script src="https://my.hellobar.com/550c6ad70a192aa4b2ce4bd1b7b07e8f4ea2712f.js" type="text/javascript" charset="utf-8" async="async"> Las acciones colectivas en seguros como recurso contra cláusulas y prácticas abusivas.

Las acciones colectivas en seguros como recurso contra cláusulas y prácticas abusivas.

Por María Fabiana Compiani

Sumario: 1. La legitimación colectiva. 2. Su consagración legislativa en la Ley de Defensa de los Consumidores y Usuarios de Argentina. 3. Los pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina. Los casos “Halabi” y “Padec”. 4. La frustrada incorporación al nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. 5. Las acciones colectivas en materia de seguros en materia de prácticas y cláusulas abusivas. 6. Ponencia.

1. La legitimación colectiva

La legitimación es la aptitud de una persona para ser parte en un determinado proceso o asunto judicial, comprendiendo dos cuestiones: una procesal dirigida a determinar si al actor le corresponde el ejercicio de la acción que promovió y, otra, sustancial, destinada a determinar si el pretensor, dado el objeto perseguido con su demanda, se encuentra protegido o no por ese derecho.

El sistema tradicional de la responsabilidad civil se mostraba reacio en admitir una pretensión resarcitoria a quien, eventualmente, no había sufrido un menoscabo individual. A ello contribuía las dificultades que plantea la pluralidad de damnificados: su falta de organización, la incertidumbre acerca de su cantidad y, consecuentemente, el riesgo que entraña la dilucidación de la prueba y la cuantificación de los daños. En esa concepción individualista, determinados intereses pese a ser de muchos, de resultar vitales para todos, no eran de nadie merced a la fragilidad de la legitimación para actuar en justicia en razón de su afectación.

Pese a tal estado de cosas, la doctrina reclamó la apertura de las compuertas de la legitimación y demandó el reconocimiento judicial de la tutela de intereses difusos y colectivos[1], mediante el reconocimiento de las denominadas acciones colectivas.

Antonio Gidi define la acción colectiva como la acción promovida por un representante (legitimación colectiva), para proteger el derecho que pertenece a un grupo de personas (objeto del litigio), y cuya consecuencia obligará al grupo como un todo (cosa juzgada). [2]

La jurisprudencia en Argentina enfrentó el desafío: un fallo resolvió que todo habitante tiene derecho a defender el medio ambiente amenazado.[3] Otro Tribunal reconoció legitimación al afectado para demandar la tutela preventiva en un caso de contaminación ambiental.[4]

La cuestión fue acogida por el más alto Tribunal de la Nación en cuanto admitió el amparo para efectivizar un interés difuso permitiendo el ejercicio del derecho de réplica a un particular afectado en sus sentimientos religiosos.[5] Igualmente, la jurisprudencia concedió legitimación por la vía del amparo al controlador general municipal para defender intereses difusos que estimaba afectados por la concesión privada de la explotación del Jardín zoológico de Buenos Aires.[6]

Un Tribunal provincial reconoció legitimación al intendente municipal para demandar la reparación del daño moral colectivo sufrido por los habitantes de una ciudad del interior de la Provincia de Buenos Aires a consecuencia del choque producido por un ómnibus de una empresa de transportes de pasajeros contra una fuente y grupo escultórico que integraba su patrimonio cultural. [7]

Con distintos fundamentos normativos (incluso referidos al Código Civil velezano: art. 114, inc. 5° en cuanto reconoce el derecho subjetivo de cualquier integrante de la sociedad para peticionar la declaración de demencia cuando el presunto demente sea furioso o lo incomode) fueron sentándose las bases de la recepción legislativa de la ampliación en la legitimación.

2. Su consagración legislativa en la Ley de Defensa de los Consumidores y Usuarios de Argentina

La Ley 24.240 de Defensa de los Consumidores y Usuarios (1993) introdujo la legitimación de las Asociaciones Intermedias y del Ministerio Público para iniciar acciones judiciales cuando los intereses de los consumidores o usuarios resulten afectados o amenazados (art. 52).[8]

Sin embargo, la cuestión distaba de estar resuelta. El veto producido por el decreto 2089/93 al art. 54 de la Ley de Defensa de los Consumidores y Usuarios había frustrado la acción colectiva al proscribir los efectos subjetivos expansivos de la cosa juzgada (que rige en la mayoría de los estatutos particulares de Defensa del Consumidor en el Derecho Comparado: Brasil, art. 81; España, art. 20, inc. 1°; Portugal, art. 13; entre otras normativas). Tampoco nuestro ordenamiento jurídico de fondo receptaba las llamadas acciones de clases propias del sistema norteamericano.[9]

Al año siguiente, un gran impulso lo constituyó la reforma de la Constitución Nacional (1994) que en su nuevo art. 43 reconoció la legitimación para invocar la vía rápida del amparo, ante la lesión o amenaza de un derecho de incidente colectiva, al afectado, a las asociaciones que tiendan a la protección de esos derechos y al Defensor del Pueblo.

Sin embargo, el Poder Legislativo no dictó la Ley que reglamentara las acciones colectivas. Su necesidad luce evidente porque el texto constitucional no alcanza para dar solución a una compleja gama de situaciones que desde el punto de vista procesal exhibe la institución (la precisa identificación del grupo o colectivo afectado y su notificación para asegurarles la alternativa de quedar fuera o comparecer al proceso, la idoneidad de quien pretenda asumir su representación, la existencia de un planteo que involucre cuestiones de hecho y de derecho que sean comunes y homogéneas a todo el colectivo, las medidas de publicidad orientadas a evitar la superposición de procesos colectivos que conlleven el riesgo de sentencias contradictorias, etc.). Y si bien desde que en 1985 Morello elaborara un proyecto para su tratamiento[10], han existido otros intentos[11], hasta la actualidad ninguno de ellos se ha concretado legislativamente. También, se ha presentado en la Honorable de Cámara de Senadores de la Nación un proyecto de ley para la creación de Juzgados Federales de Acciones Colectivas, que corre por cuerda paralela al proyecto de ley sobre acciones de clase.[12]

La jurisprudencia fue perfilando las acciones. La Corte Suprema de Justicia de la Nación reconoció legitimación a una asociación de consumidores (Asociación de Grandes Usuarios de Energía Eléctrica de la República Argentina) que demandó la inconstitucionalidad de decretos dictados por la Provincia de Buenos Aires y el ente regulador energético local por la vía de la acción meramente declarativa prevista en el ordenamiento procesal (art. 322), efectuando una interpretación analógica de la previsión constitucional en materia de amparo.[13] Más tarde en el fallo Mendoza[14], la Corte ante el planteo de diecisiete vecinos del asentamiento conocido como Villa Inflamable que demandaron al Estado y a 44 empresas particulares por las secuelas dañosas derivadas de la contaminación ambiental de la cuenca hídrica Matanza-Riachuelo, separó las acciones individuales en las que se declaró incompetente para que las continúe el magistrado más cercano al domicilio de los demandantes y aceptó su jurisdicción sobre el reclamo ambiental (defensa de un bien de incidencia colectiva), resolviéndolo en forma definitiva en materia de remediación y prevención, difiriendo el cumplimiento del Programa de saneamiento al Poder Ejecutivo. Pero sin lugar a dudas el hito fundamental en esta evolución llevada adelante por el máximo Tribunal argentino lo constituyó el precedente Halabi, el que por su importancia destacaremos en el apartado siguiente.

La ley 9032 de Amparo Ambiental de Entre Ríos (1996), ley 6321 para la Defensa, Conservación y Mejoramiento del Ambiente y Recursos Naturales (1996, arts. 39 y sigtes.), Ley 11.723 de Protección, Conservación y Restauración de los Recursos Naturales y del Ambiente en la Provincia de Buenos Aires (arts. 34 y sigtes.), entre muchos otras, resultan tributarias del reconocimiento constitucional a la ampliación de la legitimación activa.

En el año 2008, la reforma de la ley de Defensa de los Consumidores y Usuarios por la ley 26.361, reguló las acciones colectivas en las relaciones de consumo a través de las siguientes reglas:

1) Están legitimados para promoverlas los consumidores o usuarios, las asociaciones de consumidores y usuarios (arts. 52 y 55), la autoridad de aplicación nacional o local, el defensor del pueblo y el ministerio público fiscal (art. 52).

2) Las asociaciones de consumidores pueden asumir el rol de litisconsortes de los demás legitimados (art. 52).

3) Se aplican "las normas del proceso de conocimiento más abreviado que rijan en la jurisdicción del tribunal ordinario competente, a menos que a pedido de parte el Juez por resolución fundada y basado en la complejidad de la pretensión, considere necesario un trámite de conocimiento más adecuado" (art. 53).

4) Se reparte la carga de la prueba acogiendo la teoría de la carga probatoria dinámica, "los proveedores deberán aportar al proceso todos los elementos de prueba que obren en su poder, conforme a las características del bien o servicio, prestando la colaboración necesaria para el esclarecimiento de la cuestión debatida en el juicio" (art. 53).

5) El Ministerio Público Fiscal -además de su legitimación para accionar- debe continuar la acción si la desiste la asociación de consumidores o usuarios (art. 52) y, en caso de "acuerdo conciliatorio o transacción" celebrado por otros legitimados, debe expedirse "respecto de la adecuada consideración de los intereses de los consumidores o usuarios afectados" (art. 54).

6) La homologación del acuerdo "requerirá de auto fundado", que deberá dejar a salvo la posibilidad de que los consumidores o usuarios individuales se aparten de la solución adoptada (art. 54).

7) "La sentencia que haga lugar a la pretensión hará cosa juzgada para el demandado y para todos los consumidores o usuarios que se encuentren en similares condiciones, excepto de aquellos que manifiesten su voluntad en contrario previo a la sentencia en los términos y condiciones que el magistrado disponga" (art. 54).

8) La sentencia, en el caso de que "la cuestión tuviese contenido patrimonial", debe ajustarse a los criterios del art. 54, que prevé asimismo la existencia de daños diferenciados y de grupos o clases de consumidores o usuarios.

9) Las acciones colectivas tienen "el beneficio de justicia gratuita" (art. 55 in fine).[15]

3. Los pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina. Los casos “Halabi” y “Padec”

En el año 2009, la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina falló la causa “Halabi” [16], sentando un leading case en la materia, supliendo la omisión del Poder Legislativo Nacional, en la regulación de los presupuestos de las acciones colectivas en defensa de los derechos de incidencia colectiva.

Resulta claro que el caso fue elegido por el Superior Tribunal de Justicia para pronunciarse sobre la cuestión. La demanda no había sido presentada como un amparo colectivo, ni perseguía el beneficio común de todos los titulares de derechos de incidencia colectiva. Se trataba de un abogado que presentó un amparo para la salvaguarda de su derecho constitucionalmente garantido a la privacidad, pretendiendo se declare la inconstitucionalidad de la ley 25.873 y su decreto reglamentario 1563704, que autorizaban la intervención de las comunicaciones telefónicas y por internet.

La Corte sostuvo que la Constitución Nacional admite en el segundo párrafo del art. 43 una tercera categoría de derechos, conformada por aquellos de incidencia colectiva referentes a intereses individuales homogéneos-tal el supuesto de derechos personales o patrimoniales derivados de afectaciones al ambiente y a la competencia, de los derechos de usuarios y consumidores y los derechos de sujetos discriminados-, en cuyo caso existe un hecho, único o continuado, que provoca la lesión a todos ellos y por lo tanto es identificable una homogeneidad fáctica y normativa que lleva a considerar razonable la realización de un solo juicio con efectos expansivos de la cosa juzgada que en él se dicte, salvo en lo que hace a la prueba del daño.

Agregó que frente a la falta de una ley en nuestro derecho que reglamente el ejercicio efectivo de las denominadas acciones de clase -en el caso de derechos de incidencia colectiva referentes a intereses individuales homogéneos-, el art. 43 de la Constitución Nacional es operativo y es obligación de los jueces darle eficacia cuando se aporta nítida evidencia sobre la afectación de un derecho fundamental y del acceso a la justicia de su titular, pues donde hay un derecho hay un remedio legal para hacerlo valer toda vez que sea desconocido, principio éste del que ha nacido la acción de amparo, ya que las garantías constitucionales existen y protegen a los individuos por el solo hecho de estar en la Constitución e independientemente de sus leyes reglamentarias, cuyas limitaciones no pueden constituir obstáculo para su vigencia efectiva.

En cuanto a los requisitos de su procedencia, el Tribunal fijó que las acciones tendientes a la tutela de derechos de incidencia colectiva referentes a intereses individuales homogéneos -acciones de clase- requiere la verificación de una causa fáctica común, una pretensión procesal enfocada en el aspecto colectivo de los efectos de ese hecho y la constatación de que el ejercicio individual no aparece plenamente justificado, sin perjuicio de lo cual también procede cuando, pese a tratarse de derechos individuales, exista un fuerte interés estatal en su protección, sea por su trascendencia social o en virtud de las particulares características de los sectores afectados.

Asimismo, agregó que la admisión formal de toda acción colectiva requiere la verificación de ciertos recaudos elementales tales como la precisa identificación del grupo o colectivo afectado, la idoneidad de quien asume su representación y la existencia de un planteo que involucre, por sobre los aspectos individuales, cuestiones de hecho y de derecho que sean comunes y homogéneas a todo el colectivo, siendo esencial que se arbitre en cada caso un procedimiento que garantice la adecuada notificación de todas las personas que puedan tener un interés en el resultado del litigio, y que se implementen medidas de publicidad orientadas a evitar la multiplicación de procesos colectivos con un mismo objeto.

Ahora bien, en el caso "Padec”, una Asociación de Defensa de los Consumidores interpuso demanda por la vía prevista en la Ley 24.240 contra una prestadora de medicina prepaga, con el objeto que se declare la ineficacia de una cláusula que autorizaba a la prestadora a modificar unilateralmente el costo de las cuotas mensuales. Las sentencias de primera y de segunda instancia habían negado la legitimación de la asociación y la Corte, en instancia extraordinaria, dejó sin efecto la sentencia impugnada.

La importancia de la decisión del Supremo Tribunal estuvo referido a la admisión de la acción colectiva en materia de consumo, la admisión de la legitimación de las asociaciones y en el reconocimiento que la pretensión de declarar la nulidad de la cláusula contractual resulta ser un aspecto colectivo común: todos los afectados tienen un interés común en ese sentido y respecto del cual la asociación de consumidores ejerció la representación. Ello así sin dejar de advertir que, simultáneamente, cada afectado padecía consecuencias individuales diferenciadas, heterogéneas.[17]

Este criterio implica determinar la existencia de cierta homogeneidad relevante en la afectación de intereses individuales y la posibilidad de generar una solución unitaria, al menos en relación a ciertos aspectos de la pretensión. Se trata de que un aspecto relevante de esa clase de afectación que repercute en numerosos individuos genere efectos comunes y que sea posible dar una solución, al menos parcialmente homogénea, aun cuando se requiera que cada afectado realice un reclamo por vía incidental para acreditar y obtener el resarcimiento de sus daños. Y la pretensión debe estar enfocada en tales efectos comunes. Esta regla es precisamente la que introdujo la reforma de la ley 26.361 a la LDC en el art. 54, tercer párrafo.[18]

4. La frustrada incorporación al nuevo Código Civil y Comercial de la Nación

El nuevo Código, a través del artículo 14, reconoce las categorías de los derechos individuales y de incidencia colectiva. Asimismo, prevé que el ejercicio de los primeros no puede afectar al ambiente y a los derechos de incidencia colectiva en general.

Sin embargo, en el Anteproyecto se recogía expresamente la categoría de los derechos pluriindividuales homogéneos como “derechos individuales, que pueden ser ejercidos mediante una acción colectiva, si existe una pluralidad de afectados individuales, con daños comunes pero divisibles o diferenciados, generados por una causa común”.

Concordantemente, en la redacción original del Anteproyecto se incluía una Sección sobre los daños a los derechos de incidencia colectiva, que ha sido suprimida por el Poder Ejecutivo Nacional, y que se hallaba redactada en el sendero trazado por los pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

No sólo se recogía la categoría de los derechos individuales homogéneos, sino que se regulaban los sujetos legitimados para proceder a su reclamo. Se establecía el requisito de su representatividad adecuada como presupuesto de admisibilidad de la acción tendiente a obtener la reparación del daño. Se regulaba el alcance de la cosa juzgada y la ejecución de la sentencia. En definitiva, se perdió una nueva oportunidad para avanzar en la materia.[19]

5. Las acciones colectivas en Seguros en materia de prácticas y cláusulas abusivas

Las primeras acciones colectivas en materia de seguros fueron iniciadas para que se devolvieran las excesivas sumas cobradas en seguros de saldo deudor. Sin embargo, estas acciones no alcanzaron la instancia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, teniendo distinta suerte en las Cámaras y Juzgados Comerciales de todo el país.[20]

En muchos de estos juicios se alcanzaron acuerdos. Algunos de esos acuerdos fueron cuestionados porque se acordaba devolver importes sólo a aquellos afectados que reclamaran efectivamente dicha devolución en un determinado plazo y no se aseguraba el conocimiento de todos los interesados.[21] Pero lo más importante es que dio lugar a la Resolución General de la Superintendencia de Seguros de la Nación N° 35.678 que puso un poco de orden a un abuso cierto por parte de entidades acreedoras (bancos, tarjetas de crédito, grandes cadenas de tiendas, círculos de ahorro para la adquisición de bienes diversos, etc.) con la complicidad de algunos aseguradores.[22]

Una asociación civil local de defensa de los consumidores comenzó en nombre de todo el colectivo de afectados, una serie de reclamos judiciales contra aproximadamente cincuenta compañías de seguros, actuando a favor de todo un grupo de perjudicados actuales o potenciales constituido por clientes de aseguradoras que ya sufrieron o podrían llegar a padecer en el futuro siniestros de determinadas características, pero fueron o serán excluidos de la cobertura por razones contractuales (parentesco con el asegurado). Asimismo, iniciaron otras acciones por la devolución de intereses por cuotas de la prima pagadas antes del vencimiento del plazo financiado.[23]

La cuestión de la legitimación fue decidida en ambas cuestiones por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En la primera de ellas[24], la Asociación Civil actora había demandado a la aseguradora con el objeto de que cesara la práctica de cobrar a sus clientes, en los contratos de cobertura patrimonial, intereses sobre las cuotas de las primas no vencidas al momento del siniestro y que se descontaban de la indemnización debida. Asimismo, solicitó que se condenara a la empresa de seguros a devolver a sus clientes, en tanto fueran personas físicas, la carga financiera así percibida en los últimos 10 años y se fijara un daño punitivo en los términos del art. 52 de la Ley 24.240 reformada por la Ley 26.361.

Como bien lo explica Carlos Facal,[25] “cuando un asegurador debe abonar la pérdida total del bien asegurado y no ha cobrado aún la totalidad de la prima, suele descontar de la prestación a su cargo las cuotas del seguro que aún no han vencido. Ciertamente que tiene derecho a ello porque la prima corresponde a todo el período del seguro, y si el bien asegurado se pierde por la ocurrencia de un siniestro, el asegurador tiene derecho a cobrar todo el precio de su cobertura y no puede verse perjudicado por la circunstancia de haber financiado el pago de la prima pactada. Pero, en la práctica aseguradora se suele debitar, del monto a abonar al asegurado, el saldo pendiente de cobro de las primas, sin descontar el cargo financiero por el período que no habrá de financiarse puesto que se adelanta la percepción”.

La Sala A de la Excma. Cámara en lo Comercial había dejado sin efecto el fallo de primera instancia y rechazado la demanda al entender que la actora no se encontraba legitimada para demandar a través de acciones de incidencia colectiva referidas a intereses individuales homogéneos, no encontrándose configurados en el caso los requisitos trazados por el máximo Tribunal en el caso “Halabi”. [26]

Por el contrario, la Corte Suprema sostuvo que en el caso correspondía abrir la acción colectiva intentada, ya que las cuestiones traídas a la causa eran sustancialmente análogas a las examinadas en la causa “Padec”. [27]

La Corte consideró que en el caso:

a) existe un hecho único (la práctica de un asegurador de no diferenciar capital de intereses al momento de hacer las deducciones de la prima pendiente de cobro cuando afrontaba el pago de una pérdida total).

b) se alegó que tal conducta del asegurador había sido implementada con carácter sistemático por lo que era susceptible de afectar a una pluralidad de asegurados (personas físicas sin facturación mensual).

c) la pretensión de la actora está dirigida a los efectos comunes de la clase de sujetos involucrada, entendida ésta, como el perjuicio que sufrirían por igual todos aquellos asegurados a quienes se les abona una indemnización por un siniestro acaecido.

La Corte puntualizó que ni la existencia de particulares características en el seguro contratado, ni la diversidad de montos pendientes de cancelación, impiden la configuración de la homogeneidad fáctica que habilita la acción colectiva, sin perjuicio de que resultarán relevantes a la hora de la repercusión dañosa y de su condena a favor de cada asegurado.

A todo ello agregó que el acceso a la jurisdicción no se encontraría plenamente garantido si se negara legitimación a la asociación, ya que individualmente podrían no verse justificados los costos económicos y no económicos del litigio por el escaso monto a reclamar. En ese sentido, considera que el objeto estatutario de la actora la faculta a promover la acción.

Por último, ordenó al Tribunal que instruye la causa tener en cuenta que:

a) deberá dar la intervención correspondiente al Ministerio Público Fiscal.

b) deberá identificar al grupo involucrado en el caso, supervisar que la idoneidad de la actora se mantenga durante todo el proceso, arbitrar el procedimiento que garantice la adecuada notificación de todos los interesados para que opten por integrarse o por quedar fuera del pleito.

c) deberá implementar las medidas adecuadas de publicidad para evitar la superposición de procesos. A ese efecto, hace saber a la actora que, en el futuro, al iniciar acciones de clase deberá informar claramente en su primera presentación procesal las demás acciones colectivas iniciadas con idéntico objeto.

Como expresamente lo puntualizó la Corte, no cabe duda que esta sentencia es una aplicación de la doctrina que el Tribunal había elaborado en los precedentes “Halabi” y “Padec c/ Swiss Medical”, ahora con relación a la materia de seguros.

Un segundo pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación volvió a pronunciarse sobre las acciones colectivas en materia asegurativa.[28]

Como quedó dicho, hasta aquí el máximo Tribunal había puntualizado que el acceso a la jurisdicción no se encontraría plenamente garantido si se negara legitimación a la Asociación, ya que individualmente podrían no verse justificados los costos económicos y no económicos del litigio por el escaso monto a reclamar. Esto es, en ese primer fallo en materia de seguros se señaló que constituye requisito de la acción colectiva que la escasez del monto en juego no justifique el ejercicio individual del derecho o que se encuentre comprometida la naturaleza de un derecho de trascendencia social o de un grupo débilmente protegido.

En este segundo caso, la actora (la misma Asociación Civil) había demandado se declarara la nulidad de la cláusula del contrato de seguro automotor en la que se establece la exclusión de cobertura en razón del vínculo por parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado, entre el asegurado o conductor y el damnificado directo. Asimismo, había solicitado se condene a la demandada (una aseguradora determinada que ofrecía la cobertura impuesta uniformemente en el mercado por la autoridad de control), a pagar una suma de dinero a los que hubieran sido perjudicados por esta cláusula en los diez años anteriores a la demanda.

Tanto el Juzgado de Primera instancia como la Sala B de la Excma. Cámara Comercial de la Capital Federal habían rechazado in limine la demanda, señalando que el daño alegado era esencialmente personal y propio, por lo que la legitimación debía ser también individual de cada presunto afectado.

La Corte confirmó el pronunciamiento y recordó que la ausencia de una norma que regule en forma precisa y acabada el efectivo ejercicio de este tipo de acciones colectivas no puede dejar sin protección los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Nacional. [29]

Reiteró los requisitos que deben ser verificados por los magistrados para la procedencia de una acción colectiva: a) una causa fáctica común, b) una pretensión enfocada a los aspectos colectivos de los efectos del hecho y c) la constatación de que el interés individual considerado aisladamente no justifique la promoción de la acción. Asimismo, agregó que de faltar este último requisito la acción colectiva igualmente resultaría procedente “cuando, pese a tratarse de derechos individuales, exista un fuerte interés estatal en su protección, sea por su trascendencia social o en virtud de las particulares características de los sectores afectados”.

En este último aspecto, la Corte consideró que en el caso ni la acción individual se veía comprometida si no procedía la acción colectiva contra la cláusula de exclusión por parentesco, ni se observa que “la naturaleza del derecho involucrado en el subexamine revista una trascendencia social que exceda el interés de las partes a quienes se refieren las cláusulas o que estas afecten a un grupo tradicionalmente postergado o débilmente protegido”.

A esta altura, conviene precisar que la Corte no ha concluido que la acción colectiva resulta inviable cuando se pretende la declaración del carácter abusivo de una cláusula contractual en materia asegurativa[30], en cambio, remarcó que en el caso no se daban las condiciones para su procedencia. No cabe dudar que, en el anterior pronunciamiento dictado, el requisito ahora faltante, se encontraba presente y justificó la procedencia de la acción colectiva.

En definitiva, debe quedar claro que el fallo no impide que el proceso colectivo también resulte una herramienta valiosa para la tutela de reclamos de daños masivos de cuantía significativa: numerosas víctimas resulten afectadas por un mismo hecho con una repercusión individual elevada.[31] En este caso, las ventajas del proceso colectivo suelen asociarse a la prevención de daños y la reducción de costos administrativos del sistema judicial mediante la concentración del conflicto en un único proceso. Estas ventajas, fundadas en razones de eficiencia, son las que dan cuenta de la excepción contemplada en el fallo "Halabi" al requisito general de la menor cuantía para ciertas materias, entre ellas la protección del consumidor. [32]

6. Ponencia

Los procesos colectivos resultan útiles y necesarios en cuestiones que afectan a un gran número de personas en relación al ejercicio de los derechos de incidencia colectiva. Tienden a promover el acceso a la justicia para los reclamos de menor cuantía y aún para los de mayor cuantía, cuando se trata de daños masivos.

La categoría de los intereses individuales homogéneos no debe considerarse ontológicamente diversa a la de los intereses individuales, sino exclusivamente como una estrategia que permite una administración del conflicto colectivo de una manera más eficiente y eficaz. En ese orden, resulta destacada la importancia del proceso colectivo en materia de prevención, axiológicamente más valioso que el resarcimiento.

Su regulación legislativa resulta imperiosa merced a las múltiples cuestiones procesales que su existencia denota y la necesidad de ponderar los límites del Instituto. En ese sentido, una correcta regulación no sólo será de utilidad para lograr una mejor defensa de los derechos de incidencia colectiva, sino también para dotar de mayor claridad, seguridad y eficacia al proceso colectivo.

En materia de seguros, las prácticas y las cláusulas abusivas en seguros pueden ser observadas a la luz de las normas protectorias de los arts. 42 y 43 de la Constitución Nacional Argentina y de la Ley de Defensa del Consumidor, además de las leyes especiales que rigen el contrato de seguro (Ley 17.418), la actividad aseguradora (Ley 20.091) y la actividad de intermediación en seguros (Ley 22.400), mediante la vía de las acciones de incidencia colectiva referidas a intereses pluriindividuales homogéneos, no sólo por los afectados, sino también por las asociaciones de defensa de los consumidores, cuando se verifiquen en el caso los requisitos trazados pretorianamente por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.


(*) Ponencia presentada en el marco del XVII CONGRESO NACIONAL DE DERECHO DE SEGUROS (Ciudad de Mendoza, del 2 al 5 de mayo de 2018, Auditorio Angel Bustelo)

[1] MORELLO, Augusto M.-STIGLITZ, Gabriel A., “Responsabilidad civil y prevención de daños. Los intereses difusos y el compromiso social de la justicia”, LL 1987-D, 364 y sgtes. COBAS, Manuel O. “Legitimación de las entidades intermedias”, en la obra ALTERINI, Atilio A.-LOPEZ CABANA, Roberto M. (Dir), La responsabilidad, en homenaje al Profesor Dr. Isidoro H. Goldenberg”, Ed. AbeledoPerrot, Bs. As. 1995, pág. 409 y sgtes.

[2]GIDI, Antonio, “El concepto de acción colectiva”, en GIDI-FERRER MAC-GREGOR (coords.), La tutela de los derechos difusos, colectivos e individuales homogéneos. Hacia un Código Modelo para Iberoamérica. 2a. ed., México, Porrúa-UNAM,2004.

[3]Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo n° 2, Capital Federal, firme, “Kattan c/ Gobierno Nacional”, LL 1983-D, 575.

[4]C1ªCC La Plata, sala III, 22.12.92, JA 1995-IV, 173 y sgtes.

[5]CSJN, 7.7.92, Ekmekdjian c/ Sofovich, 1992, Fallos, 315: 1492. El actor promovió acción de amparo con el objeto que Gerardo Sofovich leyera en su programa de televisión, una carta documento por la que replicaba a Dalmiro Sáenz, las opiniones que éste había vertido sobre la Virgen María y Jesucristo que entendía agraviantes. La Corte admitió la legitimación del actor, al sostener que le atribuía la representación de todos aquellos que pudieran haberse sentido ofendidos por las expresiones de Dalmiro Sáenz, aclarando que el efecto reparador alcanza al conjunto de los ofendidos por el mismo agravio.

[6]CNCiv. sala K, LL 1992-C, 540.

[7]CCiv. y Com.Azul, sala II, 22.10.96, LL Buenos Aires, 1997-273.GALDÓS, Jorge M. “Daño moral colectivo, daños punitivos y legitimación procesal activa”, en MOSSET ITURRASPE, Jorge-Lorenzetti, Ricardo L. (Dir), Revista de Derecho de Daños-Daño moral, nro. 6, Ed. Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 1999, págs. 113 y sgtes.

[8]STIGLITZ, Gabriel A.-STIGLITZ, Rubén S., Derechos y Defensa del Consumidor, Ed. La Rocca, Bs. As., 1994. FARINA, Juan M.,Defensa del Consumidor y del Usuario, Ed. Astrea, Bs.As. 1995, págs. 401.

[9] FARINA, Juan M., Defensa del Consumidor y del Usuario, Astrea, Bs. As., 1995, pág. 421.

[10]MORELLO, Augusto Mario, su proyecto fue publicado por Jurisprudencia Argentina, 16.10.85.

[11]QUIROGA LAVIE, Humberto, El amparo colectivo, Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 1998, pág. 261 y sgtes.

[12] Proyecto de ley S 2758/11 presentado por la Senadora Liliana Negre de Alonso. Para un completo análisis de los Proyectos de Ley presentados ver AZAR, María José, “Los derechos de incidencia colectiva en el Proyecto de Código Civil y Comercial de la Nación”, en la obra colectiva CARAMELO-PICASSO (Dir), Derecho Privado. Reforma del Código Civil I. Aspectos Generales, Infojus, Buenos Aires, 2012, págs. 250 y sgtes.

[13]CSJN, 22.4.97, JA nro. 6078, del 25.2.98, pág.42.

[14] CSJN, 20.06.06, “Mendoza, Beatriz Silvia c/ Estado Nacional y ots. s/ Daños y perjuicios”, Fallos, 329: 2316.

[15] MOSSET ITURRASPE, Jorge-WAJNTRAUB, Javier H., Ley de Defensa del Consumidor, Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2008, pag. 274 y sgtes.

[16]CSJN, 24.02.2009, “Halabi, Ernesto c/ P.E.N. ley 25.873 dto. 1563/04”, LA LEY del 10.3.2009, p. 5/7.

[17]“En efecto, la Cámara no tuvo en cuenta que la diversidad en materia de intereses económicos es una característica que necesariamente se da entre los consumidores de cualquier producto o servicio, y con ello omitió considerar que toda afectación de los intereses del grupo repercutirá —ineludiblemente de manera distinta en sus integrantes, de acuerdo con la situación económica individual de cada uno de ellos—" (voto del Dr. Enrique S. Petracchi).

[18] TOLOSA, Pamela-RIOS, Guillermo C., “Defensa del consumidor. Proceso colectivo e intereses individuales homogéneos”, RCyS 2015-II, 11. Cita online: AR/DOC/4039/2014.

[19] DE LOS SANTOS, Mabel, “Los procesos colectivos en el Anteproyecto”, LL 08.06.12, pág. 1.

[20] Unión de Usuarios y Consumidores ha iniciado 20 acciones colectivas solicitando que las entidades financieras cobren el seguro a sus clientes al precio corriente de plaza y Adecua otras 52. A ellas corresponde agregar un número similar promovido por Consumidores Financieros y Proconsumer que se han acumulado a las anteriores.

[21] Ver fallos notas 36 y 37. Idem CNCom., Sala F, 09.04.14, “G.,G.R. c/ Cencosud”, Abeledo Perrot online, AR/JU/22556/2014. Se deniega la homologación del acuerdo celebrado entre las partes en razón no sólo de la oposición del Ministerio Público Fiscal, sino también porque el Tribunal lo considera injusto atento que su monto es significativamente menor al que había sido determinado en la pericia rendida en el expediente judicial, amén de limitarse también temporalmente la pretensión.

[22]Informe “Evolución del “sobreprecio” del seguro de vida colectivo de deudores 2007-2014”, elaborado por la Asociación de Defensa del Asegurado A.D.A., www.ada.org.ar, 20 de octubre de 2014. En el informe se concluye que, a pesar de las medidas implementadas por la autoridad de control, “En el año 2014 los usuarios que toman créditos personales en el sistema financiero argentino pagarán el seguro de vida colectivo de deudores 7 veces más caro que lo que vale en el mercado, en las tarjetas de crédito personales 4veces más, en los préstamos prendarios 2 veces más y en los hipotecarios una vez más. Ello significa que los usuarios de préstamos del sistema financiero pagarán este año siete mil quinientos millones de pesos más ($7.500.000.000) que lo que deberían pagar”.

[23] PRATO, Osvaldo, “Acciones de clase y contratos de seguro”: “Concretamente, en esta primera tanda de acciones judiciales fueron seleccionadas diversas hipótesis relacionadas con los seguros de automotores : A) exclusión de indemnización a una víctima por ser pariente del asegurado pese a que haya sufrido daños en el mismo accidente contemplado en la póliza -sí, tal cual- B) robo de un rodado que luego aparece con serios deterioros; C) vehículos dañados por choques pero conserven un 20% del valor que tenían antes del accidente y D) no devolución de intereses por cuotas de la prima pagadas antes del vencimiento del plazo financiado”.

[24] CSJN, 24/06/2014, “Consumidores Financieros Asociación Civil p/su defensa c. La Meridional Argentina de Seguros S.A. s/ ordinario”, Sup. Const. 2014 (julio), 93; LL 23/07/2014, 11.

[25] FACAL, Carlos, “Un nuevo avance de la Corte Suprema en materia de acciones “de clase” entabladas por las Asociaciones de Consumidores”¸ en El Seguros en acción del 10 de julio de 2014, www.elseguroenaccion.com.ar/wp/?p=7602.

[26] CSJN, 24.02.09, “Halabi Ernesto c/ PEN Ley 25.873 DTO. 1563/04”, LA LEY 2009-B , 157.

[27] CSJN, 21.08.13, “PADEC c/ Swiss Medical S.A.”, LA LEY 2013-E, 290.

[28] CSJN, 27/11/2014, “Consumidores Financieros Asociación Civil p/su defensa c. Prudencia Compañía Argentina”.

[29]CSJN, “Halabi”, Fallos 332:111.

[30]En contra, PERUCCHI, Héctor, “Límites a las acciones colectivas contra cláusulas contractuales asegurativas”, en La página del Seguro, Ámbito Financiero, 20/12/2014, donde se lee “Necesario es destacar que la Corte Suprema no se pronuncia aquí sobre este aspecto reclamado (que podríamos llamar el “fondo de la cuestión”), pero su pronunciamiento es seguramente más importante que eso, por cuanto elimina para el futuro la posibilidad jurídica de estas acciones relacionadas con cláusulas contractuales. Concretamente lo que hace la Corte es negarle legitimación activa a las asociaciones de defensa del consumidor para cuestionar, por vía de una acción colectiva, la validez de una cláusula contractual asegurativa, particularmente de una exclusión de cobertura. La cuestión, tal como el fallo está planteado, no se refiere solamente a esta cláusula, sino que es universal y definitiva: no existe razón alguna para este tipo de acciones en casos como el presente, toda vez que esta validez puede ser discutida judicialmente por cualquier asegurado o tercero a quien se le aplicaron y que la considere inválida”.

[31] ALTERINI, Atilio A., “El proceso colectivo de daños”, RCyS 2009_VII, 161.

[32]TOLOSA, Pamela-RIOS, Guillermo C., op.cit. pág. 1

Citar: elDial.com - DC25A9

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