiedad generalizada. Resulta ser un tipo de droga cuya comercialización y consumo se encuentra legalizada ante determinadas patologías psicosomáticas. 

[5] Si bien en el presente trabajo partimos del supuesto de que ha mediado una resolución penal previo al dictado de la Sentencia civil, debe tenerse en cuenta el criterio sentado en el CCCN en relación a la prejudicialidad penal y sus excepciones previstas en el art. 1775, fundamentalmente en relación al factor objetivo de responsabilidad. (inc. c)

[6] En Rosario se ha implementado en enero de 2017 el Test de Narcolemia por hisopado de saliva, el que permite identificar el consumo inmediato previo de estupefacientes y consecuentemente, si el conductor se encuentra bajo la influencia de determinadas drogas. La ciudad de Santa Fe también lo ha implementado en febrero del mismo año. Por su parte, a partir del 20 de febrero del corriente año, en la ciudad de San Miguel de Tucumán han comenzado a realizarse los mismos tests, siendo sus resultados francamente abrumadores.

[7] COMPIANI, M. Fabiana “El seguro obligatorio en Argentina, la función social del seguro y la situación del tercero damnificado a propósito del precedente Buffoni de la Corte.” Memorias Congreso de Derecho de Seguros Córdoba 2014. Mayo 2014, pág. 175

Citar: elDial.com - DC25AA

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