script src="https://my.hellobar.com/550c6ad70a192aa4b2ce4bd1b7b07e8f4ea2712f.js" type="text/javascript" charset="utf-8" async="async"> Los fallos sobre relación de dependencia y la Corte Suprema(*)

Los fallos sobre relación de dependencia y la Corte Suprema(*)

1.- Los pleitos laborales sobre el tema

Las controversias de más ardua y delicada dilucidación en materia laboral son las referidas a determinar –en ciertos supuestos- si entre las partes que litigan medió o no una relación de trabajo subordinada (“relación de dependencia”).

Esos litigios suelen resultar también los de mayor cuantía económica en el Fuero del Trabajo, pues además de estar en juego las indemnizaciones laborales “comunes” (antigüedad, sustitutiva del preaviso e integración del mes de despido), pueden dar lugar a la imposición de obligaciones mucho más gravosas que resultan de una retahíla de leyes dictadas en forma sucesiva a partir de los años ’90 que acumulan a aquéllas un resarcimiento agravado tras otro, por cuestiones como: omisión de registración de una relación laboral subordinada (Ley 24.013: arts. 8 y 15); haberse obligado al actor a promover acciones en procura del cobro de su crédito (Ley 25.323: art 2); falta de entrega de certificados de servicios (Ley 25.345: art. 45); etc.

El concepto de “dependencia” ha suscitado en la doctrina y jurisprudencia una amplia gama de cuestiones, siendo relevante señalar que cuando se controvierte la existencia de una relación laboral subordinada, la decisión final que se adopte terminará decidiendo el tema a “todo o nada”, encuadrando el vínculo en la normativa laboral (y su régimen de indemnizaciones comunes y agravadas, amén de colocar al empleador ante la obligación de cancelar aportes y contribuciones de seguridad social no prescriptos) o lo excluirá por completo de ella.

Merece destacarse que hasta el propio legislador reconoce que determinar cuándo se configura o no una relación laboral subordinada se torna en algunos casos una cuestión ardua, al punto que en el art. 16 de la Ley Nacional de Empleo N° 24.013 (“LNE”) ha establecido que cuando las características de la relación entre las partes pudieran haber generado en el empleador una duda razonable acerca de la aplicación de la Ley de Contrato de Trabajo, el juez o tribunal podrá reducir la indemnización prevista en el art. 8 de la LNE (equivalente a la cuarta parte de las remuneraciones devengadas desde el comienzo de la vinculación) e incluso suprimir la prevista en el art. 15 de ese cuerpo normativo (duplicación de las indemnizaciones por despido sin causa justificada dentro de los dos años desde que el trabajador hubiera intimado al empleador la regularización del vínculo).

La dificultad que presenta el concepto de la relación de dependencia y las graves consecuencias que derivan de las sentencias que declaran su existencia en casos controvertidos, debería llevar a que los fallos se dicten extremando la consideración de las circunstancias del caso de acuerdo a las constancias del expediente y la normativa en juego; máxime atendiendo a la expresa directiva dada al respecto por la Corte Suprema, en cuanto a que esa exigencia se impone con mayor estrictez en atención al resultado económico del fallo.[1]

Pero lamentablemente no es lo que viene ocurriendo en ciertas sentencias laborales referidas a la cuestión, como lo demuestra la cada vez más reiterada intervención en temas de esta índole que viene teniendo el Alto Tribunal, y que se reseña en este informe.

2.- La intervención de la Corte Suprema en causas laborales

Es sabido que en los pleitos laborales se debaten (en la generalidad de los casos) cuestiones fácticas y de derecho común que por su naturaleza resultan en principio ajenas al ámbito del conocimiento del recurso extraordinario, por lo que la intervención en ellas del Alto Cuerpo sólo tiene lugar cuando la sentencia impugnada resulta arbitraria, conforme a la caracterización del concepto elaborada de larga data por el Alto Cuerpo.

Como señalara Genaro Carrió[2] existe un ámbito propio del remedio federal y un ámbito especial, dado por las denominadas sentencias arbitrarias, que responden a una elaboración doctrinaria de la Corte Suprema y que justifica la admisibilidad de un recurso extraordinario en los casos “de sentencias arbitrarias, desprovistas de todo apoyo legal, fundadas tan solo en la voluntad de los jueces”.[3]

Así, el recurso extraordinario tiene un ámbito normal de actuación, descripto en los tres incisos del art. 14 de la Ley 48. Pero además de aquel ámbito normal, la jurisprudencia de la Corte Suprema ha elaborado un ámbito excepcional de acción del recurso extraordinario, que es el de la sentencia arbitraria, que tiende también a asumir la condición de cuestión federal, configurando a ésta, y por lo tanto se presenta como materia del recurso extraordinario, aunque lo decidido en la sentencia de la anterior instancia trate temas de derecho común o local, o cuestiones de orden fáctico o procesal.[4]

Por ello, la intervención de la Corte Suprema en tema de esta índole puede tener lugar por vía de recurso extraordinario cuando la sentencia pronunciada en la instancia anterior presenta graves defectos de fundamentación, y no da adecuado tratamiento a la litis de acuerdo con las constancias del caso y la normativa aplicable.

Pero la interposición de recurso extraordinario por arbitrariedad de sentencia es desestimada en la casi totalidad de los casos por el tribunal que dictó el fallo recurrido (quizá porque conceder el remedio federal implicaría reconocer la arbitrariedad de su propio decisorio), lo que deja en la práctica como única vía para acceder a la Corte Suprema y asegurar la supremacía constitucional la interposición de Queja ante el Máximo Tribunal.

Y a su vez, la sola deducción de la Queja no suspende la ejecución de la sentencia dictada en la instancia anterior (cfr. art. 285 del CPCCN).

Incluso, tampoco tiene efecto suspensivo de la ejecución de la sentencia la solicitud de remisión del expediente principal (contemplada como una facultad de la Corte en la segunda parte del art. 285 CPCCN, y que se entiende orientada a posibilitar un estudio más profundo del caso). Es que si bien cuando el tribunal inferior remite las actuaciones principales a la Corte ello puede producir “de hecho” la suspensión de la ejecución de la sentencia, la parte interesada en proseguir la ejecución puede obtener las copias de las piezas pertinentes para su certificación y posterior formación del incidente que le permita llevar a cabo su cometido.[5]

Es en ese contexto, en las particularidades que presentan algunas sentencias laborales que se dictan en causas en las que se debate si existió o no entre las partes una relación subordinada que torne aplicable a su respecto la normativa laboral (con la consecuente imposición de pago de indemnizaciones comunes y agravadas) que resulta destacable la intervención excepcional del Más Alto Tribunal que reseñamos en este informe, que da concreción a lo que expresara Morello:“de suyo emerge más intenso el control respecto de lo que se presenta ‘a los ojos de los ciudadanos’ como arbitrario, carece de motivación y traduce un exceso del órgano judicial”.[6]

3.- Las controversias promovidas en torno a la relación de dependencia.

No es el objeto de este artículo abundar en consideraciones sobre el contrato de trabajo, que no es una institución de características definitorias precisas; la relación de dependencia se manifiesta en diversos elementos que, en su conjunto y valorados razonablemente según las circunstancias de cada caso, contribuyen a encuadrar el círculo en el ámbito laboral.[7]

Hace varias décadas el maestro Vázquez Vialard señalaba que el trabajo autónomo y el realizado en relación de dependencia (o más propiamente, dirigido) “no se distinguen por la labor en sí efectuada, sino por el vínculo por medio del cual se realiza la prestación y la relación entre el que la efectúa y el que la recibe o un tercero que interviene en el proceso”.[8]

Al efecto daba como ejemplo que la tarea del médico no difiere según se desempeñe a través de un contrato de trabajo o de una locación de obra, pues en todas las situaciones el médico –con prescindencia de la modalidad operativa a través de la cual surge su débito- deberá practicar los exámenes clínicos, indicar los estudios de laboratorio, radiográficos, etc., a fin de formular un diagnóstico y la terapia que corresponda. Lo que varía es la relación jurídica entre el médico y el paciente o entre aquél y la persona física o ideal que se hace cargo del pago de la atención.

Aun partiendo de que el concepto de “dependencia” se proyecta tradicionalmente sobre tres aspectos o facetas “clásicas”como la subordinación jurídica, económica y técnica,[9] la jurisprudencia no es pacífica en la interpretación y decisión de los temas en los que se controvierte la configuración o no de ella. Incluso en algunas oportunidades las decisiones judiciales reconocen a la “subordinación” una importancia relevante, mientras que en otras se la niegan o relativizan.[10]

A esa relativización de las facetas “clásicas” de la subordinación, se agrega que algunos decisorios otorgan prevalencia a un concepto que podría considerarse de “subordinación institucional o estructural”. Se considera, a esos fines, que los elementos meramente exteriores de la llamada “dependencia jurídica” son insuficientes como test de la existencia de un contrato de trabajo.[11]

En oportunidad de comentar un fallo que data del año 2003, y respecto a la situación de los profesionales universitarios, Calos Pose destacaba lo delicado de la tarea de esclarecer la naturaleza de las relaciones existentes entre ellos y las entidades con las que se vinculan, refiriendo (con apoyo en la doctrina que cita) que existen una infinidad de matices que hacen que la solución no se presente con nitidez, y que para la generalidad de la opinión especializada esos graduados pueden comprometer sus servicios tanto a través de contratos de trabajo, como de locación de obras o servicios, como de mandato, determinando la inexistencia de un modelo al que remitirse en casos análogos.

Pero también refería que al menos en el ámbito de los profesionales del arte de la salud existía una tendencia cada día mayor de la jurisprudencia laboral a mostrarse permeable a tipificar como prestaciones dependientes los servicios prestados por médicos, odontólogos, oftalmólogos, cirujanos, etc.-

Aun admitiendo lo complejo y opinable que resulta determinar la existencia o no de relación de dependencia en ciertas vinculaciones (no sólo entre profesionales y la entidad en la que actúan), es dable observar que en los últimos años algunas sentencias laborales referidas al tema parecen haberse ido volcando a consagrar criterios dogmáticos, que soslayan el detenido análisis del contexto en que se desenvolvió la relación, presentando por ello graves defectos de fundamentación que se traducen en un inadecuado tratamiento a la litis de acuerdo con las constancias del caso y la normativa aplicable, y que para peor imponen por esa vía condenas de magnitud económica sorprendente “a los ojos de los ciudadanos” (en la expresión citada de Morello).

5.- Fundamentos que se observan en sentencias laborales que admiten los reclamos y que han dado lugar a la intervención de la Corte Suprema

A influjo de una corriente jurisprudencial cada vez más laxa en la materia, fueron surgiendo demandas laborales en las que se persigue el cobro de importes dinerarios de excepcional magnitud, promovidas por profesionales o personas con título habilitante o con calidad de socios que alegan haber estado vinculados durante muchos años (en general, décadas) con una entidad (a la que atribuyen carácter de empleadora) sin registración laboral, afirmando al concluir la relación haber estado durante tiempo tan prolongado en situación de clandestinidad laboral.

A través de esas acciones se reclama el cobro de la retahíla de indemnizaciones antes referidas (tanto las “comunes” por despido, como las agravadas por falta de registración, falta de entrega de certificados de servicios, etc.), partiendo en general los reclamos de una “reflexión” (ciertamente tardía) acerca del carácter laboral subordinado del vínculo en cuestión.

Los fallos laborales que acogen esos reclamos, presentan alguna o varias de estas facetas:

a) En algunos casos, se niega la vigencia misma del contrato de locación de servicios (regulado en los arts. 1623 y siguientes del Código Civil de Vélez, actual contrato de servicios del art. 1251 en el Código Civil y Comercial), señalando que ese instituto ha sido sustituido por la relación de dependencia. [12] El fallo que quizá resulte el exponente más extremo de esa posición lo expresa en estos términos: “el contrato de locación de servicios no existe más en ningún ámbito del derecho; si alguien intentara utilizarlo estaría desarrollando una conducta inconstitucional ya que es principio implícito de nuestra Constitución que el trabajo no es una mercancía y que goza de la protección de las leyes entrando ya ahora en el art. 14 bis”.[13] Se omite por esa vía considerar las diferencias que median entre el contrato de trabajo y la locación de servicios, la locación de obra, etc., impregnando a la decisión de un carácter dogmático, que se aparta de decisiones de la Corte Suprema.[14]

b) Se aplica directamente la presunción del art. 23 de la Ley de Contrato de Trabajo, decidiendo con invocación a ella que la sola acreditación de la “prestación de servicios” basta para considerar que medió un contrato de trabajo entre las partes. Se desestima así el criterio serio y razonable expuesto por la mejor doctrina que señala que para que opere esa presunción es preciso que se acredite que la prestación de servicios lo fue en una relación subordinada, y que sólo a partir de esa demostración se entenderá que ha existido contrato de trabajo si el demandado no prueba lo contrario,[15] destacándose que de otro modo se arriba a soluciones inequitativas.[16] Tampoco se toma en cuenta que conforme señalara el Dr. Lorenzetti (en su voto concurrente de Fallos 338:56) “la configuración del supuesto de hecho de la norma que habilita la presunción de la relación de trabajo… no puede basarse en testimonios aislados ni en la ignorancia el contexto en que se desenvolvió la prestación”.

c) Se destaca alguna declaración testimonial que refiera que el actor desempeñaba cierto tipo de tareas en el interés del comitente, sin atender que el trabajo autónomo y el dirigido o dependiente no se distinguen por la labor efectuada, sino por el vínculo por medio del cual se realiza la prestación.

d) También en base a alguna declaración testimonial se tiene por acreditado que el demandante recibía instrucciones, que se lo controlaba, etc., considerando suficiente ello para hacer lugar a la demanda Se desentienden que de larga data el Alto Tribunal tiene decidido que la existencia de una serie de directivas para la realización de la prestación y la coordinación de horarios no resultan por sí solas concluyentes para acreditar un vínculo de subordinación, pues constituyen notas comunes que pueden encontrarse tanto en una relación civil como comercial como en un contrato de trabajo, pues responden al orden propio de toda organización empresarial.[17] Con referencia específica al caso de los médicos, el Alto Tribunal también decidió –incluso con distintas integraciones- que no resulta decisivo para determinar un genuino ejercicio del poder de dirección patronal, las restricciones impuestas a la actividad profesional del galeno, como producto de la fijación de horarios para la atención de pacientes, sometimiento a un cierto contralor y de la exigencia de cumplir con diversas reglas propias del ejercicio de la profesión.[18]

e) Sobre bases como las indicadas, sin dar un tratamiento adecuado a la controversia, se termina imponiendo la retahíla de indemnizaciones antes mencionadas, que llevan a la fijación de importes de extraordinaria cuantía. Se registra así un caso extremo en que la sentencia laboral que condenó al pago de una indemnización multimillonaria (alrededor de u$s 2.500.000) transcribió en sus fundamentos extensas declaraciones testimoniales prestadas en otra causa, y se remitió a un precedente que se refería a una situación fáctica distinta de la que se debatía en el expediente.[19]

f) Rechazan toda incidencia, del comportamiento pacífico del demandante permaneciendo durante muchos años sin cuestionar la modalidad de relacionamiento entablada con la parte demandada (sobre bases ajenas a la normativa laboral subordinada), incluyendo la forma en que el reclamante hubiera percibido su retribución, descartando la relevancia de las inscripciones tributarias o de seguridad social que hubiera tenido el actor que lo refirieran como trabajador autónomo, etc. Se desentienden por esa vía de la relevancia dada por la Corte Suprema a la buena fe como deber jurídico de todo comportamiento que genera expectativas en otras personas, y que la emisión de facturas durante extenso período y la falta de todo reclamo (manifestando sólo discrepancia al momento del distracto), configura una conducta que contraría los propios actos y la regla de la buena fe.[20]

Resulta claro que cuando las decisiones judiciales laborales se adoptan sobre bases como las referidas, terminan consagrando soluciones dogmáticas, que en la práctica no dejan espacio alguno para la existencia de prestación de servicios autónomos, subsumiendo todo el trabajo humano en el ámbito de la normativa laboral subordinada.

Ese modo de resolver una situación de suyo tan ardua y delicada como la que referimos, no es ajena a que en los últimos años se hayan ido promoviendo y admitiendo cada vez con más frecuencia demandas iniciadas por profesionales de la más alta especialidad en su materia (o personas con título habilitante o calidad de socios de la entidad demandada), que luego de mantener relación durante varias décadas sobre la base jurídica de servicios autónomos, sorpresivamente “reflexionaron” (con evidente finalidad especulativa y apartamiento de la buena fe) que su vínculo era en rigor laboral subordinado, pretendiendo resarcimientos de una cuantía inusitada (por la adición de indemnizaciones comunes y agravadas), generando “a los ojos de los ciudadanos” una sensación de arbitrariedad y exceso jurisdiccional.

Es de tal intensidad la falta de ponderación que se observa en algunos fallos laborales en la materia, que se registra un precedente en el que un neurocirujano (que alegó una vinculación de más de diez años con una conocida y prestigiosa entidad hospitalaria de comunidad, que desarrolla su actividad desde hace décadas en pleno centro de la CABA), obtuvo en su favor una sentencia de segunda instancia que condenó a la demandada al pago de las indemnizaciones por despido, y además le aplicó con su mayor severidad las llamadas multas de la Ley Nacional de Empleo decidiendo en forma expresa que no procedía disminuir en nada su importe (pese a estar ello autorizado por el art. 16 de ese cuerpo normativo en casos en los cuales la demandada pudo tener dudas sobre el encuadramiento laboral de la relación), y hasta se condenó en forma solidaria al Presidente de la entidad hospitalaria.[21]

Es decir, se resolvió el tema como si se hubiera tratado de la completa clandestinización de un trabajador sin ningún tipo de formación y enteramente ajeno al mundo jurídico, asumiendo sin fundamento la ausencia de inscripciones ante organismos, registraciones de pago, y una prestación de tareas en lugar oculto o remoto.

Ello evidencia de por sí la desmesura en que se ha ido cayendo en esta temática en algunas sentencias laborales.

Es en ese particular contexto que cobra gravitación la firme intervención de la Corte Suprema para reponer el equilibrio lamentablemente perdido en fallos de esa índole, restablecer la primacía de la Constitución Nacional y evitar un daño irreparable al patrimonio del recurrente.

6.- La Corte y las situaciones de “extrema excepcionalidad

Si bien la intervención de la Corte Suprema en temas laborales es por vía de excepción (por arbitrariedad de sentencia), y en rigor sólo se accede a ella a través de Queja por haberse denegado el remedio federal (lo que no suspende la ejecución del fallo de la causa), resulta relevante atender al ejercicio que ha hecho la Corte Suprema de la facultad indiscutible que tiene, y que ejercita ante situaciones que la doctrina refiere como de “extrema excepcionalidad”,[22] en virtud de la cual hace lugar a la Queja y decide intervenir en la apelación extraordinaria, reputándola formalmente procedente (admisible), lo que da efecto suspensivo a la Queja y obsta la ejecución de la sentencia impugnada.

Se requiere para ello que se configuren circunstancias excepcionales, que deben haber sido expuestas en el recurso extraordinario y mantenidas en la presentación directa que puedan prima facie involucrar cuestiones de orden federal, ante lo cual la Corte Suprema puede declarar procedente la Queja y decretar la suspensión del curso del proceso sin que ello implique pronunciamiento sobre el fondo del recurso.[23]

Esa “situación de extrema excepcionalidad” que lleva a decretar la suspensión de la ejecución de la sentencia, viene registrando significativos precedentes en causas en las que el debate se centra precisamente en determinar si entre las partes medió o no una relación de trabajo subordinada y la sentencia de la instancia anterior admitió la demanda promovida por quien efectuó la “reflexión” (tardía) sobre el carácter laboral del vínculo varios años después de contratar sobre bases no laborales, permaneciendo sin formular objeciones hasta el momento de concluir la relación.

Por su relevancia, nos referiremos a los que se tratan en los numerales que siguen.

6.1 Cairone”. La suspensión del procedimiento de ejecución de la sentencia.

El 22 de mayo de 2012, con el voto de los Dres. Lorenzetti, Maqueda, Fayt y Zaffaroni (y sin registrar disidencia), la Corte Suprema decidió declarar formalmente admisible la Queja interpuesta por la demandada por la denegación del recurso extraordinario interpuesto, y suspender el procedimiento de ejecución del pronunciamiento que la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo había dictado en la causa “Cairone, Mirta Griselda y otros c/Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires – Hospital Italiano s/despido”.

El fallo que se estaba ejecutando contra la entidad médico asistencial ascendía por entonces a poco más de u$s 2.500.000, y se había impuesto por considerar al médico anestesiólogo que motivaba la demanda (promovida por sus herederos, al fallecer el galeno con anterioridad al inicio del pleito) como dependiente de la entidad hospitalaria durante más de 32 años, justificando el despido indirecto en que se colocara el causante por no haber accedido la demandada a registrarlo laboralmente luego de su “reflexión” sobre la naturaleza del vínculo.

La sentencia de Cámara, con base en la presunción del art. 23 de la LCT y declaraciones testimoniales, había admitido la demanda por considerar que la prestación de servicios del médico había sido habitual para el Hospital Italiano; que el anestesiólogo formaba parte del plantel de la accionada y que prestaba servicios en forma personal, en una tarea que era parte del engranaje empresario de la demandada, por lo que decidió que el facultativo había sido en rigor dependiente de la accionada, condenando a esta última al pago del altísimo importe antes indicado, al que se arribaba agregando a las indemnizaciones “comunes” por despido las “multas” por falta de registración laboral; por obligar a promover demanda judicial en procura del cobro de las indemnizaciones, por falta de entrega de certificados de servicios, etc. Exponía también al Hospital al cobro por parte del Organismo Recaudador de aportes y contribuciones de seguridad social no prescriptos.

La Corte Suprema, luego de declarar formalmente admisible la Queja y suspender el procedimiento de ejecución de tal sentencia, dispuso la remisión de la causa a dictamen de la Procuración General, la que se expidió propiciando la revocación de la sentencia. Finalmente, el 19 de febrero de 2015 el Alto Tribunal revocó el fallo laboral.

Es de resaltar que de no haber mediado la oportuna intervención de la Corte Suprema declarando formalmente admisible la Queja (antes de proceder a revocar el fallo de la Cámara de Apelaciones), la entidad médico asistencial demandada hubiera sufrido un perjuicio patrimonial de la magnitud económica indicada en forma irreparable, pues un mínimo de realismo lleva a suponer que la recuperación del importe en ejecución era de muy difícil, sino de imposible, concreción.

6.2 Cairone”. La decisión sobre el fondo del recurso extraordinario.

Al resolver el 19/02/2017 la cuestión de fondo, los jueces Maqueda y Highton de Nolasco remitieron al dictamen de la Procuradora Fiscal, que en apretada síntesis consideró que la Cámara no había dado un tratamiento adecuado a la controversia –si el causante era dependiente o no de la accionada- de acuerdo con las constancias del caso y la normativa aplicable, señalando que dicha exigencia debió imponerse con mayor estrictez en el caso en atención a la trascendencia del resultado económico del fallo.

Se sostuvo que la decisión de segunda instancia se sustentaba en afirmaciones dogmáticas que le daban fundamento sólo aparente; que mediaba ausencia de análisis de las pruebas referidas a la forma en que se establecían los pagos y se fijaba el valor de los honorarios del médico causante, y de la intervención que en el tema tenía la entidad que nuclea a los anestesiólogos (Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación de Buenos Aires – “AAARBA”), que actúa como agente de facturación y cobro de los honorarios, y como agente de retención de conceptos como pago del seguro por mala praxis; retenciones por ingresos brutos, etc., y también negociaba y fijaba los aranceles con las obras sociales y las prepagas.

Por su parte el juez Lorenzetti, en su voto concurrente consideró que el pronunciamiento de la Cámara prescindió de toda regla objetiva de interpretación e incurrió en un claro error en la calificación jurídica del vínculo, al fallar contra la ley aplicable y las costumbres, sin explicar cuál era el criterio para decidir que es “dependiente” aquello que las partes, a través de su consentimiento y lo observado durante varias décadas, entendieron como “autónomo”.

El fallo de la Corte Suprema también consideró que el médico asumía el riesgo de gestión (no cobraba si no realizaban el acto médico, y tampoco si el agente o financiador que cubría la intervención médica –obra social, empresa de medicina prepaga, etc.- no pagaba el servicio).

Expresó también el Alto Cuerpo que las disposiciones del Código de Ética al que se encontraba sujeto el médico marca una situación de autonomía del profesional con relación a la entidad médica en la que actuaba, a lo que se agregaba que las facturas eran emitidas por el médico a nombre de las obras sociales, prepagas o pacientes, siendo la AAARBA quien luego gestionaba el cobro de las mismas.

Destacó la Corte Suprema que la prueba producida en la causa determinó que las prestaciones de los médicos se abonaban sobre la base de aranceles preestablecidos y que el centro médico entregaba un cheque a la AAARBA por todas las prácticas realizadas por todos los médicos, sin pagar directamente al anestesiólogo.

Consideró también el Alto Tribunal que los montos recaudados por el servicio de anestesiología iban a un “pozo” y luego se repartían según un sistema de puntaje, que no era pautado o condicionado por la entidad hospitalaria, sino que fue establecido por los propios médicos, circunstancia que varios años antes (y con otra integración del Alto Cuerpo) había sido especialmente ponderada en la causa “Bertola”[24] para revocar la sentencia laboral que había admitido el reclamo del médico que invocaba haberse desempeñado en relación de dependencia con un hospital de comunidad.

Remarcó la Corte Suprema que el anestesiólogo prestó servicios por 32 años sin manifestar disconformidad con el encuadre jurídico de la relación, lo que recién fue planteado por sus herederos a través de la acción judicial.

Como señala el voto concurrente del Dr. Lorenzetti, la sentencia laboral revocada terminó aplicando la legislación laboral a supuestos de hecho para los que no ha sido prevista, omitiendo analizar el tema a la luz de la normativa relativa a lo que en el anterior Código Civil se denominaba locación de servicios, causando consecuencias jurídicas, económicas y sociales que excedían los casos analizados, y que los magistrados no pueden ignorar, ya que repercuten sobre todo el sistema de contrataciones.

Por todo ello, la Corte Suprema decidió que la Cámara no había dado adecuado tratamiento a la controversia de acuerdo con las constancias del caso y la normativa aplicable, destacando que esa exigencia debió imponerse con mayor estrictez en el caso en atención a la trascendencia del resultado económico del fallo, por lo que revocó la sentencia laboral.

6.3 “Pastore” y “De Aranoa”

La importancia del precedente “Cairone” se aprecia tanto por haber ejercido el Alto Tribunal en esa causa su facultad de dar efecto suspensivo a la Queja (al hacer lugar a ella y decidir en consecuencia intervenir en la apelación extraordinaria, obstando la prosecución del procedimiento de ejecución del fallo de Cámara), como por cuanto a esa intervención previa siguió la revocación del decisorio impugnado, oportunidad en que la Corte Suprema desarrolló ampliamente los fundamentos que lo exhibían como anómalo, irregular, en definitiva arbitrario al resolver la delicada cuestión referida con la existencia o no de relación de dependencia entre las partes.

En la misma fecha de su pronunciamiento en “Cairone” (19/02/2015) y con remisión a las consideraciones y conclusiones expresadas en ese decisivo precedente, la Corte Suprema revocó también el fallo dictado por la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en la causa “Pastore, Adrián c/Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires Hospital Italiano s/despido”, tramitación en la que se había admitido la demanda laboral del médico actor, en la que alegaba haber estado sin debida registración laboral por más de 25 años.

Y también con remisión a las consideraciones y conclusiones expresadas en “Cairone”, el Alto Tribunal revocó en fecha 14/07/2015 el fallo dictado por la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en la causa “De Aranoa, Fernando Eduardo c/Federación de Círculos Católicos de Obreros s/despido”.

De ese modo, –en el período de menos de cinco meses que se extiende entre el 19 de febrero y el 14 de julio de 2015- la Corte Suprema terminó interviniendo y revocando tres sentencias dictadas por sendas Salas de la Cámara del Trabajo que habían admitido las demandas promovidas por médicos o sus herederos, en las que se debatía la existencia o no de relación de dependencia entre las partes, y que habían dado lugar a la imposición de condenas de sorprendente cuantía, por la acumulación de la retahíla de indemnizaciones puestas en juego en temas de esa índole.

En todas esas causas, la Corte Suprema señaló que no se había dado un tratamiento adecuado a la controversia de acuerdo con las constancias del caso y la normativa de aplicación, lo que debió imponerse con mayor estrictez en el caso en atención a la trascendencia del resultado económico del fallo.

Mientras en “Cairone” la ejecución de la sentencia fue suspendida por orden del Alto Tribunal, en “Pastore” y “De Aranoa”medió una suspensión “de hecho”, al haber requerido el Alto Cuerpo la remisión en cada caso del expediente principal, sin que la ejecución de sentencia hubiera continuado desde entonces en esas causas.

6.4 Morón

El 6 de junio de 2017 la Corte Suprema decidió declarar procedente el recurso de Queja y suspender la ejecución del procedimiento de ejecución de sentencia que se estaba llevando a cabo en autos “Morón, José Humberto c/Grupo Asegurador La Segunda y otros s/recurso extraordinario de inconstitucionalidad”.

Ese precedente reviste las siguientes particularidades:

a) La sentencia cuya ejecución se ordena suspender fue dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza.

b) El Alto Cuerpo Provincial había revocado la sentencia dictada por la Séptima Cámara del Trabajo de Mendoza que había rechazado la demanda. Fecho, e invocando la conveniencia de evitar el reenvío de las actuaciones a otro tribunal, la Suprema Corte de Mendoza pasó a fallar directamente el litigio en forma definitiva, haciendo lugar a la demanda.

c) El pleito fue iniciado por un Productor Asesor Organizador, persona física que según la Ley 22.400 se dedica a instruir, dirigir o asesorar a los productores asesores directos que forman parte de una organización. Es decir, que a diferencia de“Cairone”, “Pastore” y “De Aranoa”, no se trata en el caso de un médico anestesiólogo (cuyas particularidades de relacionamiento fueran antes referidas), sino de persona que cuenta con otro tipo de título habilitante para ejercer una actividad.

d) El actor alegó una vinculación con la demandada de 40 años, desde 1971 a 2011, señalando que durante tiempo de tamaña extensión estuvo prestando servicios en relación de dependencia pero sin debida registración laboral. Hasta donde conocemos, la extensión del tiempo durante el que se alega “clandestinizada” la relación es récord en la materia en juicios laborales, y demuestra de por sí a qué extremo y distorsión dio aliento cierta jurisprudencia laboral laxa y anómala como la antes señalada.

e) La Suprema Corte de Mendoza al hacer lugar a la demanda, impuso el pago de las indemnizaciones por despido, las agravadas previstas en la Ley Nacional de Empleo y art. 2 de la Ley 23.523 (atenuándolas en un 50%), con más intereses y costas.

Aunque no ha trascendido el monto por el que se llevaba adelante la ejecución de la sentencia, la inusitada extensión temporal que invocara el demandante (40 años de relación), unido a la magnitud potencial de las “multas” derivadas de las Leyes 24.013 y 25.323 (aunque se las atenuara al 50%), llevan a presumir que la causa “Morón” debe situarse entre las de mayor cuantía en la que se haya debatido la existencia o no de relación de dependencia, lo que también permite inferir que “a los ojos de los ciudadanos” el caso dé lugar a cierto estupor.

La demandada interpuso recurso extraordinario contra la sentencia dictada por la Suprema Corte Provincial, señalando en lo sustancial: a) que se había omitido aplicar la Ley 22.400 (conforme a la cual el cumplimiento de la función de productor asesor de seguros no implica subordinación jurídica o relación de dependencia con la entidad aseguradora); b) que no se había considerado que el actor tenía organización empresaria propia; c) que no medió una prestación de servicios “intuitu personae”; d) que no se probó la relación de dependencia; e) que el decisorio se basó en pruebas secundarias; f) que se había omitido aplicar la teoría de los actos propios; g) que se omitió seguir la jurisprudencia sentada por la Corte Federal en “Cairone”.

El recurso extraordinario fue rechazado por la Suprema Corte de Mendoza, pero en esas circunstancias la Corte Suprema de Justicia de la Nación (con el voto de cuatro ministros, y sin disidencia) decidió que los argumentos expresados por la demandada en el recurso extraordinario y mantenidos en la Queja podrían, prima facie, involucrar cuestiones de orden federal. Por ello, declaró procedente la Queja, y dispuso la suspensión del procedimiento de ejecución.[25]

Dado que la controversia versaba sobre cuestiones de derecho común y de hecho y prueba, la cuestión federal estaría dada en el caso por la existencia de una sentencia arbitraria.

6.5 Pastore” (segunda Queja)

El 19 de setiembre de 2017, sin que se registrara disidencia, la Corte Suprema decidió declarar formalmente admisible la Queja y suspender el procedimiento de ejecución del pronunciamiento que la Sala IX de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo había dictado en los autos “Pastore, Adrián c/Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires – Hospital Italiano s/despido”.

En la causa referida el Alto Cuerpo ya había dictado sentencia el 19/02/2015, oportunidad en la que por las consideraciones y conclusiones expresadas en “Cairone” había revocado la sentencia de la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que había hecho lugar a la demanda promovida por el médico anestesiólogo actor, quien luego de más de 25 años de vincularse con el Hospital Italiano sobre la base de servicios jurídicos autónomos, había “reflexionado” sobre el carácter laboral su relación con la entidad.

Reenviada la causa a la Sala IX de la Cámara, la misma volvió a insistir en que había existido relación de dependencia entre el anestesiólogo y la demandada, señalando que la Corte Suprema había “remitido con laxitud extrema a las pautas expuestas en ‘Cairone’”; que la intervención del Alto Tribunal no puede sustituir a los jueces de la causa; y que el caso “se diferencia diametralmente” del precedente “Cairone”. Interpuesto recurso extraordinario por la demandada, la Sala IX denegó su concesión, ante lo cual la accionada acudió en Queja por ante la Corte Suprema.

En momento en que en los autos principales se estaba por intimar el pago de una liquidación de $ 14.080.000, la Corte Suprema –señalando que los argumentos expresados en el recurso extraordinario y mantenidos en la Queja podrían, prima facie, involucrar cuestiones de orden federal, declaró formalmente admisible el recurso directo, y dispuso la suspensión del procedimiento de ejecución.[26]

7.- Conclusión

La Corte Suprema de Justicia de la Nación está enviando un claro mensaje que pone en evidencia la forma incorrecta en que se vienen resolviendo temas laborales referidos a reclamos promovidos por personas que han tenido larga vinculación con una entidad sobre la base jurídica de servicios autónomos, comerciales, etc., pero que sorpresivamente “reflexionan” que su relación era en rigor laboral subordinada, y ante el desconocimiento de ello pretenden indemnizaciones de cuantía exorbitante.

Lamentablemente, no son pocas las sentencias laborales dictadas en controversias de esa índole que terminan consagrando réditos tan infundados como desproporcionados, que se imponen sin dar adecuado tratamiento a la litis de acuerdo con las constancias de la causa y la normativa aplicable, soslayando analizar detenidamente el contexto en que se desenvolvió la relación y omitiendo atender que es condición de validez de los pronunciamientos jurisdiccionales que sean fundados,[27]exigencia que al decir del Máximo Tribunal no se orienta exclusivamente a contribuir al mantenimiento del prestigio de lamagistratura, sino que procura la exclusión de decisiones irregulares.[28]

Se desatiende asimismo en esos casos que la Corte Suprema ha expresado que la exigencia antes indicada se impone con mayor estrictez atendiendo a la trascendencia del resultado económico del fallo.[29]

Es en el contexto reseñado que viene teniendo lugar la ingente labor del Alto Tribunal en relación al tema, y que se consigna en la reseña efectuada.

De ella surge que desde el año 2015 a lo que va del 2017, la Corte Suprema revocó decisorios dictados por las Salas I, II y VI de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que se pronunciaron decidiendo la existencia de relación de dependencia, pero haciéndolo sobre bases anómalas, irregulares, en definitiva arbitrarias.

Y que en lo que va del año 2017 en curso el Más Alto Tribunal ordenó suspender el procedimiento de ejecución de la sentencia dictada por la Sala IX de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo y por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza, en la que también se había reconocido la existencia de relación laboral subordinada, pero en situaciones en las queprima facie podrían estar involucradas cuestiones de orden federal (es decir, la configuración de sentencia arbitraria).

Se trata, entonces, de una intervención decidida de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que hace una aportación significativa de razonabilidad en un tema tan delicado.


(*) Publicado en la Revista del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, Tomo 77, Número 2, diciembre de 2017

[1] Fallos 338:56 (“Cairone”), criterio reiterado en “Pastore” (del 19/02/2015) y “De Aranoa” (del 14/07/2015).

[2] Cfr. Carrió, Genaro, “El recurso extraordinario por sentencia arbitraria”, pág. 9/10.

[3] Carrió, Genaro, op. cit., pág. 25.

[4] Fallos 296:588; 295:322; 294:430; 291:458; etc.

[5] Cfr. Sagüés, Néstor Pedro, “Derecho Procesal Constitucional – Recurso Extraordinario”, tomo 2, pág. 582; Colombo, Código Procesal, Tomo I, pág. 458.

[6] Cfr. Morello, Augusto M., “Recursos extraordinarios”, pág. 671.

[7] Cfr. Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala III, sentencia del 28/5/93, autos "Frías, Rosario del C. c/Suárez, Ramón", DT 1993-B, pág. 1096.

[8] Cfr. Vázquez Vialard, Antonio, en “Tratado de derecho del trabajo”, dirigido por él mismo, tomo I, págs. 228/229.

[9] La doctrina y la jurisprudencia distinguen tres clases o facetas de “subordinación”: a) La jurídica, que consiste en la posibilidad jurídica del empleador de dar instrucciones u órdenes y la correlativa obligación del trabajador de acatarlas. Es la facultad del empleador de dirigir en el empleo la conducta del trabajador hacia los objetivos de la empresa. El trabajador está sometido a la autoridad del empleador, que cuenta con facultades de dirección, control y poder disciplinario. b) La económica, que implica, por un lado, que el trabajador depende para su propia subsistencia y la de su familia del producto de su esfuerzo, representado por la percepción de la contraprestación dineraria que expresa el salario y, por el otro, que el trabajador no sigue la suerte o los riesgos del empleador, es decir, no participa del alea que existe en la actividad de que se trate. c) La técnica: El trabajador somete su trabajo a los pareceres y objetivos señalados por el empleador. Pone a disposición del dador de empleo su conocimiento, idoneidad y habilidad, pero debe someter el modo de realización de la tarea a las instrucciones que reciba del empleador, utilizando para tal cometido todo el bagaje de la experiencia y conocimientos que le sean propios (cfr. Grisolía, Julio Armando, “Derecho del trabajo y la seguridad social”, pág. 6; Demichelis, “Evolución del concepto de subordinación”, en Revista “Trabajo y Seguridad Social” año 1982, pág. 385; Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Jujuy, sentencia del 29/12/1998, autos “Argañaraz, Eduardo R. c/ Centro Vecinal Social, Deportivo y Cultural San Francisco de Álava y otro”, LLNOA, 2000-503 - DT 1999-B, 2599).

[10] Cfr. Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala VI, sentencia del 31/07/1987, “Macchi, Marcelo G. c/Institutos Médicos S.A. y otro”; TySS 1987, pág. 917; ídem, Sala I, 20/03/1989, “Clur, Luis c/Estado Nacional, Secretaría de Información Pública de la Presidencia de la Nación”, TySS 1990, pág. 329.

[11] Desde esa óptica, se señala que “lo que define la posición del sujeto trabajador es su condición de medio (personal) de una organización empresaria ajena, y por ello –en situaciones dudosas, como podría ser la de los médicos- se refiere que “es menester ubicar dónde se encuentra la organización empresaria, quién es su titular (esto es quién corre con los riesgos de la explotación y se apropia originariamente de los frutos de la actividad), y cuál es el rol que el sedicente trabajador desempeña en el proceso productivo” (cfr. Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala VI, sentencia del 31/07/1987, “Macchi, Marcelo G. c/Institutos Médicos S.A. y otro”; TySS 1987, pág. 917). Para esa corriente de pensamiento se atiende –como elemento gravitante para decidir, por ejemplo, sobre la naturaleza laboral del vínculo entre un médico y un centro asistencial- que la persona física se incorpora a una empresa que no organizó ni dirige, renunciando al ejercicio independiente de su profesión, pues se inserta en el cumplimiento de los fines empresariales, y que los frutos de su trabajo le serán ajenos en tanto no dependen ya de su voluntad, ni de su relación con sus pacientes sino que serán fijados por el empresario, quien recibe la prestación, administra su producido y también asume los riesgos (cfr. Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala III, 11/10/2007, “Villalba, Lidia Inés c/Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires”, La Ley Online.). También se suele considerar que la persona física realiza tareas por cuenta y en interés de la empresa, en forma permanente, dentro del horario previsto y ajustado a los requisitos de la explotación (cfr. Tribunal del Trabajo Nro. 3 de Morón, 5/7/77, “López, Armando y otros c/Coca Cola S.A.”, Carpetas DT, 674).

[12] Cfr. Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala X, 30/06/1998, “Sosa González, Dora N. c/Pami”, DT 1999-A, pág. 88; ídem,10/3/97, “Borghello, Roberto c/ Pami”; ídem, 30/8/96, “Britos, Lidia c/ Conindar San Luis S.A.”; ídem, 31/3/97, “Pereira, Carlos c/ Sempere S.A.y otro”; etc.).

[13] Cfr. Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala VII, 30/09/2013, “Rica, Carlos Martín c/Hospital Alemán y otros s/despido”. Cabe señalar que este decisorio fue recurrido por la parte demandada, encontrándose el tema a conocimiento y resolución de la Corte Suprema, que al afecto requirió la remisión del expediente principal.

[14] Fallos 338:56 (“Cairone”), criterio reiterado por el Alto Tribunal en “Pastore” (del 19/02/2015) y “De Aranoa” (del 14/07/2015).

[15] Cfr. López, Centeno y Fernández Madrid, “Ley de contrato de trabajo comentada”, tomo I, pág. 194; Vázquez Vialard, Antonio, “La presunción del art. 23 de la LCT”, TySS 1980, pág. 507.

[16] Cfr. Rodríguez Mancini, Jorge, “De nuevo sobre la subordinación y la interpretación del art. 23 de la LCT”, DT 2015-A, pág. 977.

[17] Fallos 312:1831, sentencia del 26/09/1989, autos “Giménez, Carlos Alberto c/Seven Up Concesiones S.A.I.C y otra”.

[18] Fallos 323:2314, sentencia del 29/08/2000, autos “Amerise, Antonio Ángel c/Obra Social de la Actividad de Seguros, Reaseguros, Capitalización y Ahorro y Préstamo para la Vivienda”.

[19] Tal lo ocurrido con la sentencia dictada el 17/05/2011 por la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en autos “Cairone, Mirta Griselda y otros c/Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires – Hospital Italiano s/despido”. No pudo sorprender, por ello, que la Corte Suprema –al intervenir en los autos respectivos y revocar el 19/02/2015 la sentencia de Cámara- haya señalado que la anterior instancia no dio adecuado tratamiento a la controversia, y que “dicha exigencia debió imponerse con mayor estrictez en el sub lite, atendiendo a la trascendencia del resultado económico del fallo”.

[20] Fallos 338:56 y 326:3046.

[21] Cfr. Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala VII, 30/09/2013, “Rica, Carlos Martín c/Hospital Alemán y otros s/despido”. Como indicáramos, esta causa se encuentra a resolución de la Corte Suprema, la que al efecto requirió la remisión del expediente principal.

[22] Cfr. Gómez Zavaglia, Tristán, “El recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, Id SAIJ: DACF110127

[23] Cfr. Fallos 308:249; 317:1447; 323:813; 327:516; etc.

[24] Fallos 326:3043, sentencia del 26/08/2003, autos “Bertola, Rodolfo Pablo c/Hospital Británico de Buenos Aires”.

[25] Al momento de redactarse este informe no media pronunciamiento de la Corte Suprema sobre el fondo del recurso.

[26] Al momento de redactarse este informe no media al presente pronunciamiento del Alto Tribunal sobre el fondo del recurso extraordinario.

[27] Fallos 318:189; 319:2264.

[28] Fallos 236:27; 319:2264.

[29] Fallos 338:56.

Citar: elDial.com - DC2495

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