script src="https://my.hellobar.com/550c6ad70a192aa4b2ce4bd1b7b07e8f4ea2712f.js" type="text/javascript" charset="utf-8" async="async"> La vivienda y el Código Civil y Comercial de la Nación: inoponibilidad de la afectación frente a las

La vivienda y el Código Civil y Comercial de la Nación: inoponibilidad de la afectación frente a las

1- Introducción y hechos

Estamos ante un pronunciamiento que representa el inicio de muchos otros que vendrán, respecto de la aplicación del inciso d) del artículo 249 del Código Civil y Comercial, el cual se refiere a la inoponibilidad de la afectación de la vivienda frente a obligaciones alimentarias a cargo del titular a favor de sus hijos menores de edad, incapaces o con capacidad restringida.

En prieta síntesis, la discusión suscitada en el fallo de la referencia giraba en torno a un pedido de desafectación de un inmueble inscripto al régimen de bien de familia otorgado en virtud de la Ley 14.394.La solicitud fue presentada por la madre de una persona menor de edad por una deuda de cuota alimentaria atrasadas debidas a su representado.

Al momento de sentenciar se tuvo en cuenta que el Código Civil y Comercial derogó la Ley 14.394 a partir del 1º de agosto del 2015, advirtiendo que la constitución del bien de familia fue efectuada por el titular del inmueble - y progenitor del niño- en junio de 2008 y el reclamo de alimentos fue iniciado en septiembre de 2012.Además, se destacó que, a la luz del Código de fondo vigente, el artículo 245[2] habilita al titular registral a solicitar la afectación, siendo el efecto principal de la mismala inoponibilidad a los acreedores por deudas de causa anterior a ella,salvo determinados supuestos previstosen el artículo 249 del mismo cuerpo legal.

En el caso no pasó desapercibido que el demandado fue debidamente notificado y que, a pesar de ello, no compareció a manifestar oposición.

El fallo citó doctrina nacional y entendió que por aplicación del artículo 249 del Código Civil y Comercial el bien continuaba afectado al régimen de protección de la vivienda, pero dicha afectación era inoponible a los efectos de la ejecución de la deuda alimentaria. También se enfatizóque no podían beneficiarse con la solución brindadaa otros acreedores que no se hallaban comprendidos en las excepciones enumeradas en la norma jurídica.

2- Antecedentes y la cuestión regulada en el Código Civil y Comercial

Como se mencionó el inmueble fue afectado al instituto del bien de familia durante la vigencia de la Ley 14.394. El mencionado cuerpo legal se incorporó al Código Civil y organizó un sistema de protección de la vivienda del grupo familiar ytambién la protegió a través de las indivisiones hereditarias temporales en los artículos 51 a 56. La normativa vino a responder a necesidades sociales que reclamaban la defensa de la vivienda familiar de los posibles problemas que pudieran sobrevenir en el seno de la familia, tanto respecto de las deudas que pudiera afectarla, como de las cargas que pudiera gravarla, o para proteger a determinados miembros del desamparo, en que quedaban frente a la muerte del titular registral.

No obstante ello, las Constituciones Provinciales incorporaron el derecho a la vivienda y su protección como un derecho esencial de la familia. Sin embargo, no todas ellas protegían a la vivienda a través el instituto del Bien de Familia, en algunos casos lo hacían – y se continúa haciendo- por medio de institutos especiales que otorgan el dominio de un inmueble, que siendo de carácter único y de habitación permanente pasan a ser inembargables. Estos institutos, aún vigente el régimen de Bien de Familia, rigieron en forma conjunta en las provincias que contaban con una ley que reglamentaba la Ley 14.394.

En cuanto a la naturaleza jurídica del denominado “Bien de Familia”, la doctrina señaló que era una institución jurídica del derecho de familia patrimonial y por lo tanto del derecho civil, concerniente a un inmueble urbano o rural, ocupado y explotado por los beneficiarios directamente, limitado en su valor que, por destinarse al servicio de la familia gozaba de inembargabilidad, era de restringida disponibilidad, se encontraba desgravado impositivamente y subsistía en su afectación después del fallecimiento del titular del dominio[3].

Un sector de la doctrina nacional opinó que era una auténtica “institución especial” al afectar un inmueble a la satisfacción de las necesidades de sustento y de la vivienda del titular y su familia, que quedaba sustraído de las contingencias económicas que pudieran provocar, en lo sucesivo su embargo o enajenación[4]. Para otro sector doctrinario, se trataba de una grave restricción al dominio (art. 2612, Cód. Civil), cuya sustracción de la prenda común de los acreedores, era justificada por su afectación a una prestación de contenido alimentario en especie: la habitación a quienes se les debe como obligación derivada del parentesco y que el titular hizo público mediante su inscripción registral.[5]

La jurisprudencia argentina también analizó la naturaleza jurídica del Bien de Familia expresando que se trataba de un instituto de raigambre netamente social, que se encontraba directamente vinculado con la protección de la familia como unidad primaria de la sociedad; y a su vez, tenía una innegable vinculación con los derechos humanos de la persona, su derecho a una vivienda digna y a encontrar amparo frente a situaciones de desventuras económicas. También lo relacionó con los derechos personalísimos, en cuanto tuvo en miras preservar la unidad y la fraternidad familiar sosteniendo que “el deudor puede perder todo; pero tiene un inalienable derecho a preservar su unidad familiar y a que su familia viva dignamente”.[6]

El nuevo Código Civil y Comercial de la Nación derogó la ley 14.394 y, regula la protección de la vivienda en el Capítulo 3 del título 3º (relativo a los Bienes) del Libro Primero del Código titulado “Vivienda”. Se diseña una regulación al resguardo del hogar cambiando la denominación `Bien de Familia´. Al igual que la Ley 14. 394 no resuelve el problema del acceso a la vivienda y solo se orienta a la protección de futuras contingencias que pudieran surgir operando la protección por deudas posteriores a la constitución, salvo las excepciones previstas en la ley que antes no se hallaban contempladas y fueron motivo de reclamos judiciales.

La legislación vigente cambia el modelo que consideraba una relación directa entre el instituto del Bien de familia y la protección al grupo familiar. Ello es así, porque ahora la protección se focaliza en el resguardo del hogar de una persona considerada individualmente y basa la figura legal de la afectación de un inmueble destinado a vivienda por parte de su propietario registral en un régimen que consiste básicamente en la sustracción del bien de la función de garantía por las deudas del titular.

Como lo adelantamos, esta protección por las deudas posteriores a la afectación no es total y, por el contrario, hay excepciones pues la inmunidad no operará por ejemplo frente a ejecuciones a las deudas relativas al bien, tales como cobro por expensas y los tributos.

La afectación del bien destinado a la vivienda se inscribe en el Registro de la Propiedad Inmueble correspondiente conforme a las formas previstas en las reglas locales, admitiéndose la retro prioridad registral.

La doctrina nacional señaló que existen dos momentos cuando se trata de regímenes de afectación voluntaria de protección a la vivienda. Por un lado, la constitución y por el otro, la inscripción. La constitución por acta administrativa, parece reunir en un solo acto los dos momentos señalados, produciéndose una prioridad directa desde la toma de razón en el registro, pero cuando la afectación se realiza por Escritura Pública, los efectos de la retro prioridad otorgada por el certificado notarial bloqueante, aparece manifiesto.[7]

El artículo 249 del Código Civil y Comercial refiere al efecto principal de la afectación. Textualmente dispone que “La afectación es inoponible a los acreedores de causa anterior a esa afectación. La vivienda afectada no es susceptible de ejecución por deudas posteriores a su inscripción, excepto: a) obligaciones por expensas comunes y por impuestos, tasas o contribuciones que gravan directamente al inmueble; b) obligaciones con garantía real sobre el inmueble, constituida de conformidad a lo previsto en el artículo 250; c) obligaciones que tienen origen en construcciones u otras mejoras realizadas en la vivienda; d) obligaciones alimentarias a cargo del titular a favor de sus hijos menores de edad, incapaces, o con capacidad restringida.

Los acreedores sin derecho a requerir la ejecución no pueden cobrar sus créditos sobre el inmueble afectado, ni sobre los importes que la sustituyen en concepto de indemnización o precio, aunque sea obtenido en subasta judicial, sea ésta ordenada en una ejecución individual o colectiva.

Si el inmueble se subasta y queda remanente, éste se entrega al propietario del inmueble.

En el proceso concursal, la ejecución de la vivienda sólo puede ser solicitada por los acreedores enumerados en este artículo.”

La incorporación de esta norma es novedosa puesto que no estaba regulada en la Ley 14.394 y, su fuente principal es el artículo 239 del Proyecto de Código Civil de la República Argentina Unificado con el Código de Comercio. Como así también el desarrollo operado en la doctrina y jurisprudencia tanto nacional como extranjera.

La afectación tiende a salvaguardar la vivienda, pero la norma impone un límite cuando la institución excede los fines previstos y pone de manifiesto un ejercicio abusivo del derecho que autoriza su desafectación. A modo de ejemplo y sin desarrollarcada inciso en particular, destacamos que con relación a las obligaciones por expensas comunes y por impuestos, tasas o contribuciones que gravan directamente al inmueble son la excepción porque ellas son anteriores a la constitución del instituto dado que surgen directamente del reglamento de Propiedad Horizontal.

No podemos soslayar que, al respecto, el Alto Tribunal de la Nación decidió aún vigente la Ley 14.394 que “el régimen de inejecutabilidad del bien de familia no es oponible frente a una deuda por expensas comunes toda vez que las obligaciones de esa índole existen desde el principio de la vida del consorcio y son prioritarias a cualquier afectación. El bien de familia -sostuvo- está excluido de la garantía común de los acreedores más con la excepción de las obligaciones provenientes de impuestos y tasas que gravan directamente la cosa y de los créditos por construcción o mejoras introducidas en la finca (art. 38 de la ley 14394) a los que se asimilan, en razón de su naturaleza, las deudas por expensas comunes. [8]

El inciso c) también representa una innovación, y abre la posibilidad para solicitar créditos para efectuar ampliaciones y/o grandes reparaciones en la vivienda que con anterioridad a esta norma les estaba vedado a las personas que habían solicitado el beneficio. La incorporación de esta excepción da respuesta a una realidad social.

En lo que aquí nos interesa, el artículo 249 d) introdujo la inoponibilidad respecto a obligaciones alimentarias a cargo del titular a favor de sus hijos menores de edad, incapaces, o con capacidad restringida. De la norma se desprende que el Código Civil y Comercial adoptó una posición intermedia respecto a acreedores de alimentos que reclaman su crédito posterior a la afectación, privilegiando a los más débiles pues, tratándose de reclamosvinculados con prestaciones alimentarias se inclina a favor a los miembros más vulnerables de la familia, adoptando una clara solución que se aviene con la urgencia de este tipo de prestaciones.

Si bien es cierto que vigente el Código Civil se pudo llegar a interpretar que se podrían afectar intereses de particulares, hoy la ley da una respuesta que termina con esta discusión y, frente a situaciones de conflicto el interés individual debe ceder en función del resguardo de la dignidad humana y el bienestar familiar y general.

3- Palabras de cierre

La norma del 249 del Código Civil y Comercial deja un amplio espacio al arbitrio judicial para resolver en caso de conflictos. El Código de fondo implícitamente reconoce que el derecho alimentario es un derecho humano que impone la plena vigencia del principio pro homine y, que tanto las personas con capacidad restringida, incapaces y menores de edad dependen de un adulto que les asegure su cuidado personaly un saludable desarrollo físico, psíquico y mental. Considera que la vivienda es un bien a proteger, pero analizando la verdadera substancia de los derechos comprometidos, cual es la protección de la vivienda del titular registral y el legítimo derecho de alimentos de los miembros más vulnerables de la familia, se inclina por éstos últimos.

La solución adoptada en la sentencia que cometamos es correcta y se alinea al respeto de los derechos humanos y de la normativa vigente atendiendo a lafinalidad; el razonamiento por principios; la consideración de los valores y el apego a la justicia. El fallo se ajusta a lo normado en el Código Civil y Comercial, pero además es coherente con lo previsto en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y los tratados internacionales de Derechos Humanos receptados en el art. 75 inc. 22 con la reforma constitucional de 1994. Es este un ejemplo claro de la Constitucionalización del Derecho privado.Vamos avanzando.

(*) “R., N. B. c/ F. M. A. - Régimen de Visita/Alimentos” -JUZGADO DE FAMILIA DE SEXTA NOMINACIÓN DE CÓRDOBA - 30/08/2016 (Sentencia firme) (elDial.com - AA996A)

[1] Abogada. Funcionaria de la Procuración General de la Nación. Docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Posgraduada en Derecho de Familia –UBA. Especialista en Derechos Humanos- International Institute of Human Rights - René Cassin. Becaria Rómulo Gallegos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (Organización de los Estados Americanos) y, de Convenat House International- Oficina Regional en Centroamérica.

[2] ARTICULO 245.- Legitimados. La afectación puede ser solicitada por el titular registral; si el inmueble está en condominio, deben solicitarla todos los cotitulares conjuntamente. La afectación puede disponerse por actos de última voluntad; en este caso, el juez debe ordenar la inscripción a pedido de cualquiera de los beneficiarios, o del Ministerio Público, o de oficio si hay beneficiarios incapaces o con capacidad restringida.

La afectación también puede ser decidida por el juez, a petición de parte, en la resolución que atribuye la vivienda en el juicio de divorcio o en el que resuelve las cuestiones relativas a la conclusión de la convivencia, si hay beneficiarios incapaces o con capacidad restringida.

[3] Conf. Guastavino, Elías P., Op. Cit pág. 92 cc. ss.

[4] Cfr. Zannoni, Eduardo A., Op. Cit, pág. 558/559).

[5] Vernego Prack Rómulo, El bien de familia necesita dos personas para funcionar, DJ-1986-2, 593, AR/DOC/4075/2006.

[6] Cfr. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala A, en autos Meuli, Johann P. s/quiebra, 15/02/2007 Publicado en La Ley 2007-D-14 con nota de Borda, Guillermo J.

[7] Fazio de Bello, Marta E. y Martínez, Nory Beatriz “, pág. 154”.Editorial La Ley, Buenos Aires, 2009.

[8] Corte Suprema de Justicia de la Nación, Khanis, Pablo Recurso Extraordinario - Cuestión federal - Bien de familia – Desafectación, 25/02/2003, Abeledo Perrot Nº: 1/70015222-2

Citar: elDial.com - DC221B

Publicado el 28/10/2016

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